Bajo presión se encuentra el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry.
La próxima semana, la autoridad acudirá al Congreso para dar explicaciones en medio de denuncias de gremios profesionales, como el Colegio de Contadores y el correspondiente a los abogados, por citar algunos, de ilegalidades y cargas tributarias desproporcionadas sin razones aparentes.
A esto se le agrega la lupa del Congreso sobre el aumento que han exhibido las contribuciones de bienes raíces en zonas con un acentuado deterioro urbano y las complejidades que tuvo la última Operación Renta.
Ricardo Escobar suscribe las preocupaciones expuestas por asesores tributarios y gremios profesionales.
“Seguir adelante con pretensiones absurdas, sin sentido económico o jurídico, desprestigia al SII, y le da argumentos a los que siempre dicen que es legítimo tratar de pagar menos impuestos como sea”.
Quien encabezara el SII entre 2006 y 2010 plantea que las críticas tienen como base casos concretos, ya que hay “miles de contribuyentes que están afectados por acciones del SII, cuya legalidad es dudosa o derechamente contra la ley”.
“No se trata acá de las habituales discrepancias entre el SII y algunos contribuyentes, sino de acciones sistemáticas donde del mismo modo que se reclama por contribuyentes agresivos que no pagan lo que deberían, se ve al SII tratando de cobrar impuestos donde no debería o de evitar devolver impuestos a quienes tienen derecho”, señala el hoy socio del estudio Bofill Escobar Silva Abogados.
Escobar señala que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “se equivoca cuando subestima el reclamo público”, al defender a Etcheberry y apuntar a conflictos de interés de los asesores fiscales.
“No debe ser tomado a la ligera, no recuerdo algo parecido durante mi carrera profesional”, expone el abogado de la U. de Chile, con una maestría en Derecho en la Universidad de California en Berkeley.
“Si el Gobierno plantea que los empresarios son unas especies de abusadores y evasores, se empieza a instalar una cultura tóxica en los servicios públicos, donde todo se ve con sospecha”.
- ¿Cuál de los puntos denunciados cree que es más grave?
- Hay dos tipos de situaciones que me parecen las más graves.
Una, es la de cientos de fiscalizaciones en las que se pretende cobrar impuestos cuando no corresponde. Por ejemplo, en casos en que lo que se discute, si estuviera correcto el Servicio de Impuestos Internos, el caso estaría más allá de los tres años de prescripción. A sabiendas, se sigue adelante, obligando a llevar el caso a tribunales, con años de litigio, gastos de defensa para las dos partes. Casos en los que falta supervisión, control de calidad intermedia. Seguir adelante con pretensiones absurdas, sin sentido económico o jurídico, desprestigia al SII, y le da argumentos a los que siempre dicen que es legítimo tratar de pagar menos impuestos como sea.
- ¿Y la otra situación?
- La falta de atención a solucionar administrativamente errores manifiestos, bien del SII, bien de parte del contribuyente.
El SII es, como dice su nombre, un servicio, debe servir a los contribuyentes, facilitar el cumplimiento tributario. El Fisco depende de que las empresas y las personas hagan su actividad económica normalmente y que paguen lo que corresponda, no más ni menos.
Por ejemplo, cuando el SII demora devoluciones de impuestos, con excusas formales autogeneradas, como una anotación en la hoja de vida del contribuyente, la cual no hay manera expedita de discutir o resolver, eso no tiene justificación alguna.
- ¿Qué cree que llevó a esta situación? ¿Cuál es el punto de inflexión?
- No lo sé con certeza, pero ha sido algo que ha ido creciendo durante varios años. Probablemente, tiene que ver con el ambiente político económico. Si el Gobierno plantea que los empresarios son unas especies de abusadores y evasores, se empieza a instalar una cultura tóxica en los servicios públicos, donde todo se ve con sospecha, como una maniobra donde en alguna parte hay un truco. Los funcionarios se cubren entonces, se ponen armadura, escudo y lanza y se olvida la razón, que es la base del derecho.
La Ley tributaria es, como toda la legislación, el producto de la lógica. Si no se la lee con esa perspectiva, entonces volvemos a la edad media.
- ¿Cuánto tienen que ver las reformas tributarias que se han legislado en los últimos 10 años?
- Bastante, llevamos años de reformas tributarias frecuentes y complejas, que hacen muy difícil entender el sistema. ¿Qué posibilidad tiene un empresario pequeño de Linares, la Ligua o La Granja de acceder a contadores o abogados que los asesoren sin equivocarse, que estén al día? Muy pocas.
En el SII pasa lo mismo. Me imagino a la gente de recursos humanos tratando de preparar cursos de actualización que tienen que botar a la basura cada dos años, justo cuando acaban de entrenar a los funcionarios, ya tienen que empezar de nuevo.
Esta manera de hacer política tributaria, con un péndulo ideológico como brújula, solo fabrica conflictos innecesarios, no recauda más. Y lo que es más grave, deja a los contribuyentes de menores recursos entregados al arbitrio del funcionario de turno y de la poca capacidad de quien sea el asesor al que puede acceder, si es que lo tiene.
Ecos del caso Johnson´s
- Basado en su experiencia encabezando el SII y también litigando contra él, ¿ve un servicio mucho más agresivo hoy en su fiscalización?
- Por varios años se ve falta de control de calidad, como dije antes.
