Pese a que la presidenta Michelle Bachelet designará esta tarde a los 12 miembros que conformarán el Consejo Asesor para que elabore una propuesta que regule la relación entre la política y los negocios, en la Nueva Mayoría surgen cuestionamientos respecto de si dicha instancia es suficiente –como señal política- para evitar que el caso Dávalos siga escalando.
En ese cuadro es que los partidos oficialistas decidieron adelantarse al grupo que asesorará al gobierno en el tema, y llegaron al comité político de ayer, con el anuncio de que en el plazo de 15 días le entregarán a La Moneda un texto con la postura de los partidos en la materia. Dicho documento sería elaborado conjuntamente entre los secretarios generales de los partidos.
Ante el progresivo desprestigio de las instituciones y el acelerado ritmo al que avanza la investigación del caso Dávalos tras la denuncia de la oposición (ver nota relacionada), en la Nueva Mayoría, sostienen que más que una propuesta de un grupo técnico, es necesario que la propia clase política tome –con celeridad- cartas en el asunto respecto de un tema del que, según dicen, ya hay un extendido acuerdo de cómo debiese abordarse.
La urgencia que manifiestan en la coalición también encuentra justificación en que otros proyectos estructurales del programa de gobierno estarían en modo standby hasta que se logre una salida a la crisis provocada por el escándalo que protagonizó el hijo de la Presidenta. Ese sería, según dicen en la NM, el motivo del retraso de las iniciativas en educación.
Al respecto el secretario general de la DC, Víctor Maldonado, afirmó que "se requiere mucha más rapidez que la definición de una comisión que en algún plazo a determinar dará conclusiones. Esto no es un problema técnico, sino político donde hay un amplio consenso técnico. ¿Para qué esperar? Hay que apurar la causa". Esta movida radica también en que "los técnicos darán a conocer un abanico de posibilidades que ya conocemos". Según sostiene el DC, los expertos deberían encargarse de la implementación de una medida construida por la clase política, y no al revés.
Apuntando en la misma dirección, el jefe de bancada PS, diputado Marcelo Schilling, señala que "para qué esperar a una comisión cuando lo que la ciudadanía está pidiendo es prueba de la blancura ahora, no en seis meses más. El gobierno tiene que actuar con decisión ahora". Además, argumenta que muchas de las iniciativas legales que permitirían regular la política y los negocios, ya existen en el Congreso y que a ellas, "se le pueden hacer indicaciones si se quieren endurecer las cosas".
Por su parte, el timonel del MAS, senador Alejandro Navarro, también criticó la idea del Comité Asesor: "Espero que haya un pronto actuar, el tiempo es importante. El problema no se resuelve solo con un comité técnico, se requiere un nexo directo con la ciudadanía y no sólo con expertos técnicos", dijo.
La cita no concretada
Con el foco puesto en que se deben implementar medidas a la brevedad en materia de transparencia, un grupo transversal de senadores -Isabel Allende (PS), Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI), Alberto Espina (RN), y Patricio Walker (DC)- desarrolló su propia propuesta sobre el tema. De hecho, para ayer al medio día tenían agendada una reunión para exponer sus puntos frente a la presidenta Bachelet. Sin embargo, la cita fue suspendida a último minuto, pues la mandataria se habría inclinado por recibirlos luego de que mañana a las 19 horas designe a los miembros que conformarán el Comité Asesor.
Nuevas instancias de coordinación
Aunque este tema se tomó importante parte del comité político de ayer, en la instancia también se definió una nueva fórmula de coordinación entre los partidos y La Moneda –algo que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, venía insistiendo desde fines del año pasado.
Así, habrá cinco espacios de comunicación: el comité político –que ahora funcionará quincenalmente, en vez de todas las semanas-; jornadas bimensuales entre secretarios generales de partidos y jefes de bancada; citas del vocero Álvaro Elizalde con los secretarios generales de partidos los jueves; reunión de la titular de la Segpres Ximena Rincón con los jefes de bancada, y jornadas mensuales entre los intendentes y los presidentes de partido.
Además, el gobierno detalló a los presidentes de la NM las 15 prioridades legislativas que deberán ser aprobadas antes del 21 de mayo.
NM se prepara ante nuevas diligencias por caso Caval
"Vamos a tomar todas las medidas, afecte a quien afecte". Esta ha sido la única alusión que, hasta ahora, ha hecho la presidenta, Michelle Bachelet, en una indirecta referencia al complejo momento que vive su hijo, Sebastián Dávalos, a raíz de la investigación que realiza la Fiscalia de la región de O´Higgins por la compra de terrenos que hizo la empresa Caval, cuya propiedad en un 50% pertenece a su esposa Natalia Compagnon.
Así en el marco de la indagatoria que encabeza el fiscal de Rancagua, Luis Toledo, para esclarecer cómo se llevó a efecto la controvertida adqusición de los predios ubicados en Machalí, es que el pasado viernes se incautaron computadores y pendrives, desde la residencia de Dávalos y su mujer, en la comuna de La Reina, en un trámite- normal dentro de todo proceso de investigación- que fue efectuado sin mayores problemas, según explicó ayer el propio Toledo.
Estas diligencias pueden continuar, por ejemplo, incluso solicitando la incautación de los computadores de la ex oficina de Dávalos, en La Moneda, lugar donde se desempeñaba hasta hace algunas semanas como director sociocultural del gobierno.
En este escenario también es probable que en algún momento el primogénito de la mandataria deba concurrir a declarar.
Por su parte esta semana RN concretaría la presentación de una querella en la causa, asunto que aún se está evaluando con el equipo de abogados.
Quien sí presentó una querella por el delito de estafa en contra de Caval, fue la empresa Silca, la que adquirió los predios que posteriormente vendió la firma de la nuera de la mandataria. A su vez, los abogados de Silca se reunieron con el fiscal para entregarle en forma voluntaria un computador, correos electrónicos y otros documentos relacionados con la negociación.
Reacción en La Moneda
El tema preocupa tanto en Palacio como en la Nueva Mayoría, pues ven que la situación puede continuar escalando. Estas "diligencias son buenas y malas, buenas porque se ve que la Justicia actúa sin distinciones, malas porque claramente es un embrollo que afecta nuestra imagen", afirma un timonel de partido.
Desde el gobierno, el vocero, Álvaro Elizalde, destacó que la Fiscalía está haciendo su trabajo y que estas indagaciones "no creo que tenga un impacto sustantivo" en la mandataria.
En tanto, prensa internacional como la colombiana ya está cubriendo el caso, por el interés que concita que el hijo de la mandataria esté involucrado en una investigación judicial.
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