Este jueves 29 de diciembre, la Comisión de Constitución del Senado despachó a Sala la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente, misma que se comenzará a discutir y votar, el martes 3 de enero. Tal como se había acordado, las muchas indicaciones que se aprobaron en esta parte del debate no modificaron el espíritu del acuerdo político que le dio origen. Todo, con el objetivo de no repetir los errores del primer intento, para lo cual servirán de fundamento las bases institucionales que contempla el proyecto. Con todo, existe la duda acerca de si el texto rechazado, o al menos partes de él, debieran ser insumo para la labor del Consejo Constitucional.
Las opiniones están divididas y reflejan, tal vez, el 62% que rechazó la propuesta en septiembre pasado, pero hay abogados que estiman que había tópicos rescatables en el documento que elaboró la Convención, pero que habría que mejorar. Otros, en cambio, son más tajantes en que si fue rechazada, el nuevo texto debe ser diferente.
Entre estos últimos, el abogado Pablo Cifuentes, socio de CBC Abogados, plantea que aunque pudieran darse coincidencia temáticas, como resultado de la naturaleza misma del proceso; “considerar la propuesta constitucional de la Convención como un insumo directo para el nuevo trabajo, (…), sin duda sería un gran error”, porque –a su juicio- ello implicaría pasar por sobre la voluntad soberana que estuvo por desestimar su aproximación y contenido.
Lo que el abogado Andrés Pumarino de Legaltrust, complementa señalando que “el gran desafío” que se presenta en este nuevo proceso es que las bases institucionales sean aceptadas por una gran mayoría, de manera que “existan puntos de unión con miras a tener una discusión ordenada en el próximo proceso constitucional”. Y advierte que la nueva Constitución debe hacerse cargo de las necesidades del país en los próximos 50 años, en el contexto de lo que llama la “Cuarta Revolución Industrial” y de un gran cambio socio cultural”, por lo que en el marco de las políticas públicas “se deberá explorar qué materias, derechos o principios ligados al desarrollo digital del país podrían incorporarse en el texto constitucional”, plantea.
A ellos se suma la mirada que sobre temas relacionados con la minería y los recursos naturales expone el abogado Daniel Weinstein, socio de Urzúa Abogados, quien tiene la convicción de que al menos en estos ámbitos no habría aspectos rescatables dignos de mencionar, incluso señala que –a su juicio- se deberían hacer cambios a la regulación de la minería, por ejemplo, “para permitir un mayor dinamismo de la propiedad minera, sin descuidar eso sí la certeza que debe darse a los inversionistas”. Sin embargo, estima que esto “requiere de un análisis y discusión que, por los plazos y expertise requerido, sería conveniente hacer de forma separada a la discusión constitucional”.
Derecho de propiedad
En la otra vereda, entre quienes que habría aspectos que rescatar del primer texto constitucional, la abogada socia de Antolín Ruiz Abogados, Manuela Ruiz, destaca que más allá de las dudas que en un inicio se generaron en cuanto al derecho de propiedad, le parece que “la propuesta anterior consagraba este derecho en un alcance similar al actual, lo que es positivo en un Estado de derecho que valora la certeza jurídica”.
Y otro aspecto que también valora, aunque fue muy debatido durante la redacción del primer documento y que incluso algunos creen que contribuyó bastante al rechazo de esa propuesta, es la “inclusión expresa de la cosmovisión de los pueblos originarios”, aunque aclara que en este segundo intento “debiese incorporarse de una manera más atenuada que en la propuesta rechazada, atendida su representatividad demográfica”.
Mientras que desde el punto de vista del abogado Branislav Marelic, socio de la consultora en Derechos Humanos y Empresas Valor Sostenible, del proceso anterior habría que “rescatar el impulso en reconocer y garantizar los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos sociales y culturales”. Lo que, a su juicio, está íntimamente ligado con mantener la cláusula acerca de que el Estado será social y democrático.
Y, a diferencia de lo que cree la mayoría sobre este tema, Marelic rescataría la creación de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Justicia, instituciones que estima “imprescindibles”; aunque advierte que la forma de elección de los titulares de estos órganos, que definió el proceso anterior, no fue la más idónea, por lo que “el nuevo proceso tiene la oportunidad de mantener estas instituciones y corregir esos errores".
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