Cuando a una empresa que ha comprado mercadería, ha pagado por ella con cheques o transferencias, y ha recibido una factura válidamente emitida por el vendedor, no se divisa por qué podría ser querellada por uso de factura falsa sobre la base de que el SII tiene evidencia de que el vendedor tiene problemas con sus declaraciones de IVA, o es de difícil localización.
Ciertamente, el SII debe actuar con todo el rigor contra ese vendedor, ¿pero qué culpa tiene el comprador, la empresa que recibió las mercaderías, las pagó, y recibió una factura correctamente describiendo la operación y validada en los sistemas del SII?
Asumo que es falta de control de calidad en las etapas intermedias. De lo contrario, habría que entender que hay una decisión superior de proceder en forma arbitraria, tratando de cobrar impuestos donde sea más fácil, aunque no corresponda. No creo que sea esa la causa.
- ¿Entonces?
- Algo que puede explicar dónde estamos es lo que pasó con el caso Johnson´s hace más de una década, donde el SII acertadamente condonó multas e intereses a una empresa quebrada, donde la posibilidad de cobrar esas multas e impuestos para el Fisco era nula, asegurando así que se pudiera vender la empresa y que el nuevo dueño pagara los impuestos y reajustes. Esto dio lugar a una filtración de información a la prensa, y los dirigentes gremiales del SII de entonces, con un foco político más que técnico, pusieron en tela de juicio la acción de los superiores.
Esto ha llevado que los que deben controlar el trabajo de los fiscalizadores se inhiban de corregir errores, bajo la presión de ser acusados como “pro-contribuyentes”, que es el equivalente actual a ser un hereje en la edad media. Así, lo que debiera ser una simple corrección de un error, se convierte en una cadena de firmas que lo confirman, porque nadie se atreve a arreglarlo. “Que lo resuelvan los tribunales, yo no me meto”, parece ser la regla desde el caso Johnson´s. Esto es fatal para el sistema y el prestigio del SII.
- ¿Ve una solución?
- Estar cambiando directores a cada rato no tiene sentido. Javier Etcheberry tiene experiencia de sobra, y necesita tiempo para poder actuar y corregir problemas que se arrastran por más de una década.
Se necesita foco en la gestión, pero con un mayor control de legalidad de los procedimientos. Situaciones como los ejemplos que mencioné no llegan al director nacional, no tiene cómo enterarse de ellas.
La solución es volver a lo más básico. Los impuestos se establecen por Ley, por nuestros representantes en el Gobierno y el Congreso. Nosotros, el pueblo, encargamos al Estado, que es el acreedor de lo que legislamos, que por medio del SII administre el cobro de esos impuestos, usando facultades que la Ley da, no más ni menos. El trabajo del SII en todos los niveles debe diseñarse para que se respeten esos principios. Si no, se traiciona las bases de la democracia.
El funcionario que, a sabiendas, cobra impuestos a quien no los debe, o niega o demora la devolución de impuestos a quien tiene derecho a ella, no está cumpliendo con su función, está traicionando el prestigio de la que ha sido siempre la mejor institución del Estado en Chile.
La arbitrariedad en el cobro o devolución de impuestos es la negación de la democracia.
Fraccionamiento pesquero: “Si alguien sostiene que no contraviene la Constitución, me parece que vive en un país distinto”
El abogado apunta a que la reducción de cuotas a los pescadores industriales implica una expropiación sin mediar una ley ni una compensación.
- La semana pasada usted publicó una dura columna en el marco del debate de la ley de fraccionamiento pesquero. ¿Considera que es inconstitucional el proyecto? ¿Cuáles son sus argumentos?
- La Constitución dice: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación”.
Los pesqueros industriales adquirieron sus licencias de pesca de acuerdo con la ley que les permitió cambiar voluntariamente permisos indefinidos no transables que tenían antes por licencias que vencen el año 2032, o bien comprando las licencias en subastas que la ley definió. Estas licencias son transables, se venden, tienen valor en los balances, se entregan en garantía a los bancos. Esto es posible porque dan derecho a participar en la pesca de una especie. En el caso del jurel, por ejemplo, el porcentaje es 90% de la cuota anual de Chile para pescadores industriales.
El nuevo fraccionamiento les quita parte de ese derecho y se lo regala a los llamados pescadores artesanales. Que no son los pescadores con un bote en una caleta, sino empresarios medianos con embarcaciones de valor equivalente a seis u ocho camiones nuevos con sus acoplados. En el caso del jurel, por ejemplo, se le quita sin expropiación parte del derecho que otorgan las licencias, se reduce de 90% a 70% de la cuota anual, sin compensación alguna.
Es evidente que se está reduciendo un atributo esencial de las licencias de pesca sin una ley de expropiación.
A quienes sostienen que la licencia no es un bien, un derecho sobre el que se pueda tener propiedad, además de tomar un curso de actualización de derecho civil, les sugiero leer la Ley de pesca. Dato, vean el artículo 43 ter.
Si se pudiera, así no más, reducir de 90% a 70%, sin compensar al afectado, nada impediría reducirlo a 1%, ¿correcto? 70% es un número como cualquier otro, pudo haber sido 50% o 25%.
Si alguien sostiene que este tipo de legislación en Chile no contraviene la Constitución, me parece que vive en un país distinto de aquel en que yo estudié derecho y ejerzo como abogado.
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