Por Benedict Mander, Buenos Aires
En el corazón de Buenos Aires, es difícil caminar más de 20 pasos sin ser abordado por vendedores ambulantes que compran y venden dólares. Los clientes interesados son llevados a una inadvertida oficina en un edificio cercano.
“Son llamadas ‘cuevas’, porque supuestamente son secretas. Por supuesto todos saben que están ahí”, dijo un vendedor que se hace llamar Raúl. “¿Ilegal? ¡Por supuesto que lo son! Pero no se preocupe, la policía está comprada, no le pasará nada”.
El próspero mercado negro de divisas en la Calle Florida en la capital de Argentina es resultado de estrictos controles cambiarios introducidos en 2011 para cortar la huida de capitales. En las “cuevas”, los dólares pueden ser vendidos por casi el doble de la tasa oficial de 5,7 pesos argentinos.
La moneda artificialmente sobrevaluada de Argentina es uno de una serie de problemas económicos que enfrenta la presidenta Cristina Fernández. Otros incluyen una inflación obstinadamente alta, subsidios estatales que están minando los recursos, y un pésimo clima de negocios que ha visto a la inversión casi secarse.
“Tenemos una economía que se ha vuelto disfuncional”, expresó Miguel Kiguel, economista y antiguo funcionario de gobierno, que identifica la moneda sobrevaluada como una de las raíces del problema, porque socava la competitividad de la economía.
Durante el segundo mandato de Fernández como presidenta, los superávit en las cuentas corrientes y de capital se han reducido a dobles déficits. Esto es especialmente malo para un país que tiene un estatus proscrito en los mercados internacionales de capital y no puede buscar financiamiento en el extranjero.
El problema sólo se agudizará si Argentina cae en un incumplimiento técnico, que algunos observadores creen es prácticamente inevitable después de que un tribunal de apelación estadounidense falló a favor de los acreedores que reclamaban que el gobierno pagara los US$ 1.300 millones que les debe en su totalidad, en el último capítulo de una saga de larga duración que comenzó cuando Argentina no cumplió con el pago de sus deudas de casi $100 mil millones en 2001.
La posibilidad de que Argentina no cumpla con el pago por segunda vez sólo se incrementó cuando Fernández propuso un nuevo intercambio de deuda, que el Congreso aprobará esta semana, ya que si los planes son implementados en su totalidad los observadores dicen que pondrían a Argentina en desacato al tribunal.
El gobierno está haciendo lo máximo por evitar la hora de la verdad, cuando la Corte Suprema de EEUU emita un fallo definitivo sobre el caso –algo que quizás no haga hasta el año que viene–, pero algunos cuestionan si otro incumplimiento en realidad va a cambiar lo que es ya una mala situación.
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