El año 2025 fue intenso en negociaciones colectivas. Así lo evidencian las estadísticas más recientes de la Dirección del Trabajo (DT); cerrando con 3.450 procesos de negociación colectiva, lo que significa un alza de 5,9% respecto de 2024.
Al comparar con 2020, un año que debido a la pandemia se caracterizó por la postergación de varios procesos de negociación, el incremento es de 20,6%.
Al mirar la variación de los trabajadores involucrados, se observa que este indicador no ha seguido la tendencia al alza.
De hecho, si en 2024 los procesos de diálogo entre empresas y sindicatos involucraron a 440.093 personas, en 2025 la cifra llegó a 425.559 trabajadores.
Con todo, el año pasado cerró con 3.024 instrumentos colectivos firmados, de los cuales 2.060 corresponden a contratos y 964 a convenios.
Más huelgas pero menos trabajadores
Con respecto a las paralizaciones realizadas por los trabajadores en el marco de una negociación colectiva, las cifras reflejaron un curioso fenómeno: más huelgas, pero menos personas involucradas.
En 2025 se aprobaron 832 paralizaciones, lo que implicó un aumento de 17,2% respecto de 2024 (cuando se registraron 710).
Sin embargo, del total de huelgas votadas en 2025, solo se materializaron 137. Y si bien este dato también es más alto que el registrado en 2024 (cuando se iniciaron 119 paralizaciones), involucraron una cantidad de empleados significativamente menor: 17.857 personas, lo que se traduce en una caída de 32,6% respecto 2024.
Para el director nacional (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, hay varios factores que explican la brecha entre las huelgas que se votan y las que finalmente llegan a concretarse, entre ellos el uso intensivo de la mediación y conciliación en etapas previas al inicio efectivo de la huelga, lo que permite reconducir el conflicto.
Pero, no es lo único: una nueva oferta del empleador posterior a la votación también puede destrabar el proceso. También lo explican los costos económicos y organizacionales de iniciar la huelga, que llevan a los sindicatos a priorizar la negociación.
“Durante este ciclo podemos ver que aumentan las negociaciones y las huelgas votadas porque trabajadores y sindicatos usan más los instrumentos legales disponibles, pero el hecho de que muchas no se concreten indica que mayoritariamente se logran acuerdos antes de escalar el conflicto”, destacó Santibáñez.
Fiscalización
El período anterior también cerró con 104.078 fiscalizaciones, un alza de 1,3% respecto a 2024, de las cuales 84.553 correspondieron a procesos originados por denuncias y 19.525 a programas.
Con respecto a los sectores más fiscalizados, el listado es encabezado por el comercio, y luego; reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 18.502 procesos. Le siguen actividades de servicios administrativos y de apoyo con 15.448 y transporte y almacenamiento con 9.317.
Del total de las fiscalizaciones realizadas, 73.977 finalizaron sin multa y 30.101 con una sanción. “En los últimos años se observa un aumento tanto en la cantidad de fiscalizaciones que concluyen con multa como en la efectividad de detección de infracciones, especialmente en aquellas fiscalizaciones de oficio asociadas a programas focalizados”, destacó Santibáñez.
Según agregó la autoridad, un elemento relevante es que las fiscalizaciones programadas muestran una mayor tasa de detección de infracciones en comparación con las originadas por denuncia espontánea. “Esto refleja el impacto del uso de inteligencia inspectiva, análisis de datos y selección de sectores y empleadores con mayor probabilidad de incumplimiento”, dijo.
Por estas fiscalizaciones, la DT aplicó multas que involucraron $ 150.506 millones en sanciones, lo que es un incremento de 2,6% respecto a 2024. Al comparar con 2020, el incremento en los montos involucrados es de 292%. Con todo, las cifras corresponden a los recursos iniciales asociados a las fiscalizaciones con multas y no a los montos efectivamente pagados.
Para Santibáñez, el aumento de los montos asociados a sanciones no puede atribuirse únicamente a un mayor incumplimiento. “Desde 2022 en adelante, la Dirección del Trabajo no solo incrementó el número de fiscalizaciones, sino que mejoró la capacidad de detectar y sancionar infracciones, aplicando multas cuando correspondía y con mayor rigor técnico”, dijo.
Así, agregó que la focalización en sectores de mayor riesgo y relevancia económica, junto con el fortalecimiento del cierre efectivo de los procesos inspectivos, “incidió en que las sanciones aplicadas fueran más representativas en términos de monto, superando incluso los niveles registrados antes de la pandemia”.
En síntesis, para la autoridad, “el alza en los montos responde más a una fiscalización mejor dirigida y más eficaz, que a un aumento generalizado del incumplimiento normativo”.
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Carolina León
