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Publicado: Miércoles 18 de abril de 2018 a las 04:00 hrs.
La cadena estadounidense Starbucks anunció ayer drásticas medidas para hacer frente a los cuestionamientos y acusaciones de racismo que enfrenta, luego del arresto de dos ciudadanos de raza negra en una de sus tiendas en Philadelphia, Estados Unidos.
La compañía informó que sus 8 mil locales en el país cerrarán el 29 de mayo, como también lo harán sus oficinas administrativas, para realizar una jornada en que analizará las políticas de capacitación de sus 175 mil trabajadores, en un intento por prevenir las actitudes de discriminación en sus recintos.
El anuncio responde a las críticas que ha enfrentado la compañía luego del incidente. Y es que el lunes, los sujetos fueron apresados bajo el cargo de traspaso de propiedad privada, cuando usaron el baño de la tienda antes de comprar un producto.
Según medios locales, los involucrados estaban esperando a un amigo antes de presentar su orden, pero el gerente del local decidió llamar a la policía.
La empresa también informó que su director ejecutivo, Kevin Johnson, se reunió personalmente con las personas afectadas y les ofreció sus disculpas. En conversación con el canal estadounidense ABC, el ejecutivo señaló que la actitud del equipo en la tienda en cuestión fue “reprochable”.
“Cerrar nuestras tiendas para un entrenamiento de sesgo racial es sólo un paso en un viaje que requiere dedicación de parte de cada nivel de nuestra empresa, así como la creación de sociedades en nuestras comunidades locales”, manifestó Johnson.
Estudio sostiene que solo once de las 34 comunas del Gran Santiago tienen aprobado su PIIMEP, a pesar de que -se afirma- ya están recaudando recursos por esta vía desde 2021.
En total, se trataría de 1.910.610 consultas y 312.628 cirugías en todo el país, que podrían realizarse si se usa la totalidad de la capacidad de los prestadores privados y aplicando criterios de movilidad de pacientes y recursos médicos.
El Consejo de Corfo define qué proyectos de investigación y desarrollo se financian con el dinero de los contratos de arriendo del Salar de Atacama. Hasta ahora, ambas compañías han entregado unos US$ 200 millones.
La medición también constató que el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo.