Colombia podría estar más cerca de la paz

Hechos recientes parecen apuntar hacia eventuales negociaciones de paz entre el gobierno y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero izquierdista del país. Las FARC declararon en febrero que dejarían de secuestrar, lo que fue saludado pero considerado insuficiente por el presidente Juan Manuel Santos. El grupo luego liberó el 2 de abril a 10 rehenes uniformados. Aún así, Santos parece avanzar con cautela, y no está dispuesto a un diálogo formal con el grupo, aunque está creando un marco legal para ello.

El secretariado de las FARC realizó el primer anuncio dado que Alfonso Cano —el jefe del grupo abatido en noviembre de 2011— había decidido poner fin al secuestro como método para financiarse. Luego, las FARC liberaron a diez rehenes -cuatro soldados y seis policías- como otra señal de buena voluntad. El grupo, también ha secuestrado civiles por dinero, pero ya no representan una fuente importante de ingresos, ya que obtiene la mayor parte de sus fondos del tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión. Los secuestros además han bajado debido a una ofensiva militar del gobierno del predecesor de Santos, Alvaro Uribe.

Aunque Santos calificó las últimas acciones de las FARC como gestos en la dirección correcta, declaró que no eran suficientes para justificar el inicio de negociaciones de paz. Santos ha dicho repetidas veces que éstas sólo podrán realizarse si las FARC, en conflicto armado con el Estado durante décadas, entrega señales más creíbles. Sin embargo, hay rumores de que el gobierno ya está en contacto con la guerrilla. Algunos intelectuales y periodistas llaman al gobierno a iniciar conversaciones oficiales y está claro que Santos quiere sentar las bases de un acuerdo de paz antes que su mandato caduque a mediados de 2014.




Marco legal


Actualmente Santos impulsa una reforma constitucional para crear un “marco de paz” que siente las bases legales de un acuerdo de paz, que garantizaría una amnistía para la mayoría de los combatientes y probablemente permitiría a los líderes de la guerrilla participar en política. Esto ocurre tras el promulgamiento el año pasado de la Ley de Víctimas, que estipula reparaciones a las víctimas como restitución de tierras incautadas durante el conflicto a sus legítimos dueños.

Además, se especula que las negociaciones se discutieron con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su par cubano, Raúl Castro, durante la visita de Santos a Cuba, en marzo. Se ha sospechado durante años que Chávez ayuda a las FARC, y su participación en el diálogo podría ser una garantía.

Aún así, Santos sigue moviéndose con lentitud, al menos en público. Cualquier apertura con las FARC de-sataría una fuerte oposición debido al recuerdo de las fallidas negociaciones de 1998-2002. Cualquier concesión será difícil de aceptar para los colombianos, en particular desde que el grupo intensificó sus ataques en las últimas semanas tras varios años de relativa tranquillidad.

Las FARC también han sido llamadas a liberar rehenes civiles. Una ONG local documentó más de 400 casos. Su libertad será probablemente la próxima condición antes de negociaciones directas.

En tanto, la guerrilla, que aún domina partes aisladas del país, seguirá siendo una amenaza a la seguridad, aunque mucho menor que a comienzos de 2000, cuando alcanzó su peak. Los ataques de las FARC han subido desde 2008, pero los militares les han dado importantes golpes. Aunque ambas partes den los pasos hacia negociaciones, no es probable un acuerdo a corto plazo.

Incluso aunque se concrete finalmente, persistirán amenazas a la seguridad en forma de “bandas criminales” que captan a ex combatientes, principalmente paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron a mediados de 2000, y controlan el narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos, como las FARC, puede realizar actos violentos, y representan un continuo desafío a la seguridad.