Por Ignacio Gallegos f.
El retorno de Brasil a la senda del crecimiento económico -tras una ya inevitable recesión en 2016 y una contracción de 3,8% en 2015- dependerá de la habilidad del nuevo gobierno de implementar las reformas que ha comprometido. Esa batalla comienza hoy, cuando el presidente interino, Michel Temer, envíe al Congreso su propuesta para un nueva meta de déficit fiscal para 2016. Continuará durante los meses siguientes, cuando el Palacio de Planalto defina sus posturas sobre el necesario ajuste fiscal.
Para sacar adelante sus proyectos, Temer necesita una base sólida de apoyo en la Cámara de Diputados, donde, a mediados de abril, 367 de los 513 diputados votaron por someter a la presidenta Dilma Rousseff a un proceso de impugnación y, con ello, dejar el gobierno brasileño en manos del vicepresidente.
Un reporte de Eurasia apunta a que la base de apoyo del presidente interino en el Congreso sobrepasa los 380 diputados y 60 senadores. “La mayoría con la que cuenta Temer en la cámara baja y el Senado fácilmente sobrepasa el límite necesario para aprobar una reforma constitucional, que es de 60% de los miembros de cada cámara”, lee el reporte.
El diputado André Moura –quien tomará el liderazgo del oficialismo en la cámara, luego de que el antiguo líder, Leonardo Picciani, fuera nombrado ministro de Deportes– calcula que el respaldo a Temer es aún mayor: según él, 407 diputados de 13 partidos apoyan al mandatario interino.
Edad de retiro
“El tema de las pensiones es, en términos de números, el principal problema que tenemos que enfrentar para hacer un ajuste fiscal”, dijo la semana pasada el ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha.
Con ello, la autoridad confirmó lo que el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, había adelantado: una reforma al sistema previsional que ya ha generado roces entre el mundo político y el sindical.
El punto central de divergencia entre Meirelles y los líderes sindicales está en la edad mínima de retiro: mientras él ha hablado de fijar los 65 años para hombres y mujeres, los representantes de los trabajadores dicen que el punto es innecesario.
“Es una cuestión secundaria”, dijo el director Financiero de la Central de Sindicatos Brasileños (CSB), Juvenal Pedro Cim, citado por el diario Valor.
Esta semana, las centrales de trabajadores –a excepción de la CUT y otras cercanas al PT, de Dilma Rousseff– entregarán propuestas sobre el tema.
El déficit del sistema previsional llegó, el año pasado, a 85.800 millones de reales, unos US$ 24 mil millones. “Las renuncias fiscales son un problema, la cuestión de los trabajadores rurales también tiene que ser discutida, así como el pago de los tributos que tienen que ser cobrados”, señaló a Valor Marcelo de Siqueira, asesor de la Casa Civil.
Por su parte, el economista jefe de Icatu Vanguarda Administracao de Recursos, Rodrigo Melo, dijo a Bloomberg que “las acciones brasileñas podrían subir si el gobierno cambia el régimen de pensiones y el Congreso no hace cambios significativos al proyecto”.
Ajuste fiscal
De acuerdo con reportes de Bloomberg, ante el grave déficit fiscal, el nuevo gobierno evalúa vender activos estatales para reactivar las cuentas públicas y aumentar la eficiencia de las empresas del Estado.
Entre los prospectos de venta estaría la participación pública en la eléctrica Furnas Centrais Eléctricas y BR Distribuidora, división de Petrobras.
El gabinete de Temer también prioriza las conversaciones para renegociar la deuda de los estados antes de que la Suprema Corte dicte sentencia sobre la forma en que los gobiernos locales deberán pagar interés al gobierno federal.
Todo ello, ante una economía que, según el propio Meirelles, está en peor estado de lo que él mismo previó antes de asumir el cargo. “Las cifras indican que la situación es peor de lo que estimaba”, señaló en una entrevista. “Sin duda, la gente espera resultados”, sentenció.
El juicio político a rousseff
Impugnación. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se encuentra suspendida desde el 12 de mayo, luego de que el Senado Federal decidiera iniciar un juicio político en su contra por, presuntamente, violar la Ley de Responsabilidad Fiscal y esconder el déficit.
Mañana. El relator de la Comisión Especial de Impeachment, Antonio Anastasia, presentará el plan de trabajo de la instancia. Según fuentes del Senado, se incluiría un calendario del juicio político a partir de entonces.
Procedimientos. El trabajo seguirá estando concentrado en la comisión especial que preside Raimundo Lira (del PMDB, partido del presidente interino Michel Temer), que será la encargada de liderar la producción de pruebas, realizar audiencias testimoniales, diligencias y debates entre los acusadores y la defensa de Rousseff.
Plazos. La suspensión de las funciones de Dilma Rousseff tiene una duración máxima de 180 días, según la Constitución brasileña. Sin embargo, el proceso de juicio político no tiene un plazo definido. La mandataria podría ser destituida antes de seis meses.
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