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Publicado: Sábado 13 de noviembre de 2021 a las 21:00 hrs.
Lo reclutaron hace casi un mes. El ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien dejó el municipio en junio, es ahora asesor del gremio empresarial en temas de la Convención Constituyente.
Su labor consiste en monitorear las fechas importantes para alertar al presidente y sus ramas de incribirse en comisiones, advertir plazos, enseñarles las formas de participar en distintas instancias de discusión, etc.
Formalmente se reúne todos los viernes durante unos 40 minutos con el presidente de la CPC, Juan Sutil, el gerente general, Fernando Alvear, y los presidentes de las ramas, a veces por Zoom, otras presencial.
Pero además les envía mensajes o los llama cuando deben informarse sobre ciertos pasos a considerar. Fue el propio Sutil quien lo fichó, principalmente por sus redes políticas, para hacer de contraparte en la articulación que está impulsando junto a otros gremios sectoriales para levantar causas ante la Convención.
En paralelo, Alessandri retomó su trabajo jurídico en el estudio Ossa Alessandri que fundó hace 14 años con Francisco Ossa, hermano del ministro de la Segpres y que se enfoca principalmente en temas corporativos, medioambientales y de energías renovables. A su oficina en la calle El Bosque llega todas las mañanas, y poco a poco ha retomado a los clientes que dejó cuatro años atrás para dedicarse a la labor pública.
Además, es presidente del directorio del GAM y lo reclutaron en tres directorios: uno del sector remates y outlets; otro del área de la salud ocupacional y el tercero del sector comercial.
Estudio sostiene que solo once de las 34 comunas del Gran Santiago tienen aprobado su PIIMEP, a pesar de que -se afirma- ya están recaudando recursos por esta vía desde 2021.
En total, se trataría de 1.910.610 consultas y 312.628 cirugías en todo el país, que podrían realizarse si se usa la totalidad de la capacidad de los prestadores privados y aplicando criterios de movilidad de pacientes y recursos médicos.
El Consejo de Corfo define qué proyectos de investigación y desarrollo se financian con el dinero de los contratos de arriendo del Salar de Atacama. Hasta ahora, ambas compañías han entregado unos US$ 200 millones.
La medición también constató que el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo.