Gran Bretaña ganó una batalla legal sobre el lugar de la City de Londres en el mercado único de Europa, obligando al Banco Central Europeo a eliminar una política que requería que los grandes intermediarios en transacciones de valores se trasladaran a la zona euro.
La demanda sobre la "política de ubicación" del BCE fue una prueba de si Gran Bretaña podía mantenerse como el centro financiero líder de Europa y disfrutar todos los beneficios del mercado común de la Unión Europea y al mismo tiempo mantenerse fuera del euro.
En el veredicto de ayer, el Tribunal General de la UE encontró que el BCE "no tiene la competencia necesaria para regular la actividad de los sistemas de transacciones de valores" y, por lo tanto, no puede obligar a los operadores a estar radicados en la zona euro cuando manejan un negocio significativo denominado en euros.
Si bien el fallo representa una victoria para George Osborne, el ministro de Hacienda británico, este se basó en fundamentos relativamente estrechos, con el tribunal abordando sólo el primero de los cinco alegatos en la demanda relacionado a los poderes legales del BCE.
Esto deja abierta la pregunta más sensible en términos políticos y legales: si es que la política del BCE discriminó en contra de los operadores británicos o debilitó las libertades fundamentales sobre las cuales se basa el mercado único.
El organismo emisor afirmó que "consideraría detenidamente el juicio del Tribunal General".
Osborne aseguró que el veredicto en contra de la "política completamente discriminatoria" era un "gran triunfo para Gran Bretaña y una gran victoria para todos aquellos que quieren ver una economía europea que es abierta y exitosa".