Mientras que Mauricio Macri está promoviendo Argentina a nivel internacional, con su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada, la situación interna para llevar a cabo su agenda de reformas económicas y combatir la inflación se ve cada vez más complicada.
“El país dejó atrás su experimento populista y logró un consenso político en torno a una agenda de reformas”, aseguró la autoridad a los líderes mundiales en Suiza. También destacó que el país entró en “una nueva fase” con una economía “reorganizada” por su gobierno. Pero el ambiente para la aprobación de los cambios este año se ve difícil, a medida que la popularidad de Macri cae y los sindicatos y la oposición endurecen su ofensiva contra la Casa Rosada.
El índice de precios cerró 2017 con 25%, por encima de la meta de 17%, y en diciembre el gobierno elevó el objetivo para este año de 10% a 15%, mientras que el Fondo Monetario Internacional espera que suba 16,8% y el mercado apunta a 18,6%.
Al presentar la semana pasada su pronóstico para América Latina –en el cual espera que Argentina crezca 2,8% en 2017 y 2,5% este año y se expanda 2,8% en 2019-, el FMI señaló que el tema clave para lograr la meta de inflación será la “moderación salarial”. Según Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental de la entidad, “un hito importante serán las negociaciones salariales de los próximos meses, para determinar la viabilidad del objetivo de inflación”.
Agenda complicada
Macri ha aprovechado la abrumadora victoria electoral de su bloque Cambiemos en las elecciones legislativas de octubre para avanzar con su agenda de reformas, elevando las tarifas a los servicios básicos –medida anunciada con anticipación- y rebajando impuestos corporativos, de 35% a 25% en dos años.
Sin embargo, otro proyecto, aprobado en diciembre en medio de masivas protestas y violencia, está complicando el panorama del Ejecutivo para este año. La reforma de pensiones, que cambió el cálculo de ajuste de jubilaciones, marcó un quiebre del gobierno con la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato del país, que anunció una guerra a la Casa Rosada.
La colectividad acusó a Macri de “hacer perder el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios, condonar y blanquear las deudas de los evasores, llenar las góndolas argentinas con productos extranjeros que conspiran contra el trabajo de los argentinos y hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”.
Con eso, otro proyecto clave –el laboral-, que inicialmente recibió el apoyo de la CGT, quedó en el aire: el Ejecutivo postergó su presentación hasta abril y accedió dividirlo para facilitar la aprobación. El primer “paquete”, que busca reducir la informalidad laboral y extender las licencias por paternidad, podría ser el único que lograría aprobación en el Legislativo, advirtieron la semana pasada los expertos de Eurasia.
Con eso, Macri decidió actuar unilateralmente. La semana pasada, causó la ira de la oposición con el decreto presidencial que derogó 19 leyes y modificó otros 140 para reducir la burocracia y simplificar los trámites para las empresas. “Estamos cambiando regulaciones que le simplifican la vida a los argentinos. Esperamos que el peronismo ´racional´ entienda este espíritu”, comentó Pedro Inchauspe, jefe de la Secretaría de Simplificación Productiva.
Aumento salarial
Con los enfrentamientos en curso, los sindicatos no han hecho nada fácil al gobierno las negociaciones para moderar el aumento salarial. La propuesta del Ejecutivo de limitarlo a 15% fue recibida con un rechazo definitivo.
En un comunicado, la CGT exigió negociaciones “libres y sin topes” y se comprometió a “apoyar y acompañar activamente a las organizaciones que se declaren en conflicto”. El secretario general del sindicato de trabajadores de la educación (Suteba), Roberto Baradel, consideró la oferta “irrisoria” y “un ensañamiento con los trabajadores”. “Seríamos estúpidos si aceptamos semejante porcentaje”, indicó, por su parte, Juan Carlos Schmid, líder del gremio de Dragado y Balizamiento.
“Va a ser un año duro, va a venir con malas noticias, y la negociación va a ser compleja”, comentó a El Cronista el sociólogo Marcos Novaro.
Las relaciones con los sindicatos pueden costar caro al gobierno también a largo plazo. “Más allá de que la gente tiene mala opinión de ellos y respalda al gobierno en el corto plazo, en el mediano y largo puede ser señal de ingobernabilidad”, alertó al mismo medio Mariel Fornoni, directora de Management & Fit.
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