Un seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), fue el lugar escogido por el Presidente electo José Antonio Kast y su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para delinar las primeras prioridades para el nuevo mandato, con foco en retomar el crecimiento y llegar a cifras en torno al 4% y aplicar un recorte del gasto público por US$ 6.000 millones en 18 meses.
Quiroz encuadró el aterrizaje en Hacienda como un trabajo que viene de largo aliento. Dijo que era un desafío que se estaba “asumiendo desde hace mucho rato” y situó el origen de su incorporación en mayo de 2025, cuando Kast le pidió integrarse al equipo. En ese esquema, no llegó solo: lo acompañaron su jefe de gabinete, Rudy Canales, y quien asoma como probable jefe de asesores, Tomás Bunster.
“El primer mensaje que quisiera pasar es que este desafío lo venimos asumiendo hace mucho rato. Esto no comenzó ni con la primera vuelta ni con la segunda vuelta. Empezamos a trabajar desde hace mucho antes”, comenzó su intervención.
Quiroz inició su exposición con un diagnóstico que mezcló economía y política, explicando por qué decidió dar el paso al sector público. Marcó una fecha: el 18 de octubre de 2019 -en referencia al estallido social- como el inicio de “un ciclo muy malo”. Y, en ese marco, vinculó el inicio del nuevo gobierno a la conducción de José Antonio Kast: “Nos encontramos con el liderazgo del Presidente electo”.
4% de crecimiento y un giro “no marginal”
El eje central del mensaje fue la meta de crecimiento. El próximo secretario de Estado fijó como norte volver a crecer al 4% y contrastó ese objetivo con la trayectoria reciente: un promedio cercano al 2% que calificó como bajo y persistente desde 2014 en adelante. Pero insistió en que el salto no se logra con retoques: “Este es el mensaje principal que yo quisiera pasar hoy día. Todos hablamos de recuperar el crecimiento, hablamos de una cifra del 4%, de ahí hacia arriba. Cuando tú llevas 12 años creciendo al 2%, subir al 4% no se hace con cambios marginales”, explicó.
Sostuvo que a diferencia de otras candidaturas, el programa económico no tiene tantas medidas, pero se resumía de manera clara en tres líneas: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal. La apuesta, según explicó, es que el Estado deje de ahogar inversión y emprendimiento con lo que llamó una “maraña regulatoria”, y que ese cambio se apoye también en un giro cultural: “libertad para emprender”, “dignidad de innovar” y recuperación de una lógica pro-inversión.
En ese diagnóstico ubicó industrias que, a su juicio, se han visto tensionadas o estancadas -mencionó el salmón y la minería- y reiteró que el cambio propuesto “no es marginal y no puede ser marginal”. Incluso proyectó que en cuatro años se puede cambiar el rumbo si se “devuelve protagonismo” a la libertad, a través de leyes y decretos.
“Hay causas que se van acumulando, como la maraña regulatoria, pero fundamentalmente hay una causa cultural (...) un cambio cultural donde uno advierte que el crecimiento tiene tres pilares: la libertad de permiso, que es esencialmente la libertad de emprender. Tiene el retorno que es un gobierno razonable, predecible, que deja que los privados obtengan su retorno y tiene dignidad, que es la dignidad de innovar”, comentó.
Liberar el suelo urbano
Uno de los puntos que más desarrolló fue el de permisos. Planteó que el país se ha “quedado ciego” frente a la acumulación de regulaciones y a la presencia del Estado, y defendió que el criterio debe ser “sensato” para distinguir lo que requiere control de lo que solo frena proyectos.
En esa línea, puso el foco en el 70% de los terrenos que están sujetos a múltiples regulaciones que significaban un impuesto a la inversión y adelantó un énfasis desregulatorio: “Lo que estamos haciendo es devolverle al propietario del suelo su libertad”.
También abordó la necesidad de fortalecer el sistema de información y evaluación ambiental -transversal a las carteras- para ordenar la asignación de responsabilidades y anticipar cuellos de botella. En ese marco, apuntó a una cartera de inversión “estancada” por más de US$ 12 mil millones y sostuvo que el equipo ya cuenta con un desarrollo listo para implementar, con foco en gestión y trazabilidad.
