Las grandes empresas llevan la delantera en la implementación de la Ley Karin, aquella normativa que busca combatir el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Una ventaja sobre las firmas de menor tamaño que, sin embargo, se ha traducido en una mayor recepción de denuncias. Eso es parte de lo que arrojó una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
De acuerdo con el sondeo, en el que participaron más de 400 empresas, del total de organizaciones consultadas, el 38% (158 casos) declaró haber recibido denuncias o situaciones de acoso laboral desde la entrada en vigencia de la Ley Karin, mientras que un 52% no ha tenido casos reportados y un 10% no cuenta con información clara al respecto.
Al diferenciar por tamaño, se observa que las grandes compañías tienden a reportar más casos (78% con denuncias), algo que, según el sondeo, es consistente con su estructura organizacional más robusta, mayor dotación y sistemas formales de denuncia más establecidos.
Entre las empresas que recibieron denuncias, cerca de la mitad (48%) declaró que la investigación se realiza internamente, mientras que un 12% derivó los casos a la Dirección del Trabajo.
En contraste, en el universo de las micro, pequeñas y medianas empresas (69,4% de la muestra), la proporción de denuncias es menor (20,4% con denuncias), lo que puede atribuirse tanto a un menor número de trabajadores como a la presencia de brechas en los mecanismos de información, cultura organizacional y capacidad interna para identificar o canalizar situaciones de acoso.
Canal de investigación
Entre las firmas que recibieron denuncias, cerca de la mitad (48%) declaró que la investigación se realiza internamente, mientras que un 12% derivó los casos a la Dirección del Trabajo, y un tercio mencionó que depende del caso la manera de actuar.
Además, solo un 2% recurrió a una investigación externa, lo que muestra que este tipo de apoyo aún es poco utilizado.
Al ver el escenario según el tamaño de las empresas, se observó que las grandes tienden en mayor medida a investigar internamente (alrededor de un 54%).

En cambio, en el grupo de MiPYME, la proporción de investigaciones internas es inferior (39%), y aumenta la cantidad de firmas que opta por derivar a la DT (19%).
Esto sugiere que, si bien la Ley Karin está empezando a instalarse en las empresas de menor tamaño, persisten brechas significativas en los procesos de investigación.
Las dificultades
Con respecto a las dificultades, el sondeo constató que solo un 36% de los encuestados no ha tenido mayores dificultades en la implementación de la ley.
Sin embargo, dentro de quienes sí manifestaron tener complejidades, la más mencionada fue la falta de información o claridad normativa, señalada por un 33% de las empresas. Más atrás se ubicó el “el exceso de obligaciones nuevas” con un 32%. Además, un 25% mencionó la falta de recursos técnicos o profesionales capacitados, una brecha particularmente importante en el segmento de las empresas de menor tamaño.
El aumento de costos asociados (18%) también apareció como una dificultad transversal, sobre todo cuando las empresas deben asumir gastos en capacitación, asesoría externa o fortalecimiento de equipos internos.
Finalmente, un 8% mencionó otros obstáculos, entre los que destacan la carga administrativa adicional, la falta de tiempo para implementar los cambios y la necesidad de mayor acompañamiento por parte de organismos especializados.
“La experiencia recogida muestra que muchas empresas buscan cumplir, pero se sienten solas o inseguras frente a procesos complejos y sensibles que requieren acompañamiento y criterios uniformes”, afirmó la asesora legal de la CNC, María José Rojas.
También, la profesional dijo que “hace falta un importante despliegue de los organismos administradores del seguro de accidentes y enfermedades laborales en el apoyo técnico a las empresas, e información más atingente y clara de cómo cumplir con estos nuevos desafíos”.