Bachelet advierte que buscarán vías para una relación empresarios-trabajadores “más justa”

La tarea no es fácil. La inconstitucionalidad de la titularidad sindical declarada por el Tribunal Constitucional no sólo impedirá al país nivelar su legislación laboral con una serie de tratados internacionales, como el Convenio 98 de la OIT, sino que podría provocar “una serie de contradicciones normativas e inconsistencias en la reforma laboral y dejar la puerta abierta para la judicialización”, como explicó el abogado Javier Couso, integrante del equipo jurídico del gobierno.

Es que la titularidad es uno de los pilares fundamentales de la reforma. Sin ella, el proyecto queda “trunco”, agregó Couso.

Por eso, el gobierno ha optado por la prudencia. Clave será el contenido del fallo y los fundamentos que entreguen cada uno de los integrantes del TC. El tribunal tiene que entregar el texto a más tardar el 9 de mayo.

El camino que tome el Ejecutivo dependerá de esos detalles. “De algunas prevenciones o afirmaciones que se pueden hacer en el voto”, según comentó una fuente ligada a la defensa constitucional de la reforma laboral.

Luego de analizar el fondo del dictamen, el gobierno tomará una decisión. “No tengan dudas que buscaremos todos los caminos que nos entrega la ley para que la relación entre empresarios y trabajadores sea más justa a lo que tenemos hoy en día”, expresó la presidenta Michelle Bachelet, quien sintetizó la postura del gobierno: “Acatamos el fallo, pero no lo compartimos”.

Esta posición fue reforzada por el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien sostuvo que “desde un punto de vista más de principios, nosotros creemos que lo que venía del Congreso tenía que ser respaldado, porque no chocaba con la Constitución”.

“Nosotros hemos perdido normas que son fundamentales frente a la decisión de mayoría, de un tribunal que ha optado por una Constitución que claramente no representa a todos”, complementó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, criticando ahora la Carta Fundamental que el gobierno busca modificar o reformar.

Los caminos

El veto presidencial es una de las opciones que baraja el gobierno. Esta herramienta permitiría a La Moneda formular observaciones a las normas impugnadas, que son la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación sindical. Las correcciones, que deben atender los argumentos del TC, se deben enviar al Congreso.

Este veto, que la Presidenta debe enviar en un plazo no mayor a los 30 días desde que el TC entregó el fallo, se debe aprobar por mayoría simple en ambas cámaras.

Otras opciones son retirar el proyecto y elaborar una nueva iniciativa, o redactar una “ley corta”, en ambos casos con el riesgo de tener nuevamente al oficialismo “peleándose” por meses en el Congreso.

Los plazos para adoptar una resolución son, nuevamente, relativos. “Siempre es bueno terminar estos proyectos que son discutidos lo más pronto posible, pero también es importante hacer cualquier cambio de la mejor manera posible. Bueno, hay un mes desde que sale el fallo hasta que se pueden hacer vetos de distinto tipo y por lo tanto, nos tomaremos algunos días para analizar el fallo”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien reiteró: “No vamos adelantar ningún paso”.

"Muchas materias se explicaban en función de normas declaradas inconstitucionales"

La bala disparada por el Tribunal Constitucional (TC) al corazón de la reforma laboral no pasó inadvertida en la cuenta pública 2015 de la Dirección del Trabajo (DT). En Valdivia, la máxima autoridad del servicio, Christian Melis, comentó ayer el pronunciamiento que declara inconstitucional la titularidad sindical y acoge parcialmente el reclamo por extensión de beneficios, asegurando que "es una mala noticia" para el país y los trabajadores.

"Efectivamente, entendemos que lo que hace el fallo es atacar el corazón de las normas de la reforma laboral que resaltaban la libertad sindical en nuestro país, por lo tanto es una mala noticia para la reforma y los trabajadores", sentenció.

El director del Trabajo aseguró que el gobierno evaluará la resolución del TC una vez que se conozca en detalle y sólo entonces decidirá "cuáles son las alternativas que nacen a partir de esta decisión". Sin embargo, adelantó que "muchas de las normas que estaban en el proyecto y que no fueron objeto del requerimiento (de la oposición al gobierno) se explicaban en función de estas normas que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales".

Melis, eso sí, aclaró que "obviamente hay que hacer el análisis de cuál es la incidencia efectiva que tiene este fallo en la totalidad y globalidad del proyecto".

Precisamente, la institución juega un rol clave en la ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo. Si bien no involucra cambios para la estructura institucional propiamente tal, la nueva ley laboral entrega nuevas funciones, como la determinación de los servicios mínimos o el nuevo sistema de arbitraje. Y, además, la ampliación de funciones que ya realiza, como un mayor número de mediaciones o los procedimientos de revisión de nóminas de negociación.

De hecho, considerando las nuevas tareas, la DT ya comenzó un plan de trabajo para la aplicación de la reforma, que considera capacitación de funcionarios y dirigentes sindicales, la constitución de una unidad especializada en lo referido a servicios mínimos, asistencia técnica a empleadores de empresas de menor tamaño, cartillas de difusión y divulgación de la ley, entre otras acciones.

El proceso de implementación, además, irá de la mano del trabajo en torno al proyecto de modernización de la institución, al cual ya se le puso el pie en el acelerador. Melis recordó que la DT está inmersa en un proceso de modernización estructural y operativa, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho proyecto de ley será enviado al Congreso por el gobierno dentro de este año para ajustar su Ley Orgánica creada en 1967 al actual mundo del trabajo.

Según informó Melis, en materia de relaciones laborales, se recibieron 175 mil solicitudes de conciliación, con un total de 183 mil trabajadores que recuperaron $89 mil millones que les eran adeudados al término de la relación laboral.

Asimismo, hubo 841 huelgas aprobadas, 705 de las cuales significaron peticiones de buenos oficios a la Dirección del Trabajo, el 57% de los cuales puso término a la negociación colectiva.