En condiciones de ser promulgada como ley quedó el proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y permite contar con más y mejores herramientas para neutralizar las bandas, eliminando sus fuentes de ingresos.
La iniciativa considera la incorporación de las automotoras como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de activos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Según la ley despachada por el Congreso, las nuevas actividades obligadas, una vez que se publique la ley respectiva, serán las siguientes: automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos (caballos) de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas.
Según el mensaje del proyecto que justificó la medida, “las organizaciones delictuales tienen una gran capacidad económica generada por el producto del narcotráfico, que les permite la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles”, y precisa que “dentro de los bienes que comúnmente se suelen incautar, están los vehículos motorizados, los que en ocasiones son utilizados para facilitar la comisión de estos delitos o incluso, para adquirir estatus dentro del mundo del hampa”.
Y también se sostiene que “la inclusión de equinos de raza pura se debe a que la UAF ha informado que bandas de narcotráfico han adquirido este tipo de animales mediante dinero en efectivo, configurándose en ciertos casos el delito de lavado de activos” y se precisó que la norma apunta a la compraventa de caballos que se pagan en efectivo.
UAF aplica inteligencia financiera
El director de la UAF, Carlos Pavez, destacó que la nueva norma “es un avance importante para seguir fortaleciendo nuestro Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, y estar en línea con los más altos estándares internacionales”.
Considera que las automotoras deben ser supervisadas y deben establecer medidas antilavado y de debida diligencia. “Las sentencias condenatorias que los Tribunales de Justicia chilenos han dictado entre los años 2007 y 2021 nos muestran que dicho sector es uno de los más vulnerados por los lavadores de activos. De ahí que resulte relevante regularlas y supervisarlas para reducir su exposición a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
Recordó que a las 40 actividades económicas que hoy reportan a la UAF (tanto operaciones sospechosas como operaciones en efectivo sobre US$10.000) se sumarán las actividades ya señaladas, lo que derivará en que unas 39.000 personas naturales y jurídicas pasarán a estar obligadas.
Ello, explicó Pavez, significa que el Registro de Entidades Reportantes subirá desde unos 8.300 a más de 47.300 inscritos y habilitados para reportar, “lo que tendrá un impacto en la regulación que deberemos emitir, en la supervisión que deberemos ejercer, en la inteligencia financiera que deberemos desarrollar y en las capacitaciones que deberemos realizar”.
Prevención y multas
El socio de BCP Abogados, Matías Balmaceda, sostuvo que sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan afectar a quienes se desempeñan en las empresas, por su comportamiento doloso o negligente en la recepción o manejo de fondos de origen ilícito, las empresas quedan sujetas en virtud de esta normativa a la actividad fiscalizadora de la UAF, la que, detectados incumplimientos a su normativa, puede aplicar sanciones que pueden llegar hasta multas de aproximadamente US$ 700.000.
Afirmó que los desafíos son importantes para los nuevos sujetos obligados en la medida que deben implementar un sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que gestione el cumplimiento de las obligaciones normativas antes mencionadas.
Balmaceda planteó que la adecuada atención de estas obligaciones por parte de las empresas no solo se hace cargo del cumplimiento de la normativa nacional sobre prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sino que además “precave el costo reputacional con que se castiga hoy en día a las empresas que se ven involucradas en este tipo de actividades ilícitas, arriesgando en definitiva su sustentabilidad. Se impone de esta forma una tarea adicional a las áreas de compliance y al gobierno corporativo en general de las compañías".
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