Luego de siete meses de conversaciones, el gobierno de Ecuador alcanzó un acuerdo por US$ 330 millones con los dos principales operadores de telefonía del país para desarrollar servicios de datos móviles de alta velocidad de cuarta generación (4G) en Ecuador.
Claro (la subsidiaria local de la mexicana América Móvil) pagará US$ 180 millones para acceder al Espectro de Evolución de Largo Plazo (LTE, su sigla en inglés) de 60 MHz, mientras que Movistar (de la española Telefónica) pagará US$ 150 millones por 50 MHz.
En ambos casos la concesión se extiende por un período de ocho años, hasta 2023.
El ancho de banda adicional también será usado para mejorar los servicios de tercera generación (3G) existentes, que han empezado a colapsar por la alta demanda.
Los dos operadores también se comprometieron a proporcionar cobertura móvil en 1.000 kilómetros de carreteras en el país.
Cuotas de mercado
Hasta hoy, los servicios 4G en el país han sido suministrados sobre una base limitada por el operador estatal, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Con Claro y Movistar preparándose para lanzar la tecnología 4G en cuestión de meses, el gobierno ha señalado que terminará con su política de restringir la importación de teléfonos inteligentes.
De acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones, hay cerca de 17,4 millones de suscripciones móviles en el país.
Claro tiene una participación de mercado de 67,1% (incluyendo llamadas de voz y uso de datos móviles), seguido por Movistar, con un 28,6%, y CNT, con sólo 3%, que a pesar de haber ejercido un monopolio efectivo durante 18 meses del servicio LTE, no ha logrado arrebatar el dominio de mercado a los operadores Claro y Movistar.
Buen negocio
Ahora los servicios de línea fija pueden enfrentar una reorganización. Los operadores, incluyendo a CNT, podrían perder participación de mercado a menos que mejoren sus servicios para ofrecer velocidades más rápidas.
El ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín Tobar, dijo que el acuerdo fue positivo para el Estado ecuatoriano.
El gobierno, que el año pasado advirtió a los operadores telefónicos por sus ganancias "excesivas", fue claro en expresar que quería precios altos para el espectro 4G.
Los US$ 330 millones llegan en un período crítico para las arcas del Estado, que están bajo presión por la brusca caída en las ganancias por las exportaciones petroleras este año.
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