Hace unas pocas semanas la sola idea de que la oposición evitara avanzar en la reforma de pensiones a la espera del resultado del proceso constitucional era una tesis que corría por los pasillos del Congreso, y que era muy mal vista por el oficialismo. Pero el fin de semana sorprendió a algunos representantes de sector, que fuera el propio Gobierno el que evalúa esa posibilidad, lo que implica que una de las reformas emblemáticas de la administración Boric estaría quedando rezagada a un punto que podría resultar insalvable avanzar en ella durante este Gobierno.
De ahí que las reacciones a esta posibilidad no se hicieran esperar desde uno y otro lado. Y, a lo menos, fue tema de conversación y análisis en los pasillos del Congreso Nacional.
No obstante, el diputado socialista Juan Santana, quien encabeza la Comisión de Trabajo de la Cámara, se organizó con el representante del partido en su homóloga del Senado, Gastón Saavedra; y juntos llegaron el lunes en la mañana al Palacio de La Moneda. En su periplo por la casa de Gobierno le plantearon a la Segpres la necesidad de apurar la discusión de la reforma de pensiones, en contrario a lo que se estaría evaluando en Trabajo.
Por otra parte, el objetivo de los parlamentarios sería alertar al Comité Político acerca de lo inapropiado que resultaría postergar la tramitación hasta después del plebiscito o incluso para los primeros meses de 2024, entre otras cosas, porque es una de las propuestas emblemáticas del presidente Gabriel Boric y seguir retardando su tramitación constituye una mala señal hacia la ciudadanía.
Pero, además de todo esto, en el Partido Socialista existe molestia –algo que es más bien transversal en el oficialismo– respecto de que los parlamentarios de Gobierno no hayan sido puestos sobre aviso respecto del tema y que se hayan vuelto a enterar por la prensa.
“Chantaje” opositor
De hecho, ante la prensa, el diputado Santana manifestó la preocupación, a nombre propio y del senador, “por estas ideas que han estado circulando” de postergar la tramitación de la reforma previsional hasta después del plebiscito, añadiendo que resulta “indispensable” que se retome su discusión y se ponga en tabla o ingresando una indicación en los términos que estime el Gobierno.
Ello, porque “creemos que no se puede llegar a un acuerdo con quienes no quieren llegar a un acuerdo y, naturalmente, la forma de avanzar en esa dirección es obligar a que quienes tienen que tomar postura, en un debate tan importante como es el de las pensiones, lo puedan hacer”, argumentó Santana. Por lo que a continuación, instó al Ejecutivo a darle celeridad a la tramitación de la reforma y no seguir postergándola “por un chantaje que es inaceptable por parte de la derecha”.
Pese a desconocer que el Gobierno evalúa postergar la tramitación de la iniciativa post plebiscito, Santana aseguró que el sector tiene una “comunicación fluida con la ministra Jara”, aunque aclaró que aún no tienen una información formal de la idea que parece discurrir en el Gobierno, pero que en cualquier caso la posición de los socialistas es que la reforma se debe votar “a la brevedad”.
Idea “sensata”
En contraste con Santana y Saavedra, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Daniel Manouchehri, señaló que si se ha esperado más de 10 años por una reforma al sistema de pensiones “no hay problema en que podamos esperar uno o dos meses más para construir un acuerdo que permita sacar la reforma de pensiones”, para presentar una propuesta que se pueda aprobar.
Una mirada similar esbozó el integrante de la Comisión de Trabajo Héctor Ulloa (indep. PPD), quien calificó de “bastante sensata” la decisión del Gobierno de postergar hasta después del plebiscito la tramitación de la reforma, porque como se ha visto, “al menos en materia de pensiones, existe un peligro muy importante” recalca y es que dado que el Consejo Constitucional está entregando un derecho de propiedad a los trabajadores sobre sus fondos, no deja espacio a la seguridad social, por lo que el proyecto de reforma podría colisionar con una norma de rango mayor que establece que no se puede hacer solidaridad con los fondos.
Mal proyecto
Desde la vereda opositora, el jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, puntualizó que “la ministra Jara hace algo similar a lo que hizo el exministro Jackson al amarrarse a un resultado electoral respecto de la agenda futura” y que si el Gobierno tiene que modificar el proyecto, es porque “es un mal proyecto, no porque aprobamos o no la Constitución”.
Desde su punto de vista, de aprobarse la Constitución en los términos que se está redactando actualmente, el Gobierno tendría que modificar su proyecto, porque significaría que la mayoría de los chilenos rechaza un sistema de reparto. E insistió en que se separe la iniciativa para aprobar el aumento a la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil y, además, acordar su financiamiento paralelamente al beneficio.
En la misma línea, la diputada del Partido de la Gente (PDG) Karen Medina señaló que si el Gobierno evalúa la medida en cuestión, ello “es un reflejo de cómo han sido las conversaciones, el diálogo entre el oficialismo y la oposición; y de la poca voluntad que hay de consensuar acuerdos, no solo en esta reforma, sino que también lo podemos ver en el pacto fiscal”.
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