Aunque las fichas estaban puestas para que el gobierno enviara el proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo (DT) durante el segundo semestre de 2015 al Congreso, los “tiras y afloja” que empantanaron la tramitación del proyecto de reforma laboral dejaron dicha intención en “stand by”.
Esto, en circunstancias que la referida reforma le endosan a la DT nuevas atribuciones -principalmente en negociación colectiva y fortalecimiento de los sindicatos- y que posicionan al Servicio como actor principal en el nuevo puzzle del mercado del trabajo en el país.
En paralelo a la tramitación del proyecto laboral, desde el año pasado las autoridades y funcionarios de la DT han trabajado en torno a lo que sería el proyecto de modernización bajo la misma lógica de la reforma tributaria, que contempló su aprobación en el Congreso en primera instancia y luego el envío de los proyectos de modernización del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
De hecho, entre diciembre y enero se puso un pie en el acelerador al análisis en torno al texto ante el posible despacho de la reforma durante esos meses, logrando “avances sustantivos” en la etapa de discusión y levantamiento del articulado.
En esa línea, autoridades se habrían comprometido a entregar en marzo un anteproyecto a modo de borrador con la redacción del nuevo texto de modernización. Esto, para dar paso al ingreso por parte del Ejecutivo del proyecto definitivo dentro de un plazo de tres meses máximo después de la aprobación de la reforma laboral.
Así los esfuerzos estarían en lograr el ingreso del texto durante el primer semestre para evitar riesgos de “politización” durante el segundo en medio de las elecciones municipales.
El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo (Anfuntch), Raúl Campusano, asegura que “hemos entregado una gran cantidad de insumo que han coincidido en lo sustancial en términos técnicos con respecto a lo que significa el contenido matriz del texto”.
Labor que a partir del debate interno habría generado consensos entre gobierno y funcionarios. Más allá de la reconstrucción de la carrera funcionaria y la concursabilidad de los procesos, uno de los consensos estaría en avanzar en la autonomía, por lo que la fórmula que generaría más apoyo sería a través de la Alta Dirección Pública (ADP) junto a algún tipo de modificación o mejora puntual.
De hecho, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, propuso en el proyecto de modernización del Servicio Civil incluir a la DT en el ADP sumando al primer y segundo nivel jerárquico. Aunque, en la lógica de alcanzar la autonomía, las propuestas de los funcionarios estarían en llegar también a directores regionales y jefes de departamento y oficina.
Consultado por la eventual avance en la autonomía de la DT en el proyecto de modernización, el director (s) de la institución, Rafael Pereira, asegura que la entidad “tiene la facultad privativa de interpretar la ley laboral y fiscalizarla, por tanto, ya tiene esa autonomía. La DT necesita revisar procesos, modernizar su trabajo, fortalecerse institucionalmente. Su ley orgánica data de 1967, hay que revisar entonces cómo se actualiza”. Agrega que “la modernización pretende dotar a la DT de instrumentos legales que le permitan focalizar de manera estratégica su fiscalización y contar con procedimientos sancionatorios más eficaces”.
En cuanto a plazos, Pereira sostiene que espera que “las medidas legales puedan anunciarse prontamente”.
DT y reforma laboral
Un tanto más optimista es la evaluación que hacen los trabajadores del Servicio a más de un año de tramitación de la reforma, aunque advierten que el otro gran detalle a no perder de vista es la judicialización.
En la DT advierten que la institución será relevante en materia de servicios mínimos. Pereira puntualiza que en la reforma no hay cambios para la estructura institucional sino que entrega algunas nuevas funciones, “como la determinación de los servicios mínimos o el nuevo sistema de arbitraje y la ampliación de funciones que ya realizamos hoy como un mayor número de mediaciones o los procedimientos de revisión de nóminas de negociación”.
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