El 1 de septiembre de 2024 comenzó a regir un aspecto particularmente relevante de la nueva Ley de Delitos Económicos: la responsabilidad penal de la persona jurídica. A casi un año de su entrada en vigor, resulta clave conocer cómo se han adaptado las empresas a este nuevo ordenamiento legal. Desde las más grandes hasta las más pequeñas han debido introducir cambios en su funcionamiento, implementando y adecuando manuales de cumplimiento con el fin de impedir la comisión de delitos o, idealmente, prevenir que estos ocurran.
En este artículo recogemos lo que han hecho cuatro compañías de distintos rubros para enfrentar la normativa, a través de la visión de sus gerentes legales y de cumplimiento.
Walmart Chile: La experiencia de un pionero en programas de cumplimiento
Para esta multinacional no significó una “gran disrupción” la implementación de la nueva ley, ya que, según explica la gerenta Legal, Ximena Santibáñez, “hemos trabajado fuertemente en implementar un programa de cumplimiento robusto desde hace más de 12 años, a partir de las exigencias de la normativa de nuestra casa matriz”. Por lo que, partió hace mucho adecuando su estructura, definiendo roles y responsabilidades; ajustando incentivos, definiendo políticas y procedimientos; implementando tecnología y, sobre todo, “fortaleciendo la cultura de compliance a todo nivel”. En medio de este proceso, “nunca” han detectado la comisión de alguno de los delitos relacionados con la normativa vigente hace un año. En este contexto, al menos de forma trimestral las vicepresidencias y el CEO de la compañía son actualizados respecto del programa de cumplimiento.
Teck Latam: “La revisión continua forma parte esencial de nuestra cultura”
El gigante minero de origen canadiense cuenta con un programa de compliance que incorpora manuales, protocolos y procedimientos específicos y que, según la gerenta de compliance, Vjera Razmilić, “no solo cumple con la normativa vigente, sino que además se inspira en buenas prácticas internacionales”. La ejecutiva detalla que, desde la puesta en marcha de la Ley de Delitos Económicos, han “revisado y ajustado el programa de manera periódica”, lo que les permite “garantizar” que se consideren siempre nuevos riesgos y necesidades locales. “La revisión continua forma parte esencial de nuestra cultura corporativa”, enfatiza.
No obstante, Razmilić reconoce que la mayor complejidad ha estado en la amplitud de la normativa. Explica que la creciente cantidad de delitos tipificados que pueden generar responsabilidad penal “exige una mirada transversal y estratégica de nuestros controles”.
SQM Litio y el énfasis en el fortalecimiento de las áreas de control interno
En el caso de SQM Litio han debido implementar un programa de cumplimiento que abarca distintas acciones y documentos, entre ellos, un Modelo de Prevención del Delito, que ha ido adaptando en el tiempo para responder a los desafíos que obliga la ley y cuya última versión corresponde a este año. “El mayor desafío está en mantener vivo y vigente un tema que cada día cobra mayor relevancia a nivel nacional e internacional”, señala el gerente de ética y compliance de la firma, Alberto Llona. Por ello, dice, han fortalecido la gestión de las áreas de control interno de la compañía, con especial foco en compliance, riesgos y auditoría; incentivado la capacitación constante y la especialización de sus equipos; y se ha reforzado el trabajo con las áreas más expuestas a la comisión de alguno de los delitos comprendidos en la ley, aunque hasta ahora no han detectado ninguno, aclara el profesional.
AFP Capital buscó una evaluación independiente previa a la vigencia de la ley
“En AFP Capital quisimos anticiparnos y sometimos nuestro Modelo de Prevención de Delitos a la evaluación de un tercero independiente antes de la entrada en vigencia de la ley, entregando así certezas a nuestro directorio sobre la correcta identificación de riesgos y las medidas para mitigarlos”, comenta el vicepresidente legal, regulatorio y compliance, César Soto. De ahí que detalla que, probablemente, una de las mayores complejidades para empresa en el proceso de actualización y adecuación de su Modelo de Prevención de Delitos, fue una de las grandes novedades de la ley: la eventual responsabilidad penal por acciones que realicen terceros. El profesional hace hincapié en que el modelo de AFP Capital “ha funcionado, precisamente, como una herramienta preventiva, que permite detectar riesgos antes de que se materialicen y reforzar los controles oportunamente”.
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