Las importaciones de cobre desde Chile, mayor proveedor del metal a Estados Unidos, no amenazan sus intereses de seguridad, dijo el gobierno en una carta a la administración del presidente Donald Trump, que sopesa imponer aranceles al metal clave para vehículos eléctricos y otros usos industriales.
Trump ordenó en febrero una investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la misma ley que utilizó en su primer mandato para imponer aranceles globales del 25% al acero y al aluminio.
El gobierno chileno expresó su postura en una carta al Departamento de Comercio estadounidense fechada el 31 de marzo, que ahora está disponible en un sitio de internet federal estadounidense.
"Las importaciones de cobre de Chile contribuyen a la seguridad de la cadena de suministro de Estados Unidos y no representan ningún riesgo para sus intereses de seguridad nacional", escribió el embajador en Washington, Juan Gabriel Valdés.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha detallado hallazgos del análisis, que busca frenar la influencia de China en el mercado mundial del cobre. Los estudios de la Sección 232 deben completarse en un plazo de 270 días desde su inicio.
Chile es el mayor productor mundial y representa aproximadamente una cuarta parte del suministro global de cobre. La mayoría de sus envíos van a China y sus exportaciones a Estados Unidos están amparadas por un tratado de libre comercio vigente desde 2004.
La Cámara de Comercio Chile-Estados Unidos (AmCham) coincidió en que las importaciones chilenas de cobre aportan seguridad y beneficios económicos a Estados Unidos, y que los aranceles podrían terminar beneficiando a China.
"El campo de juego está nivelado y los aranceles al cobre chileno solo servirían para hacer que las exportaciones de cobre de Chile sean más atractivas para China, debilitando en última instancia los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos", dijo Paula Estévez, jefa del organismo, en una carta también disponible en el sitio web federal.