El mundo empresarial reaccionó al reciente fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto minero-portuario Dominga.
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, manifestó su apoyo a la resolución que daría viabilidad al proyecto minero: “El reciente fallo de la Corte Suprema es una clara confirmación de que el proyecto minero-portuario Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias ambientales para su construcción y operación”.
La líder gremial destacó que, tras doce años de trámites y judicialización, la resolución representa un hito clave: "Se da un paso fundamental en el camino para que se concrete la inversión de US$ 2.500 millones y la creación de unos 30 mil puestos de trabajo, en una zona que se caracteriza por sus elevados índices de pobreza”.
"Por el bien de los habitantes de la comunidad de La Higuera, de la región de Coquimbo y del país en general, resulta clave que en las siguientes instancias las decisiones se ajusten a derecho y se prioricen los estándares ambientales con criterio técnico, por sobre cualquier consideración política", declaró.
En un contexto donde distintos sectores políticos han insistido en la necesidad de impulsar la inversión, Jiménez llamó a la consistencia de las autoridades: “En momentos en que hay consenso sobre la necesidad de dar un fuerte impulso al crecimiento y la inversión, esperamos que la autoridad sea consistente a la hora de permitir inversiones sostenibles que traen progreso a los chilenos, como es el caso de Dominga”.
Finalmente, la representante empresarial apuntó a la burocracia como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos en Chile y concluyó que “el largo y engorroso proceso que ha debido enfrentar Dominga es una clara demostración de la urgente necesidad de contar en nuestro país con un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico, que permita que los proyectos que cumplen con las exigencias que la institucionalidad define puedan desarrollarse sin trabas”.