La distribución del 6% de cotización adicional que propone la reforma previsional y que se destinará al nuevo Fondo Integrado de Pensiones (FIP) para financiar el Seguro Social, no ha sido fácil de explicar para el Gobierno. Si bien este ahorro extra -de cargo del empleador- se destinará al fondo colectivo, el registro de ese aporte de cada afiliado, que servirá para determinar su saldo acumulado futuro, tiene una lógica diferente de su distribución en el FIP.
Conocedores de la propuesta explican que este ahorro será anotado en cuentas personales a través de un mecanismo que lo divide en dos partes: un 70% del aporte adicional se registrará calculado sobre el ingreso promedio de cada cotizante; mientras que el 30% restante se registrará como un monto fijo para todos los cotizantes del fondo, calculado sobre el 6% pero del ingreso promedio del sistema, no del afiliado.
En palabras de un asesor de Gobierno: "Es un monto redistributivo igual a la suma del 30% de todas las contribuciones dividida en partes iguales para cada trabajador”.
De esta manera, el registro será mayor para quienes tengan ingresos bajo el promedio (equivalente a $ 1.130.000), beneficiando con un registro mayor al 6% que aportaron aproximadamente el 75% de los cotizantes actuales del sistema. En tanto, para quienes estén sobre dicho monto, será menor.
Para los expertos, esto traduciría en que el aporte adicional se dividirá de la siguiente manera: 4,2 puntos irán íntegros al registro, mientras que los 1,8 puntos restantes de la cotización adicional, se repartirán equitativamente entre todos los aportantes.
Esta interpretación es calificada como errada en el Gobierno y afirman que les ha valido una injustificada crítica como "reparto puro", cuando en realidad se trata de un esquema de capitalización colectiva, que genera retornos y que está prefondeada.
La defensa del esquema propuesto
La importancia de este tema se ha visto reflejada en las últimas apariciones del subsecretario de Previsión de Social, Christian Larraín, quien ha puesto énfasis en explicar la forma de operar del registro en cuentas personales y por qué no es un sistema 100% de reparto.
A través de una tabla de ejemplos, Larraín explicó que, para una persona que tiene un ingreso de $ 450 mil, registrará en su cuenta individual por el aporte del 6% al FIP, el equivalente al 70% de tal ahorro, es decir, unos $ 18 mil; y adicionalmente, el monto asociado al 30% del 6% calculado sobre el ingreso promedio del sistema, es decir, poco más de $ 20 mil.
La suma de ambas cifras ($ 38 mil) irán acumulándose en su cuenta como un registro de ahorros, equivalente en este caso, a un 8% del ingreso mensual del cotizante. Este valor además estará sujeto a una rentabilidad fija del 2% para la cuenta y de alrededor de 4% para el total del fondo acumulado.
De esta manera, explican en el Gobierno, si bien los gastos en beneficios serán importantes en los primeros dos años, los ingresos constantes de aportes al FIP también irán aumentando y con ello la rentabilidad obtenida de éstos. Por ello, no se trataría de un reparto puro.
“Por honestidad intelectual hay que decir que algo de eso hay. Hay una plata que uno distribuye (…) hay compensaciones hacia los sectores de ingresos medios y bajos”, reconoció Larraín en su última presentación en un seminario de Clapes UC esta semana. Pero también remarcó que “estamos proponiendo un componente transferencia transitoria acotada y con un fuerte respaldo patrimonial”, asegurando que las “cuentas personales están respaldadas por un fondo de capitalización colectiva que es casi 20 veces el monto de los gastos anuales de pensión”.
Según la autoridad, el seguro social es un sistema capitalizado cuyos ahorros convergerán a más de 30% del PIB. De hecho, enfatiza que ésta es la razón por la que el modelo propuesto se distancia del modelo sueco, donde los fondos van a reparto puro y no cuentan con respaldo. La única similitud, es el registro de cuentas.
Los retornos del fondo
Las cotizaciones del 10% obligatorio que actualmente gestionan las AFP suman alrededor de US$ 7.000 millones en cotizaciones al año. Con el 6% de cargo del empleador, el FIP se nutrirá de aportes equivalentes a US$ 4.500 millones anuales en régimen.
En los primeros años, debido a la gradualidad de la cotización adicional, los aportes al fondo por cotizaciones se estiman en $ 750 millones, los que serían insuficientes para el pago de beneficios a los actuales pensionados (que se iniciarían al tercer mes) y que corresponderían a la garantía por años cotizados, y a la compensación para mujeres por aplicación de tablas unisex.
Para ello, el proyecto contempla un préstamo fiscal por US$ 450 millones, que se absorbería al segundo año. Fuentes de Gobierno aseguran que “de ahí hacia adelante, el fondo nunca tendrá déficit”, ya que se empieza a capitalizar rápidamente, por el retorno de inversiones menos líquidas y diversificadas.
También destacan que la rentabilidad del 2% para las cuentas personales no debería ajustarse ya que está calculada sobre una revisión de 65 a 70 años. Y si hubiera necesidad de ajuste, recuerdan que el proyecto de ley establece límites para tales ajustes a la baja, en períodos definidos.
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