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Alto contraste
Canadá
- Ilya Gridneff en Toronto
Las duras medidas arancelarias de Donald Trump contra Canadá podrían estar generando un efecto inesperado: un impulso sin precedentes para desmantelar las barreras comerciales internas que por décadas han afectado a la economía canadiense.
El presidente de EEUU no solo impuso nuevos aranceles a su vecino del norte, sino que incluso llegó a amenazar con anexarlo, lo que llevó a Ottawa a acelerar una ambiciosa reforma que busca eliminar cuotas, impuestos y normativas dispares que frenan el comercio y la movilidad laboral entre las 10 provincias y tres territorios del país.
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Economistas califican el proceso como un posible "renacimiento económico", con el gobierno avanzando en desarmar ineficiencias que, según el FMI, podrían estar costando hasta un 4% del PIB per cápita. Un estudio de 2017 de Statistics Canada estimó el impacto de las trabas internas como un arancel efectivo de 6,9%.
“Si una salchicha es segura para venderse y comerse en Nueva Escocia, debería poder venderse en Saskatoon también”, declaró la ministra de Comercio Interno, Chrystia Freeland, a Financial Times. Freeland ha sido mandatada para resolver estos cuellos de botella antes del Día de Canadá, el 1 de julio.
El camino, sin embargo, no ha sido fácil. Las regiones han defendido históricamente sus protecciones locales, y cada traba tiene su grupo de presión, reconoció Freeland.
La tensión aumentó aún más cuando Trump anunció la suspensión de negociaciones comerciales con Canadá, en represalia por un impuesto canadiense propuesto contra empresas tecnológicas de Silicon Valley. Incluso amenazó con fijar unilateralmente un nuevo arancel en una semana.
Esto aceleró el proyecto clave del primer ministro Mark Carney: fortalecer la economía interna como blindaje frente a los aranceles de EEUU. En ese contexto, el 20 de junio el Congreso canadiense aprobó la ley "Una sola economía canadiense", que busca facilitar el flujo de bienes, servicios y trabajadores entre provincias.
Las trabas que frenan el comercio
André Proulx, dueño de la viña 80x Wine Company, ve en las reformas una oportunidad. Actualmente, vender una botella que en Ontario cuesta 22 de dólares canadienses (US$ 16) puede llegar a costar casi el doble en otras provincias por impuestos interprovinciales. “Tantas juntas de licencias de alcohol metiendo la mano al bolsillo… No podemos competir con Chile, Francia o Nueva Zelanda”, señaló. Proulx espera dejar de ser un “criminal que contrabandea vino” hacia su ciudad natal en Saskatchewan.
Las trabas tienen raíz constitucional. La carta magna de 1867 otorga a las provincias amplios poderes sobre comercio local, regulaciones profesionales y licencias. En 2018, la Corte Suprema reafirmó esta autonomía al fallar que no existe un derecho constitucional al libre comercio interno, en un caso que involucraba 14 cervezas cruzando de Quebec a Nuevo Brunswick.
“Estas normas vienen desde la época de la prohibición”, dijo Proulx. “Nunca ha habido voluntad política para cambiarlas”.
Freeland, experiodista de FT y hoy en el gabinete tras perder la interna de su partido frente a Carney, afirmó que en 2023 más de 530.000 millones de dólares canadienses en bienes y servicios circularon entre provincias, equivalentes a cerca del 20% del PIB. Sin embargo, más del 75% del comercio exterior canadiense sigue concentrado en EEUU, con un intercambio superior a $1,3 billones de dólares canadienses.
Reformas y resistencia
El primer ministro de Ontario, Doug Ford —la provincia más poblada y con mayor peso económico del país— calificó a Trump como una “llamada de atención” para ordenar la casa. Ford firmó seis memorandos de entendimiento con otras provincias para eliminar barreras y reconocer títulos profesionales. “Dentistas, ingenieros… todos los que estén certificados pueden venir”, dijo.
Por su parte, gremios empresariales también han impulsado iniciativas. La Canadian Trucking Alliance, con apoyo de gobiernos locales, lanzó en septiembre un piloto para simplificar permisos, requisitos de registro e incluso botiquines y herramientas obligatorias en camiones.
Este mes, seis líderes empresariales pidieron a Carney seguir adelante con la eliminación de barreras, lo que —según estimaciones— podría elevar los salarios e ingresos de los hogares entre 5% y 5,5% a nivel nacional.
Pese a los avances, los intentos anteriores no han sido del todo exitosos. El Acuerdo de Libre Comercio Canadiense de 2017, que buscaba una “unión económica moderna y competitiva”, introdujo 56 excepciones para sectores como minería, agricultura, energía y alcohol. Este año, el gobierno redujo ese número a 19.
Aun así, la política sigue siendo un obstáculo. Freeland reconoció que, aunque existe “consenso intelectual de alto nivel” sobre los beneficios del libre comercio interno, “el acuerdo político” sigue siendo más difícil.
Carney, además, aprobó recientemente una ley que refuerza el sistema de cuotas para huevos, lácteos y aves, a instancias de Quebec. Esta política fue duramente criticada por Trump durante su primer mandato.
Pero Freeland cree que las tensiones con EEUU pueden convertirse en un catalizador de unidad nacional y crecimiento. “Ahora mismo, milagrosamente, todo el país está alineado en esto”, concluyó.
