Por A. Maturana y J. C. Prado
A fines de 2012, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció el envió de un proyecto de ley que buscará unificar todas las normativas que actualmente regulan las donaciones de privados. Los expertos coinciden en que este es un paso necesario para incrementar los aportes, pues simplifica un proceso que califican como “excesivamente burocrático”.
En el gobierno están conscientes de la complejidad del actual sistema, razón más que suficiente para impulsar una ley que reúna, en un solo cuerpo legal, la regulación de las donaciones con diferentes fines. Esto, a pesar de los cambios que se han hecho recientemente a varias normativas, sobre todo para atraer fondos para ayudara las tareas de reconstrucción del terremoto del 27 de febrero de 2010 y los cambios que se discuten a la Ley de Donaciones con fines culturales o “Ley Valdés”.
En medio de este debate, el sector privado busca que se considere como donación los aportes que podrían hacer a las comunidades que están ubicadas en el en torno de un proyecto de inversión y así poder mitigar de mejor forma el creciente rechazo que están enfrentando las compañías.
El incentivo
Actualmente, los privados pueden descontar como gasto los dineros que utilicen para cumplir con las medidas de mitigación a los que son obligados a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto determinado. Todo lo demás es tipificado como “gasto rechazado” por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), situación que no les permite descontar de su base imponible los recursos que destinen, por ejemplo, a la construcción de sede vecinal.
Según cercanos al empresariado, la intención es que se considere este cambio como una herramienta efectiva para que los proyectos puedan desarrollar de manera más eficiente su RSE.
Por ello, creen que un cambio como este debería estar inserto en las medidas pro inversión que trabaja el gobierno, pues sería una ayuda para los proyectos que sufren del mayor rechazo ciudadano: los mineros y los energéticos.
El socio de Cabello, Letonja & Cía. Abogados Tributarios, Alexander Letonja, explica que una modificación de este tipo permitiría que las firmas privadas que desarrollan este tipo de proyectos pueden hacer sus aportes de manera más directa a las comunidades y así evitar la constante búsqueda que se da hoy por encontrar un mecanismo que permita descontar sus aportes.
El experto agrega que sería un cambio relevante debido a las dificultades que se presentan en la actualidad, principalmente, por la judicialización que se ha visto en el último tiempo.
Efecto negativo
En el gobierno, sin embargo, no están muy convencidos de aplicar dichos incentivos tributarios a los aportes de este tipo que hagan las empresas. En el Ejecutivo advierten que un cambio en esa dirección puede perjudicar las donaciones que se hacen, por ejemplo, al fondo nacional. Tal efecto se daría porque las empresas preferirían destinar los recursos a obras que les permitan reducir los niveles de oposición a sus proyectos y, por lo tanto, al negocio propio de cada una.
El compromiso del jefe de las finanzas públicas es enviar al Congreso el proyecto de ley durante el primer semestre de este año.
Por ello, ya están trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social en la búsqueda de opiniones de los distintos actores involucrados en esta materia y que tienen conocimiento sobre el tema.
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