Argentina, aún una democracia “imperfecta”
Es fuerte en procesos electorales y libertades civiles, pero sus instituciones son débiles en medio de un escaso pluralismo político y un deterioro de la libertad de medios.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 5 de enero de 2012 a las 05:00 hrs.
El índice de democracia de la EIU de 2011 ubica a Argentina en el puesto 51 de 167 países, ubicándola entre un grupo de 53 países considerados “democracias imperfectas”. Este término incluye países vecinos como Brasil (45), Chile (35), Colombia (55) y Perú (56). Entre los 24 países de Latinoamérica representados en nuestro índice de democracia, Argentina ocupa la novena posición.
Desde el fin del gobierno militar hace 25 años, la democracia se ha afianzado, apuntalando la posición de Argentina en el ranking. Sin embargo, el país sigue fuera de la categoría de “democracias plenas” por la ausencia de un sistema de equilibrios y balances y una débil cultura política.
Funcionamiento del gobierno sigue débil
Con el gobierno militar desacreditado por el historial de dictaduras de los años ‘70 y ‘80, el riesgo de un golpe de estado es extremadamente bajo y el puntaje de Argentina en cuanto al proceso electoral es alto.
Sin embargo, el escaso pluralismo político, la desconfianza del público en el gobierno y los partidos políticos, la percepción general de falta de transparencia y responsabilidad al interior del gobierno, y la preocupación por la corrupción y la influencia de los grupos de intereses especiales, se traducen en que el puntaje de Argentina para el funcionamiento de gobierno es débil.
Instituciones débiles y una historia relativamente reciente de crisis políticas (incluida la crisis de 2001, que provocó la caída del gobierno de entonces y una desordenada transferencia de poder) también están detrás de la incertidumbre política, mientras que una reciente pero fuerte tradición de protestas públicas y la existencia de poderosos sindicatos mantienen el riesgo de intranquilidad social en niveles elevados.
El débil pluralismo político se refleja en el dominio del Partido Justicialista (PJ, también conocido como Partido Peronista) en el sistema de partidos políticos.
Tras el colapso del gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) en 2001, el dominante Partido Justicialista (y sus numerosas facciones internas rivales) han logrado un control aún más fuerte en la política nacional y local que después del retorno de la democracia, en 1983.
La UCR ha luchado por recuperarse, y aunque han surgido otros grupos opositores, todos están centrados en sus caudillos y ninguno tiene una fuerte presencia a nivel nacional ni cuenta con una estructura organizacional capaz de rivalizar con los peronistas o la UCR.
En tanto, el actual gobierno ha recuperado parte de la autoridad necesaria en el Ejecutivo tras la crisis de 2001, pero ha socavado la independencia de las instituciones estatales, incluido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y concentrado demasiado poder en la presidencia.
Tras retener la primera magistratura en la elección de octubre de 2011, el actual gobierno subordinará el avance en este frente a las políticas clientelistas e intereses partidarios.
Notable deterioro en la libertad de medios
Aunque el puntaje de Argentina de libertades civiles es relativamente alto, ha habido un notable deterioro en la libertad de medios desde el Índice de Democracia de 2008.
Esta es una tendencia que ha sido evidente en otros lugares de la región y podría ser una respuesta a las crecientes críticas de los medios al gobierno durante la desaceleración económica registrada en 2008-09.
El actual gobierno, liderado por Cristina Fernández de Kirchner, ha criticado duramente a los medios de comunicación privados, particularmente al dominante Grupo Clarín, y promulgó en 2009 una nueva ley de medios que para algunos fue diseñada específicamente para reducir la influencia de Clarín y abrir el paso para un mayor papel de los medios del sector público.
La reducción de la libertad de prensa ha sido facilitada por la ausencia de un control independiente adecuado, lo que ha permitido al gobierno atacar a la prensa sin consecuencias.
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