Las elecciones regionales del 5 de octubre, en Perú, ratificaron la creciente impopularidad del presidente Ollanta Humala y el avance de los partidos anti gobierno. Esto reforzó las recientes tendencias en las regiones, donde el apoyo se ha alejado de líneas partidistas claras hacia una proliferación de pequeños partidos, con frecuencia de base regional. De hecho, los partidos nacionales ganaron presidencias en sólo dos de las 25 regiones, uno de los peores desempeños en décadas.
El caso más prominente de un combativo líder local es el de Gregorio Santos, el presidente de Cajamarca, que obtuvo atención nacional por su postura anti gobierno y fuerte apoyo de grupos locales en protesta contra proyectos extractivos en su región. Pese a su arresto por cargos de corrupción en junio, fue reelegido, indicando que su posición anti gobierno pesó más en los electores que cualquier preocupación sobre la corrupción.
Débil presencia
Aunque casos como el de Santos han acaparado los titulares, la proliferación de los pequeños partidos también se está produciendo en el corazón de la producción de coca, particularmente alrededor del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). La relación entre el gobierno central y los residentes de VRAEM se está volviendo crecientemente fragmentada. Debido a que es una región remota y de difícil acceso, el Estado ha tenido siempre problemas para establecer una presencia fuerte, y los remanentes de Sendero Luminoso conservan una influencia baja aunque continua en el área. Las fuerzas de seguridad realizan frecuentes operaciones, pero los insurgentes siguen reclutando fuerzas en la región.
Esta dinámica ha sido complicada por la creciente importancia de VRAEM en el tráfico de drogas. A medida que la ofensiva de una década en Colombia pone presión a los grupos de narcotraficantes en ese país, la producción está aumentando en Perú, que ahora se ha convertido en el mayor exportador mundial de cocaína. El crecimiento del comercio de cocaína de Perú ha beneficiado a muchos de los agricultores del área, que han visto que la coca es mucho más rentable que otros cultivos promovidos por el gobierno. En parte por esta razón, los esfuerzos del gobierno para erradicar las plantaciones han fracasado.
Posición complicada
La situación en el VRAEM ha dejado al gobierno afrontando un dilema: para mantener su reputación como una economía amigable con las empresas y de buenas relaciones con EEUU, debe combatir el comercio ilegal de coca. Sin embargo, esta política es impopular en el VRAEM y alimenta el desarrollo de grandes núcleos de oposición. El resultado final ha sido un acercamiento mixto. Primero, la administración Humala promovió un gran programa de erradicación, estableciendo la ambiciosa meta de eliminar 30.000 hectáreas en 2014, desde las 23.785 de 2013. Pero, esta política fue abruptamente cancelada a comienzos de 2014, y el gobierno anunció que se enfocaría, en cambio, en la promoción de otros cultivos.
Si este giro buscaba recuperar apoyo, entonces fracasó. Ninguna de las cinco regiones que integran el VRAEM (Junín, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica) eligió a un presidente de un partido nacional y el gobernante Partido Nacionalista Peruano ni siquiera presentó un candidato. En cambio, partidos locales, como Alianza Renace Ayacucho, han visto grandes avances, al igual que muchos otros partidos pequeños, de los cuales la mayoría no existía cuando se desarrollaron las anteriores elecciones regionales, y que parecen haber sido creados exclusivamente como vehículos para estos comicios.
Los partidos regionales históricamente han fracasado en tener un gran impacto en las políticas a nivel nacional, y la aparición de movimientos locales podría sentar las bases para un diálogo constructivo con el gobierno nacional respecto de las políticas hacia las áreas de cultivo de coca o cualquier otro tema local. Sin embargo, existe un significativo riesgo de que no se produzca este diálogo. El principal riesgo para el gobierno es que los traficantes infiltren los movimientos anti gubernamentales, particularmente a través del financiamiento ilegal. Como Perú carece de una regulación rigurosa en materia de información financiera de las autoridades electas, existen muy pocas herramientas para verificar los antecedentes de los nuevos partidos o autoridades electos.
Más aún, con Sendero Luminoso intentando reagruparse en el área, los insurgentes podrían tener una oportunidad para infiltrar los nuevos movimientos políticos, particularmente en esas áreas donde proporcionan protección a los traficantes. Esto no sólo creará mayores obstáculos a la implementación de las políticas sino que también arriesga crear grandes problemas de seguridad.
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