El 1 de septiembre de 2024 comenzó a regir un aspecto particularmente relevante de la nueva Ley de Delitos Económicos: la responsabilidad penal de la persona jurídica. A casi un año de su entrada en vigor, resulta clave conocer cómo se han adaptado las empresas a este nuevo ordenamiento legal. Desde las más grandes hasta las más pequeñas han debido introducir cambios en su funcionamiento, implementando y adecuando manuales de cumplimiento con el fin de impedir la comisión de delitos o, idealmente, prevenir que estos ocurran.
En este artículo recogemos lo que han hecho cuatro compañías de distintos rubros para enfrentar la normativa, a través de la visión de sus gerentes legales y de cumplimiento.
Walmart Chile: La experiencia de un pionero en programas de cumplimiento
Para esta multinacional no significó una “gran disrupción” la implementación de la nueva ley, ya que –según explica la gerenta Legal, Ximena Santibáñez- “hemos trabajado fuertemente en implementar un programa de cumplimiento robusto desde hace más de 12 años, a partir de las exigencias de la normativa de nuestra casa matriz”. Por lo que, partió hace mucho adecuando su estructura, definiendo roles y responsabilidades; ajustando incentivos, definiendo políticas y procedimientos; implementando tecnología y, “sobre todo, fortaleciendo la cultura de compliance a todo nivel”.
En medio de este proceso, “nunca” han detectado la comisión de alguno de los delitos relacionados con la normativa vigente hace un año. En este contexto, a lo menos trimestralmente las vicepresidencias y el CEO de la compañía son actualizados respecto del programa de cumplimiento. Por su parte, los directores –dice la profesional- dan ideas para mejorar el sistema, porque lo entienden como parte de sus responsabilidades y de su rol.
Además, entre las principales inquietudes de los directores figura el asegurarse que la cultura de cumplimiento llegue a todo nivel de la empresa, porque “como el tercer empleador de Chile, nuestro compromiso con esta cultura y comportamiento puede generar un impacto positivo real en el país”.
Teck Latam: “La revisión continua forma parte esencial de nuestra cultura”
El gigante minero de origen canadiense, cuenta con un programa de compliance que incluye manuales, protocolos y procedimientos específicos; y que, según la gerenta de Compliance, Vjera Razmilić, “no sólo cumple con la normativa vigente, sino que además se inspira en buenas prácticas internacionales”. Por otro lado, explica que desde la puesta en marcha de la ley han “revisado y ajustado el programa de manera periódica”, lo que les permite “garantizar” que están considerando siempre nuevos riesgos y necesidades locales.
“La revisión continua forma parte esencial de nuestra cultura corporativa”, enfatiza la gerenta. Sin embargo, la profesional admite que la mayor complejidad de este proceso “ha sido la amplitud de la ley”, ya que la mayor cantidad de delitos tipificados que pueden generar responsabilidad penal “exige una mirada transversal y estratégica de nuestros controles” y “un esfuerzo cultural profundo para fortalecer la conciencia organizacional”. Por lo que para hacer frente a esta normativa, la empresa actualizó matrices, manuales, protocolos y controles; fortaleció el equipo de compliance y el proceso de capacitación fue desde contratistas y trabajadores hasta la alta dirección y directorio.
Razmilić es enfática en que la actualización del Manual de Prevención de Delitos ha permitido identificar preventivamente señales de alertas tempranas y oportunidades de mejora en proceso, lo que confirma que el sistema funciona de manera preventiva y efectiva”. Para la gerenta, el principal aprendizaje es que el compliance no es un checklist legal, sino una manera de hacer negocios y de ser compañía”.
SQM Litio y el énfasis en el fortalecimiento de las áreas de control interno
En el caso de SQM Litio se implementó un Programa de Cumplimiento que abarca distintas actividades y documentos, entre los que cuenta con un Modelo de Prevención del Delito, que ha ido adaptando para responder a los desafíos que obliga la ley y cuya última versión corresponde a este año. “El mayor desafío está en mantener vivo y vigente un tema que cada día cobra mayor relevancia a nivel nacional e internacional”, señala el gerente de Ética y Compliance, Alberto Llona.
Por lo que han fortalecido la gestión de las áreas de control interno de la compañía, con especial foco en Compliance, Riesgos y Auditoría; incentivado la capacitación constante y la especialización de sus equipos; y se ha reforzado el trabajo con las áreas más expuestas a la comisión de alguno de los delitos comprendidos en la ley, aunque hasta ahora no han detectado ninguno, aclara el profesional.
Por otro lado, explica que se le reporta al directorio trimestralmente y que las principales preocupaciones de sus integrantes son, principalmente, la cobertura del programa, las actividades de capacitación y comunicación que se han realizado; el funcionamiento y operatividad del canal de denuncias y la gestión de las “terceras partes”, lo cual abarca gran parte de las actividades del programa, subraya Llona.
AFP Capital buscó una evaluación independiente previa a la vigencia de la ley
“En AFP Capital quisimos anticiparnos y sometimos nuestro Modelo de Prevención de Delitos a la evaluación de un tercero independiente antes de la entrada en vigencia de la ley, entregando así certezas a nuestro directorio sobre la correcta identificación de riesgos y las medidas para mitigarlos”, comenta el vicepresidente legal, regulatorio y compliance, César Soto.
De ahí que se explaye en que, probablemente, una de las mayores complejidades para empresa en el proceso de actualización y adecuación de su Modelo de Prevención de Delitos, fue una de las grandes novedades de la ley: la eventual responsabilidad penal por acciones que realicen terceros. El profesional hace hincapié en que el modelo de AFP Capital “ha funcionado, precisamente, como una herramienta preventiva, que permite detectar riesgos antes de que se materialicen y reforzar los controles oportunamente”. Y agrega que los directores, junto con los altos directivos, son los que han impulsado la correcta implementación de la ley y conocen los riesgos que conlleva la responsabilidad penal tanto para ellos como para la compañía.
Además, los directores dan ideas y se cuestionan permanentemente la existencia de nuevos riesgos relacionados con la ley y sus posibles impactos, enfatiza Soto, porque entienden que es central cumplir con su rol fiduciario, velando por el interés de los afiliados y pensionados, añade el profesional. Y explica que en la compañía existe un Comité de Cumplimiento que tiene el rango de Comité de Directorio, que sesiona cada dos meses.
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