“El programa está escrito y con ese programa tú monta un sistema de gestión. Entonces podemos decirle a cada ministro con 15 días de antelación su repartición(...) La política se hace con política ex ante y hoy día no existe esa herramienta. Hoy día el Gobierno, yo te digo la cifra de más de US$ 12 mil millones, no la tiene, la tenemos nosotros”, declaró.
En paralelo, deslizó oportunidades sectoriales, como el espacio para abrir al sector privado proyectos en el norte vinculados a desalinización, y apuntó a aumentar la producción minera en un 10%.
“Hemos detectado iniciativas de ese tipo que podrían aumentar la producción minera de aquí a 24 meses en 10%. Medio millón de toneladas, eso existe”, reveló.
Sumó, además, un compromiso de rapidez para resolver inversión “estancada”, con un horizonte agresivo: 45 días. “Lo vamos a hacer”, afirmó.
Rebaja tributaria y los primeros 90 días
En términos de implementación, Quiroz adelantó un esquema de primeros 90 días con “más de 40 medidas” organizadas en tres capítulos: facilitación regulatoria, ajuste fiscal y rebaja tributaria. Describió una metodología de seguimiento por colores -verde, marrón y rojo- para distinguir lo que puede ejecutarse por decreto, lo que requiere gestión y lo que demanda tramitación legislativa.
“Las verdes es que el decreto está escrito. Marrón está en manos de los abogados y rojo está un poquito atrasado. Eso es y queremos tenerlas todas en verde. El 11 de marzo”, dijo.
A su vez, Quiroz habló de propuestas de ley ya escritas y de un trabajo previo de socialización: más de 130 reuniones con empresas, académicos y actores sectoriales, con una lógica “de uno a uno” y “pequeñas mesas” para avanzar.
De cara al calendario, señaló que desde fines de febrero se comenzará a socializar el paquete de medidas -varias ya conocidas por parlamentarios- con la meta de tener el trabajo “hecho” en septiembre y con una reforma tributaria que ellos esperan presentar el primero de abril.
“Yo hablo siempre de la bajada hasta septiembre del año que viene, marzo a septiembre (...) Pensamos que la reforma tributaria, el 1 de abril”, anunció.
Así, el próximo ministro de Hacienda sostuvo que durante los primeros seis meses debería concretarse una rebaja. Una que será compensada por un mecanismo central de créditos tributarios: uno por contratación y otro por exportación de servicios.
“Ese crédito tributario que equivale a tres puntos porcentuales de rebaja la tasa corporativa. Ese va a ocurrir el primer año. Y hay otra rebaja que equivale a cuatro puntos, que es una rebaja estatutaria del impuesto corporativo y por eso decimos que baja de 27% al 23% del promedio OCDE” explicó.
En el punto de los servicios, particularmente del “conocimiento”, remarcó que “hoy día no hay nada más trazable que los servicios” y vinculó la capacidad de control a herramientas tecnológicas, incluyendo uso de inteligencia artificial “desde el día uno”.
En resumen, la trayectoria de cuatro años, planteó un ajuste gradual de la tasa corporativa desde 27% a 23%, compensado con un recorte de gasto estimado en US$ 6.000 millones. Ese ajuste mencionó que descansaría en eficiencia, austeridad, “cese de abusos” y una ruta para alcanzar un balance estructural.
Finalmente, Quiroz reconoció, además, que el primer año será complejo por el ordenamiento de cuentas fiscales, aunque lo proyectó compensado por un mayor “espíritu de inversión”.
Esto dio paso para que se diera el primer anuncio concreto de estructura. En un gesto que describió como un intento por “volver a privilegiar el cargo”, el próximo ministro confirmó la designación de José Pablo Gómez, actual gerente de Finanzas y Administración de ENAP, como futuro director de Presupuestos (Dipres).
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José Antonio Kast
