Caos y saqueos en estado brasileño de Espíritu Santo por huelga de la policía

El gobernador de Espíritu Santo, Paulo Hartung, calificó como un chantaje la huelga de la policía militar del estado brasileño. La autoridad relacionó el paro con un tipo de secuestro e insistió en que el gobierno local no tiene cómo elevar los salarios de los funcionarios.

El incremento exigido de 43%, dijo, implicaría un gasto adicional de 500 millones de reales (US$ 160 millones). “¿De dónde vamos a sacar ese dinero?”, preguntó. “Es como secuestrar el derecho del pueblo y cobrar rescate. No vamos a pagar”, aseguró.

Ejército a las calles

Desde el 4 de febrero, una ola de violencia ha dejado 85 personas muertas en el estado, según el Sindicato de Policías Civiles de Espíritu Santo, aunque el gobierno no ha confirmado las cifras. La violencia comenzó el 3 de febrero, tras el inicio de una huelga de la policía militar.

Las escuelas y servicios de salud amanecieron cerrados ayer en Victoria, la capital del estado, mientras que las líneas de buses también dejaron de circular en toda el área de Victoria Grande.

Los policías militares tienen prohibido por la Constitución realizar paros, pero sus familiares reunidos frente a los recintos han bloqueado la salida de los batallones en demanda de mayores salarios y protesta por la peligrosidad de los turnos nocturnos.

El martes, el Ejército tuvo que intervenir para liberar la avenida frente al Cuartel del Comando General de la Policía Militar. El gobierno federal envió el lunes a militares de la Fuerzas Armadas y a 200 soldados de la Fuerza Nacional para tratar de contener la ola de violencia que golpea al estado, con asaltos y saqueos de tiendas. Algunos locales han contratardo guardias particulares para contener a los delincuentes.

Policía civil podría plegarse

Ayer, una asamblea de policías civiles decidió paralizar sus actividades y evalúan sumarse a la huelga en apoyo de sus colegas y también en protesta a la muerte de uno de sus funcionarios cuando intentaba impedir un asalto.

Según Hartung, el incremento en el salario de los policías implicaría violar la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) ya que el estado se encuentra en el límite máximo de gastos con el personal establecido. Un camino alternativo, dijo, sería elevar los impuestos, algo que también está descartado.