La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso aprobó este martes la Declaración de Impacto ambiental (DIA) del “Proyecto Solar Fotovoltaico Guanay”. La iniciativa, impulsada por PSF Guanay obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable permitiendo el desarrollo de una nueva central de energía renovable en la comuna de San Antonio, con una inversión de US$ 160 millones.
El proyecto tiene como objetivo la construcción y operación de una central generadora de energía con una potencia instalada de 123 MWp (megavatios pick) la cual se inyectará directamente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Apuesta por el almacenamiento
Uno de los aspectos técnicos fundamentales que respaldaron la aprobación es la incorporación de sistemas de almacenamientos, tecnología clave para la transición energética y la estabilidad de la red. El parque contará con 189.224 módulos fotovoltaicos bifaciales de silicio mono cristalino y un sistema de almacenamiento eléctrico BESS (Battery Energy Storage System) de 120 MVA.
Esta configuración permitirá inyectar una potencia máxima de 120 MW AC mediante una Línea de Alta Tensión de 11kV que conectará con la subestación eléctrica de San Antonio.
Cronograma y Empleo
De acuerdo con los antecedentes presentados en el proceso de evaluación, se estima que la fase de construcción comience en marzo de 2026, con una duración aproximada de un año, para dar inicio a sus operaciones en abril de 2027.
En cuanto al impacto económico local, el proyecto demandará una mano de obra máxima de 250 trabajadores durante el peak de su construcción, cifra que se reducirá a un equipo técnico especializado de 20 personas durante su fase de operación.
Ubicación y Condiciones Ambientales
El proyecto estará situado en una superficie total de 225,86 hectáreas en la provincia de San Antonio. Esta área abarca principalmente los polígonos de generación (187,77 hectáreas), los caminos de acceso y la faja de seguridad de la línea de transmisión del parque.
Como parte de las condiciones para su aprobación, la autoridad ambiental exigió el cumplimiento de un “Plan de Seguimiento de Suelo”. Este compromiso obliga al titular del proyecto a monitorear parámetros físicos y biológicos del perímetro (como la biota edáfica y la infiltración), durante la construcción y por dos años posteriores, para asegurar que no se afecte la calidad del suelo agrícola en la zona de intervención.
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