Más de dos años lleva el juicio que inició la Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada, ligada al empresario Jorge Gálmez, luego que el juzgado de Policía Local de Litueche condenara a la sociedad a pagar una multa de $ 39.600 millones por el proyecto Punta Puertecillo en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Ahora, la empresa volvió a cuestionar con dureza el fallo de primera instancia ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde busca revertirlo.
A juicio de la inmobiliaria, la multa cursada es el resultado de una “interpretación antojadiza” del juez. “En vez de calcularla en función del avalúo del ‘predio dividido”, como está previsto en el artículo 2° del D.L. 3.516, decidió sumar los avalúos de todos los ‘lotes resultantes de la división’. Con eso, hizo que una multa que debió haber ascendido a una cifra del orden de $13 millones, llegara a la estrafalaria suma de $39.600 millones: 3.000 veces más”, dijo el abogado Alejandro Parodi en un reciente escrito presentado al tribunal de alzada.
Y añadió: “La interpretación del Sr. Juez de Policía Local conduce a un resultado absurdo y contrario al más elemental sentido común. No resiste ni el más mínimo análisis que por la ejecución de un loteo de 296 parcelas, como los miles que se han realizado a lo largo y ancho de Chile, Ayelén sea sancionada con una multa que es más del doble de la multa más alta que jamás se haya aplicado en casos de colusión, o por infracción a la Ley Eléctrica, o decenas de veces más alta que la aplicada en bullados escándalos como el caso Chispas, Cascadas, La Polar, o por haberse dejado a la ciudad de Osorno sin agua potable por alrededor de 15 días, y suma y sigue. El monto de la multa es descomunal, no hace ningún sentido, y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia y proporcionalidad”.
La firma acusa que la sanción “es más del doble de la multa más alta que jamás se haya aplicado en casos de colusión (...) o decenas de veces más alta que la aplicada en bullados escándalos como el caso Chispas, Cascadas, La Polar”.
La sociedad también apuntó al principio jurídico non bis in idem, en que no se puede instituir una acción legal dos veces por la misma causa de acción.
El 25 de noviembre de 2022, la Corte Suprema sancionó a la inmobiliaria por haber realizado este mismo loteo sin contar con la aprobación ambiental correspondiente, aplicando una multa de $ 3.700 millones, que ya fue pagada.
Con todo, el pasado 25 de noviembre, los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua acordaron “estudiar con más detenimiento el asunto”, suspendiendo el debate de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, esto es, en un plazo no mayor a 30 días.
Comité de Ministros
En paralelo, la inmobiliaria mantiene abierto otro flanco, luego que el pasado 20 de noviembre, la Comisión de Evaluación Región del Libertador General Bernardo O’Higgins calificara desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo”.
La iniciativa, que considera una inversión de US$ 20 millones, busca “regularizar” el proyecto ubicado en Litueche, el que ha enfrentado duros cuestionamientos, como “la inminencia de un perjuicio ambiental”, según el fallo de la Corte Suprema.
El máximo tribunal del país, junto con aplicar una multa, ordenó la prohibición de nuevas ventas de terrenos -como una medida cautelar- hasta la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental favorable.
En respuesta a lo anterior, en junio de este año, la Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada presentó el mencionado EIA, pero, en su resolución, la Comisión de Evaluación dijo que el proyecto “no se podrá ejecutar, y que los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental no podrán otorgar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón del impacto ambiental del referido proyecto, aun cuando se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique pronunciamiento en contrario”.
Contra esta resolución, la inmobiliaria puede presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería.
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J. Troncoso Ostornol
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