Lejos de poder dejar atrás el polémico caso Dávalos, un nuevo flanco complica al gobierno tras las sospechas levantadas por la sorpresiva alza en el sueldo de la consuegra de la presidenta Michelle Bachelet, Margarita Soto Acevedo, como secretaria en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Aunque dicho organismo aseguró que no hubo "trato especial", el hecho tomó por sorpresa a La Moneda y generó preocupación en la Nueva Mayoría frente a, según dijeron, "otro golpe" que no pudieron prever.
Cuando han transcurrido seis semanas desde que se hizo público el millonario negocio de Caval, en momentos en que el gobierno hace lo posible por desviar las miradas de ese escándalo, en un escenario en que –según registró Cadem- la desaprobación de Bachelet llega a un 60%, y las repercusiones del caso están cada vez más en los titulares de los medios extranjeros, la polémica que hoy causa el repentino aumento de sueldo de la madre de la esposa de Sebastián Dávalos, aparece como un factor más para que se cuestione el discurso del gobierno sobre la igualdad de oportunidades.
A partir de noviembre de 2014, Margarita Soto pasó de percibir una remuneración mensual líquida de $531.629, a $968.229 (ver recuadro), pese a no contar contar con estudios superiores. Apenas comenzó a generar revuelo en la opinión pública, la Junji emitió una declaración pública para explicar la situación. A lo que se sumó la directora, Desirée López, quien argumentó que hubo un trato completamente igualitario y que la decisión tuvo que ver con la buena evaluación del desempeño de la consuegra de Bachelet, así como su eficiencia y antigüedad en un cargo que requiere de "mucha confidencialidad".
En La Moneda respaldaron las explicaciones prestadas por la Junji, aunque fueron enfáticos en desligarse del actuar del organismo asegurando que éste es autónomo: "las decisiones que la Junji adopta en esta materia no son consultadas al gobierno", dijo el vocero, Álvaro Elizalde. Mientras que el titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, se encargó de aclarar que "ni siquiera yo sabía que Margarita Soto trabajaba en la Junji, pero lo que allí existe es una situación absolutamente regular", además de añadir que las dudas del caso debían ser planteadas directamente a esa entidad y no al Mineduc.
Reacciones en el oficialismo
El tema no pudo ser obviado en el comité político de ayer en La Moneda. Tras la cita, los presidentes de partidos se mostraron satisfechos con las explicaciones de la Junji y procuraron no dar mayor importancia al caso, aunque en privado admitieron que el hecho llegó a remecer, nuevamente al bloque de gobierno.
Así el caso fue suficiente para reflotar las críticas a la gestión del Ejecutivo y ante la imposibilidad de adelantarse a estos escenarios complejos. De hecho reprocharon que la reunión del comité político se convierta repetidamente en una instancia para afrontar emergencias, relegando a segundo plano la agenda original de temas, como el avance de las reformas estructurales.
En esa línea, el presidente del MAS, senador Alejandro Navarro, afirmó que "apitutamiento sin justificación en medio de una crisis de credibilidad es un nuevo y duro golpe (...) se lo hemos pedido al gobierno, que revise y que se anticipe y que no tengamos una nueva sorpresa cada lunes. Llegó la hora de apretar, tomar medidas. Y si hay alguien que no entiende, es el señor Dávalos que anda en recitales, cuando todos estamos preocupados de cómo salir de la crisis".
Familiares y cargos públicos
En ese marco los dirigentes oficialista plantearon al gobierno que logre adelantarse a casos de este tipo, y se considere necesario que se revisen los antecedentes de los familiares de autoridades públicas.
Junto con ello, en un contexto en que modificar estándares de transparencia y probidad se ha tomado la discusión legislativa, el caso de Margarita Soto dio un nuevo impulso a la idea de normar con mayor rigurosidad la presencia de familiares en el aparato público. Así, la senadora PS Isabel Allende señaló que "a raíz de todo lo que pasó, ya se aprendió la lección: creo que nunca más las instituciones deben quedar a cargo de un familiar, como lo fue el caso del hijo de la Presidenta".
Desde la Oposición
Por su parte, el jefe de bancada RN, diputado Alejandro Santana, criticó que "este es un hecho más que va en la línea contraria a lo que ha predicado la nueva mayoría, sobre transparencia, probidad y mérito".
la explicación de la junji
Ante el revuelo que comenzó a generar en la opinión pública la repentina alza del sueldo de Margarita Soto Acevedo, la Junji rápidamente dio explicaciones a través de un comunicado, asegurando que no hubo "ningún trato especial" hacia la consuegra de Bachelet y esclareciendo las razones del reajuste. Soto ingresa a trabajar en la entidad a honorario en 2007 -cuando Estela Ortiz, amiga personal de la Presidenta se desempeñaba como directora de la Junji- y en 2010 pasa a contrata. El alza de $531.629 a $968.229 en su sueldo responde a sus "altas calificaciones" -según el registro de la Junji, todas entre 6,8 y 7,0. Y acorde a las atribuciones del organismo, "se decide permitirle a ella (Soto) y a otros cuatro funcionarios, acogerse al grado 10 administrativo", abandonando el grado 12, lo que la sitúa en un tramo superior de remuneraciones. El escrito de la entidad también especificó que el sueldo bruto de $2.247.701, en enero, es excepcional porque considera un bono de vacaciones y la diferencia de grado que no se le pagó en noviembre y diciembre.
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