A raíz de la pandemia del Covid-19, durante 2020 y 2021 hubo una notoria baja en el ingreso de causas ante los juzgados laborales en comparación con 2019. Algo que, desde el punto de vista de los abogados, fue visto con buenos ojos, ya que evidenciaba una menor conflictividad entre los trabajadores y las empresas.
Pero el año pasado dicho escenario se revirtió. El ingreso de causas laborales presentadas en Juzgados del Trabajo mostró un aumento de 15,6% con respecto a 2021, totalizando 73.904, según datos de la plataforma Poder Judicial en Números.
“Durante el 2022, junto con el retorno a la normalidad, la presentación de demandas laborales ha ido recuperando sus cifras históricas, aunque aún están por debajo de los años 2018 y 2019”, destaca Lilia Jerez, exdirectora del Trabajo y actualmente directora de asuntos corporativos en GNP Canales Abogados.
Zoom a los datos
Del total de ingresos a los juzgados de primera instancia, 11.671 corresponde a demandas de tutela laboral, un procedimiento por el cual el trabajador reclama la violación de sus derechos fundamentales en la relación con el empleador, como libertad de opinión, libertad de trabajo, y el respeto y protección a la vida privada. Al comparar con 2021, en este ítem se observa un incremento de 28,4%.
Con respecto a las materias que incluyen las demandas (que puede ser más de una por causa), se observa un incremento en las reclamaciones por despido injustificado, las que pasaron de 36.373 en 2021 a 39.307 en 2022.
“En lo que respecta al alza de demandas por despido injustificado, sin duda tiene directa relación con el aumento del desempleo que actualmente está viviendo nuestro mercado laboral. Los tribunales de justicia, en este sentido, hacen eco de lo que ocurre en el país”, dijo Lilia Jerez, exdirectora del Trabajo.
Para Juan Cristóbal Iturrate, socio de Barros & Errázuriz, un factor que podría explicar el alza tras la judicialización de los despidos tendría relación con la modificación legal en el Código del Trabajo respecto a la obligación de las empresas de incorporar en la carta de término la mención a la posibilidad de dejar una reserva de derechos al momento de suscribir el finiquito. “De esta forma, hay un incentivo a la judicialización”, explica Iturriate.
Para Jerez, el aumento en este ámbito se relaciona con el incremento del desempleo que vive el mercado laboral. “Los tribunales de justicia, en este sentido, hacen eco de lo que ocurre en el país”, dice.
Pero no es lo único, sostiene la exdirectora del Trabajo. Añade que la doctrina de la Corte Suprema sobre la justificación de la causal de término de la relación laboral por necesidades de la empresa, que en la práctica eleva los requerimientos para hacer uso de dicha fundamentación por parte de las empresas, también tendría incidencia.
Esta situación, dice, puede provocar que resulte “más atractivo” para los trabajadores ir a la justicia “considerando las altas probabilidades de éxito, el presentar demandas para lograr que se declare su despido como injustificado y, por tanto, puedan acceder al dinero correspondiente al recargo de las indemnizaciones por años de servicio y a la devolución de los descuentos del seguro de cesantía que el empleador pudo realizar”, señala.
Altos tiempos de tramitación
Otro aspecto que reflejan los datos es que el tiempo promedio de duración de causas por tipo de término, en días corridos, sigue siendo alto.
Si bien hubo una disminución al contrastar 2022 con respecto a 2021, se trata de niveles llamativos: 216 días versus 192 días. Y, por ejemplo, en 2017 -cuando empezó a regir la reforma laboral de Michelle Bachelet-, el promedio de la tramitación era de 87 días.
Para Iturrate, la pandemia incidió directamente en mayores tiempos de tramitación. Según explica, entre 2020 y 2021 hubo una suspensión de las diversas tramitaciones, “lo que provocó la acumulación de demasiados juicios”.
Su planteamiento es complementado por Jerez, quien menciona que esto es un fenómeno que se arrastra hace años.
Por ello, plantea la abogada, sería necesario que se revisara a fondo el tema, “pudiendo ser una solución lo que ya se ha solicitado en orden a crear un tercer juzgado del trabajo en Santiago, o aumentar la dotación de jueces”.
No obstante, añade que a su modo de ver, “se deben buscar otras medidas, adicionales al aumento de magistrados, que den una respuesta más integral al problema, como por ejemplo revisar la distribución de las distintas jurisdicciones del país”.
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