José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo Corfo y lento avance del hidrógeno verde: “No es un retroceso, sino una pausa útil”
La máxima autoridad de la agencia pública repasó los avances y pendientes para fomentar el desarrollo del emprendimiento y la innovación en regiones.
Por: Renato Olmos
Publicado: Lunes 10 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.
Fotos: Verónica Ortíz
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A exactos cuatro meses de dejar su cargo, José Miguel Benavente hizo un balance de su gestión como vicepresidente ejecutivo de la Corfo y de los avances en innovación y emprendimiento en regiones.
Bajo su administración se ampliaron los comités regionales de desarrollo productivo, se creó la política pública Startup Labs para instalar espacios equipados para el desarrollo de startups de base científico tecnológica -uno en Santiago y dos regiones- y participó en hitos estratégicos como la Estrategia Nacional del Litio y el Plan de Hidrógeno Verde.
“El rol de Corfo hoy va mucho más allá de ser una máquina de asignar subsidios: volvió a empujar una agenda de largo plazo para el país”, afirmó en entrevista con DF.
Pero reconoció que quedan tareas pendientes en regiones, como mejorar la oferta pública para escalar startups, una segunda convocatoria de Startup Labs y el impulso a proyectos como el facility (programa financiero) de hidrógeno verde y la asignación de nuevos salares a privados.
“En ciertas zonas geográficas quedaba el desafío de tener aceleradoras, incubadoras y redes de inversionistas ángeles. Eso ya está implementado en todas las regiones”.
- ¿Con qué diagnóstico llegó esta administración respecto del emprendimiento e innovación en regiones?
- Nos encontramos con dos elementos muy importantes. El primero fue la experiencia relativamente buena de tres comités de desarrollo productivo regionales -Antofagasta, Biobío y Los Ríos- en los cuales se había avanzado en una agenda de descentralización y que permitía con recursos específicos tomar decisiones en el territorio para temáticas pertinentes.
Lo segundo tiene que ver con la brecha de adjudicación de recursos. Cuando tienes una política de concursos en temas científicos, tecnológicos y de innovación, lo que buscas es que los mejores se lleven los fondos. Y eso es bueno, pero lo que empieza a ocurrir es que los mismos de siempre se los adjudican y empiezas a generar una brecha entre regiones muy importante.
- ¿Cómo lo enfrentaron?
-Se creó una arquitectura institucional, utilizando el marco de los comités antiguos y creamos nuevos, para tener la oferta pública en un solo lugar y responder a las necesidades de la industria en cada región. Y establecimos que un tercio de los recursos para la promoción a la innovación, emprendimiento y desarrollo productivo tuvieran eficiencia dinámica, es decir, permitir que no necesariamente tuvieran que ir a postular a los concursos nacionales, sino que a nivel regional.
- ¿Se crearon los comités faltantes en Arica, Coquimbo y Punta Arenas? ¿Han medido su impacto?
- Sí, ya están implementados todos. No tenemos una métrica directa, pero sí hemos ampliado el número de empresas que hemos apoyado. También vemos que los recursos que las regiones y los gobiernos regionales nos piden que ejecutemos han aumentado ostensiblemente.
- Cuando llegó dijo que se encontró con una institución espectacular, pero alicaída. ¿Cómo está hoy?
- Entré el 11 de marzo (de 2022) y solo puse cuatro gerentes en cargos que habían renunciado y se mantuvo el equipo de funcionarios. La impresión que tengo es que ellos han encontrado una institución en que el rol que tienen es mucho más importante que la eficiencia en la asignación de subsidios públicos.
La Corfo volvió, después de décadas, a retomar un rol clave en empujar una agenda no solo de desarrollo productivo, innovación y emprendimiento, sino también de incorporar otros elementos dentro de su quehacer. Por ejemplo, de aquí salió la Estrategia Nacional del Litio, el plan de hidrógeno verde, acabamos de crear el comité de construcción naval y el proyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide). La Corfo vuelve a retomar actividades y miradas de mediano y largo plazo que son tremendamente relevantes para Chile.
“En total, alrededor del 85% de los recursos provenientes de los contratos de I+D del litio se ejecutará en regiones, lo que refleja el foco descentralizado de esta política”.
- El programa presidencial propuso crear infraestructura de apoyo al emprendimiento en regiones. ¿Se avanzó?
- En ciertas zonas geográficas quedaba el desafío de tener aceleradoras, incubadoras y redes de inversionistas ángeles. Eso ya está implementado en todas las regiones.
Lo segundo era Startup Labs, una nueva política pública, que surge a raíz de un déficit de apoyo al emprendimiento de base científico tecnológico. Hicimos el primero en Santiago -startuplab.01- y replicamos el llamado en regiones, los que se adjudicaron hace dos semanas al Distrito de Innovación V21 en la Región de Valparaíso y a Kura Biotech en la Región de Los Lagos.
- Otro eje del programa de Boric era fomentar el desarrollo productivo sostenible con un presupuesto de unos US$ 150 millones anuales. ¿Cómo se está desplegando en regiones?
- El Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) tiene una gran novedad. Aunque los recursos provienen de los contratos del litio administrados por Corfo, la diferencia es que su asignación está a cargo de un cuerpo colegiado interministerial. Y representa además una nueva partida presupuestaria. Partimos con cerca de US$ 150 millones. Los recursos no se destinan a programas nuevos, sino que refuerzan los existentes en distintas carteras.
