Cerca de ocho meses restan para que concluya la administración de Gabriel Boric. Y una de las prioridades establecidas para la recta final es sacar adelante una de sus reformas más emblemáticas: el proyecto que elimina el Crédito con Aval del Estado (CAE), y lo reemplaza por un nuevo instrumento, nombrado Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).
La propuesta, ingresada a trámite en octubre pasado, establece condonaciones totales y parciales de las deudas educativas bajo ciertas condiciones, además de contemplar un mecanismo estatal de financiamiento de los estudios superiores, a cambio de que el beneficiario pague una “contribución” al Fisco de dos años por cada semestre cursado, con un tope de hasta 20 años de aporte y un techo de hasta 8% de su renta.
Luego de meses de conversaciones, la tarde de este miércoles el Ejecutivo ingresó indicaciones a la propuesta, que flexibiliza de cierta manera el nuevo instrumento.
Así, por ejemplo, se contempla la posibilidad de que los beneficiarios renuncien al FES durante distintos períodos de su carrera. De esta manera, podrían optar por financiar un año de su carrera con el vehículo estatal y otro con recursos alternativos.
Coherente con lo anterior, el Gobierno se abrió a la posibilidad de que exista copago en el nuevo sistema. O sea, que el beneficiario y su familia puedan decidir financiar parte de la carrera, en conjunto con acceder al FES.
De esta forma, se permite que los beneficiarios opten a un financiamiento equivalente al 50%, 75% y 100% del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula. La propuesta original del Gobierno establecía un nivel de copago solo para los estudiantes del 10% de mayores ingresos de la población.
Menor contribución
Las enmiendas fueron presentadas ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez.
Según explicaron, la idea de flexibilizar algunos aspectos del mecanismo también tendrá como correlato la reducción futura de la contribución que tendrá que hacer al Fisco el beneficiario.
Así, la indicación establece que, en caso de que la persona haya hecho uso del instrumento por menos del 100% del financiamiento, el monto anual de pago será equivalente al porcentaje que solicitó del FES.
Otro cambio relevante es fijar un techo para la cantidad de beneficiarios que podrán ingresar cada año al instrumento. Ese tope se estableció en hasta 80 mil personas al año.
Cataldo y Martínez indicaron que la idea es reforzar la sostenibilidad fiscal del nuevo sistema y que la demanda es similar a los beneficios que hoy se entregan: 33 mil receptores de becas estatales, 40 mil del CAE y 2.700 de fondo solidario.
Los cupos, según expusieron, se distribuirán de la siguiente manera: hasta 56.000 para quienes postulen al 100% de financiamiento; 8.000 al 75%; y 16.000 para quienes opten por 50% de financiamiento.
Extinguir responsabilidades
Otra novedad de las indicaciones ingresadas ayer a trámite se relaciona con nuevas condiciones para que se extinga la responsabilidad de la contribución al Fisco.
Así, se propone que los beneficiarios, a través del Servicio Ingresa -que reemplaza a la actual Comisión Ingresa-, pidan la extinción del pago de la contribución siempre y cuando cumplan con cuatro condiciones.
La primera es haber cumplido al menos el 90% del período de obligación de pago, descontadas las suspensiones y contado desde que se hizo exigible la obligación de contribución.
La segunda es que al momento de la solicitud, el monto pagado sea equivalente a 3,5 veces o más el valor vigente del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula.
Las últimas dos condiciones son que el beneficiario no tenga saldos adeudados por FES ante la Tesorería General de la República; y haber utilizado al menos cuatro semestres el FES si el beneficiario cursó una carrera universitaria de al menos ocho semestres.
Las enmiendas generaron un intenso debate en la comisión, que comenzará la votación en particular el martes de la próxima semana.
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