La solución gubernamental que permitirá a AES Gener reanudar la
construcción de la central Campiche se ha dilatado más de lo que el
gobierno y la propia empresa hubiesen querido.
El
pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de dos recursos de
protección, que impugnan un cambio al plano regulador intercomunal de
Valparaíso, llevaron a las autoridades a dilatar la aplicación de las
modificaciones legales para despejar el camino de esta unidad, así como
de otras termoeléctricas que se proyectan en la Quinta Región e incluso
en otros puntos del país.
Entre las comunas de Quintero y
Puchuncaví hay seis complejos de generación termoeléctrica -en base a
carbón, gas natural y diésel- que presentan diversos grados de avance y
suponen inversiones por más de
US$ 4.100 millones. Este conjunto
inyectaría al Sistema Interconectado Central (SIC) más de 3.000 MW de
nueva capacidad instalada.
El gobierno y los privados ven con
preocupación que tras el revés judicial de Campiche -cuyo permiso
ambiental fue revocado por un vicio administrativo en el cambio de uso
de suelo- se alce un precedente que valide la judicialización como una
herramienta efectiva para los detractores de este tipo de proyectos.
Un mes de suspenso
Trascendió
que al menos hace un mes la adecuación normativa que los ministerios
del Interior, Energía y Vivienda encontraron para que AES Gener retome
la construcción de Campiche (270 MW), y que requeriría la firma de la
presidenta Michelle Bachelet, está lista para ser aplicada.
A
fines de julio la titular de Vivienda, Patricia Poblete, dijo que “en
los próximos días mostraremos estas modificaciones que haremos,
justamente, para poder viabilizar y dar un camino seguro a ese proyecto
termoeléctrico y a otros”.
El ministro de Energía, Marcelo
Tokman, ha indicado que el Ejecutivo quiere destrabar la construcción
de centrales a carbón porque tras los cortes de gas natural desde
Argentina, se alzaron como la opción más rápida y barata para abastecer
al país.
El primer ejemplo de este esfuerzo fue la conexión al
SIC, el 31 de julio de este año, de la tercera unidad de Guacolda,
también de AES Gener. En 1996 se había conectado la última unidad,
precisamente las turbinas 1 y 2 de este mismo complejo.
Sin
embargo, la posibilidad de que el máximo tribunal no ratifique la
decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y obligue a tramitar
en el sistema de evaluación ambiental el cambio de uso del plano
regulador, cambiaría el panorama y podría obligar al ejecutivo a
realizar una “cirugía mayor” al ajuste legal que preparó.
Así al
menos lo estiman especialistas en el tema, quienes adelantaron que un
traspié como el citado podría retrasar en unos cinco años los proyectos
emplazados en la zona Quintero-Puchuncaví.
Lo que está en juego
Los recursos sobre los cuales la Tercera Sala de la Corte Suprema se
pronunciará, los presentó un grupo de ambientalistas para revertir el
cambio del plano regulador intercomunal de Valparaíso (Premval),
aprobado en 2006, que “habilitó 2.000 hectáreas para la instalación de
industrias peligrosas y contaminantes en Quintero”, aducen los
demandantes.
Las acciones, rechazadas por la Corte de
Apelaciones, denuncian que dada la magnitud del cambio aprobado por la
Corema, que encabeza el intendente Iván de la Maza, éste debió ser
autorizado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
luego que la Contraloría no tramitó la toma de razón del plan por una
serie de observaciones.
Además, se indica que las votaciones de
estos cambios no contaron con la cantidad suficiente de integrantes de
la Corema, lo que también fue rechazado por la Corte de Apelaciones de
Valparaíso.