Por G. Cerda / M. Sánchez /
C. Betancourt
Una apuesta de último minuto que busca restar adhesión de los funcionarios públicos a la convocatoria al paro nacional de hoy y mañana, realizó ayer el gobierno. El ministro de Hacienda y de Salud, Felipe Larraín y Jaime Mañalich, respectivamente, anunciaron un acuerdo en el marco de la mesa de salud que negocia, desde el 28 de julio pasado, el bono de incentivo al retiro.
Larraín explicó que se “alcanzó un acuerdo con la porción mayoritaria de trabajadores de la salud, Confenats, Fentess, Fenats y Fenfussap, que involucra a un poco más de 70 mil funcionarios de la salud, de un total de 90 mil dependientes del Ministerio del ramo (80% de los trabajadores de la salud pública que corresponde a un 35% de los funcionarios del sector público), por lo que estamos muy satisfechos”.
Lo central del acuerdo contempla un mes de remuneración por año de servicio, con un máximo de 11 meses. Además, se resuelven las restricciones al retiro de funcionarias, incluyendo la posibilidad de trabajar hasta los 65 años sin perder el beneficio. Este acuergo rige hasta el 30 de junio de 2014 y la retroactividad del mismo a partir del 1 de julio de 2010.
Cabe destacar que hasta ayer, las señales hacia el sector público apuntaron sólo a que los días no trabajados serían descontados, lo cual ha sido rechazado enérgicamente por la ANEF.
“Costos del paro”
“Al hacer un cálculo grueso respecto del costo de un día de no trabajo, de paralización, es del orden de US$ 200 millones diario para Chile”, sentenció Larraín al tiempo que reiteró la ilegalidad de la convocatoria. “Tiene una serie de características que más se asemejan a un programa de gobierno que a una convocatoria por aspiraciones sindicales (…) si los dirigentes que lo convocaron tienen ese tipo de demandas insatisfechas por más de 20 años, y justamente ahora se están expresando, lo que tienen que hacer es ganar en las urnas el derecho de gobernar este país”.
Punto de inflexión
En la antesala del paro que se inicia hoy, en La Moneda miran el escenario como la oportunidad para que “un punto de inflexión” en medio de la agitación social que se vive por estos días. Es decir, que estas dos jornadas de “anormalidad” permitan avanzar en un acuerdo.
Es que, señalan fuentes, el análisis esbozado fue que la gente ya está cansada de la tensión que existe en el ambiente y de los desórdenes que producen las movilizaciones, por tanto, “es posible” que se aproxime una vía de solución por ejemplo, del conflicto estudiantil.
Otro análisis apuntaba a que las manifestaciones no pararán aquí. Que si dentro de los próximos 15 días no hay una solución a la crisis en la educación se sumarán otro tipo de reivindicaciones que podría incluir a los sectores más populares, que aún no se hacen presente. Hasta ahora sólo sería la clase media la que está más involucrada en estas movilizaciones.
En este panorama, no podría esperarse un acuerdo como el que logró en el gobierno de Ricardo Lagos, el hoy ministro Pablo Longueira, dado que hoy en la oposición no existe un solo interlocutor “respetado y obedecido” por sus pares, al contrario, la lectura es que hasta la Concertación está divida frente a la coyuntura.
Plan de contingencia
En tanto, un detallado plan de contingencia a nivel nacional preparó La Moneda para enfrentar la jornada de paralización, que considera una arista de tipo operativo y otra comunicacional.
Desde primera hora, los ministros sectoriales estarán en terreno monitoreando y marcando presencia en aquellos puntos considerados como “estratégicos”: consultorios, estaciones del Transantiago, Metro y calles “conflictivas”, entre otros. La idea es garantizar el normal funcionamiento de aquellos servicios resguardando su seguridad. Según los análisis de La Moneda, se prevén jornadas “complejas”, acompañadas de apagones y con complicaciones en los terminales de locomoción colectiva. En tanto, el presidente Piñera se abocará a actividades vinculadas a anuncios en materia social.
Respecto del jueves, la intención del gobierno es dar autorización a tres de las cuatro marchas solicitadas por los organizadores, siempre y cuando se respete el perímetro correspondido desde Plaza Italia y, en especial, La Moneda, porque según afirman en Palacio, “la diferencia es que serán marchas y desplazamientos ciudadanos, no una marcha juvenil”.
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