Por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente utilizó estos fondos para fortalecer capacidades regionales y contratar personal para evaluar proyectos de hidrógeno verde; Minería los destinó a implementar la Estrategia Nacional del Litio, incluyendo certificación de salares protegidos, estudios de línea base y consultas indígenas.
Litio e hidrógeno verde
- Respecto al uso de los recursos de los contratos del litio, ¿cuándo se empezarán a ver los impactos?
- La mayoría de los llamados están adjudicados. Los cinco centros ya están asignados, con montos que bordean entre US$ 8 millones y US$ 10 millones cada uno.
Además, estamos impulsando una nueva fase en Corfo enfocada en encadenamientos productivos. Por ejemplo, hicimos un llamado internacional para partes y piezas de electrolizadores, que ya se adjudicó a tres consorcios que recibirán entre US$ 6 millones y US$ 7 millones.
También realizamos un llamado de interés para componentes de aerogeneradores, donde ya llegaron los interesados y esperamos licitar antes de diciembre. A esto se suman los tres Startup Labs.
En total, alrededor del 85% de los recursos provenientes de los contratos de I+D del litio se ejecutará en regiones, lo que refleja el foco descentralizado de esta política.
- Este año comenzó a operar en Antofagasta el ITL, ¿ya tiene una cartera de proyectos definidos?
- Ellos están en la primera etapa, elaborando la hoja de ruta. Esa fase es clave, porque implica un cambio de mentalidad respecto de cómo se aborda la investigación aplicada.
Lo que buscamos con el ITL es que sea el sector productivo el que defina los problemas y desafíos que requieren solución, no las universidades. Podrán participar después, pero debe partir desde las necesidades reales de la industria.
- ¿Alcanzarán a concretar algún avance en hidrógeno verde?
- El Presidente Boric fue muy claro desde el inicio: la estrategia nacional de hidrógeno verde es una sola, la que heredamos del Gobierno anterior, y debía continuar. Nos pidió seguir empujando esta agenda, sabiendo que él no iba a cortar ninguna cinta, porque esto es de largo plazo.
El principal problema hoy no es chileno, es mundial y del lado de la demanda. El costo marginal de producción del hidrógeno verde aún no baja lo suficiente para que los proyectos cierren financieramente, y los gobiernos -sobre todo en Europa y Asia- no han activado los subsidios que deberían compensar esa brecha. La transición será más lenta de lo previsto.
Dicho eso, para nosotros esto también es una oportunidad. Antes estábamos muy justos de tiempo para formar capacidades locales, encadenamientos productivos, infraestructura y capital humano. Con este escenario, Magallanes y otras regiones ganan tiempo para hacerlo bien (...) hemos transmitido a las regiones que esto no es un retroceso, sino una pausa útil para organizar el territorio. Si los grandes proyectos llegan en 2028 o 2029 en lugar de 2026, eso nos permite preparar mejor la infraestructura y las competencias necesarias.
- El gasto en I+D subió a un 0,41% del PIB y usted proyectó que podía llegar al 0,7% en esta administración. ¿Lo mantiene?
- Sí y básicamente por tres aspectos. Primero, por los esfuerzos que hemos hecho con los programas tradicionales y sofisticados de Investigación y Desarrollo (I+D). Reforzamos la Ley de I+D, donde en 2023 su uso aumentó un 275% y el año pasado más de un 100%, y eso es gasto en I+D privado. Y lo tercero es a raíz de los contratos de explotación del litio, donde se creó, por ejemplo, el Instituto de Tecnologías Limpias.
-¿Espera que la Afide se apruebe durante este Gobierno?
- La Afide contempla varios ámbitos: un fondo de fondos, créditos sindicados de primer piso, garantías e instrumentos de innovación, que hoy existen en Corfo y se transferirán a la nueva institución, junto con otros nuevos. Internamente ya tenemos definidos los equipos, roles, estructura y el plan de financiamiento. Incluso el diseño del programa del fondo de fondos está listo. Nuestro objetivo es que el proyecto de ley se apruebe en esta administración y dejar todo preparado para la puesta en marcha y el traspaso operativo.

Traspaso de US$ 3.500 millones al Tesoro: “No afectó en nada (a nuestra agenda)”
- Este año hubo polémica por las transferencias de US$ 3.500 millones de Corfo al Tesoro Público. ¿Afectó la capacidad para desplegar su agenda, especialmente en regiones?
- No, no afectó en nada. Corfo se autofinancia y no depende de recursos de la Dipres. Nuestra ejecución presupuestaria está sujeta a la regla de gasto, pero no a transferencias fiscales. Cuando asumimos, Corfo tenía un patrimonio de unos US$ 200 millones; hoy bordea los US$ 1.500 millones, incluso después de las transferencias al Fisco. Es decir, no afectó la implementación de programas, porque lo que determina cuánto podemos ejecutar es la Ley de Presupuestos, no el patrimonio.
El punto de fondo -y que debemos resolver hacia adelante- es definir una regla clara y permanente sobre estas transferencias. Mi propuesta es aplicar el mismo principio que se usa con el cobre: ingresos permanentes (estructurales) deberían ir al Tesoro Público, y los transitorios (extraordinarios) deberían quedarse en Corfo.
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