En un contexto de sucesivas advertencias respecto a la estrechez de holguras para el cumplimiento de las metas fiscales, la presentación de la Ley de Presupuestos 2025 era particularmente esperada. En esta oportunidad, el Ejecutivo propone una expansión del gasto público de 2,7% respecto al informado en el período anterior, cifra que medida respecto al gasto efectivamente ejecutado alcanzaría a 3,7%. Entre las áreas priorizadas destaca el aumento presupuestario para los Gobiernos Regionales con un 6,9%, a pesar de la baja ejecución de los presupuestos de inversión alcanzada al mes de agosto y a las disminuciones presupuestarias decretadas durante el año.
Si bien las distintas gobernaciones argumentan que estos resultados son consecuencia de la ausencia de restricciones de plazo para la aprobación de proyectos por parte del gobierno central y de la duplicidad de tramitaciones, la disparidad de resultados entre regiones parece refutar en parte lo anterior. De las 16 regiones del país, 12 registraron una ejecución inferior a 50%. ¿Qué explica estos resultados? Si bien todas las gobernaciones han utilizado de manera importante las glosas de adquisición de activos no financieros y transferencias de capital a otras instituciones del sector público, ya sea municipios o ministerios sectoriales, la principal diferencia parece radicar en la glosa de iniciativas de inversión.
Las gobernaciones que cuentan con una cartera diversa y previamente identificada de proyectos, en número y en etapas de desarrollo, tienen mayor probabilidad de gestionar eficazmente los recursos asignados; sin embargo, ello no garantiza su contribución al desarrollo regional. Los proyectos debieran responder a la estrategia regional y también a la disminución de las brechas territoriales existentes, las cuales difieren entre regiones. Contar con estas estimaciones permitiría efectuar una planificación financiera pertinente con metas y plazos para alcanzar los estándares deseados, así como minimizar desajustes presupuestarios a consecuencia de gastos de arrastre desfinanciados o de la materialización de inversiones no prioritarias socialmente. No existe información pública que permita validar o dar seguimiento a lo anterior.
A casi cuatro años del inicio de la descentralización, se requiere con urgencia fortalecer los equipos regionales materializando el traspaso de las unidades técnicas de los ministerios sectoriales a las gobernaciones, de forma de contar con sólidas iniciativas de inversión y gestiones adecuadas. Aún más, los órganos sectoriales podrían colaborar validando las brechas de inversión a escala regional, actualizando los indicadores de desempeño, de forma que se relacionen efectivamente con la supervisión de una gestión eficiente, verificando el cumplimiento de metas reales e identificando los riesgos latentes como consecuencia de las particularidades de cada región. Por el contrario, el proyecto de ley de presupuesto 2025 mantiene las actuales estructuras funcionarias, a pesar de que incrementa los recursos asignados, sin proponer cambios sustanciales que mejoren su ejecución y transparencia.
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