Esta jornada de martes continuó la formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco que, en el marco del caso Belaz Movitec, más conocido como trama “muñeca bielorrusa”, es investigada por cohecho reiterado y lavado de activos; luego que tras la audiencia de ayer lunes se decretara la ampliación de su detención.
La exjueza, que pasó la noche recluida “en tránsito” en el Centro de Detención Femenina de San Miguel, arribó al Centro de Justicia de Santiago esta vez sin esposas, a diferencia del lunes y cuando fue detenida el domingo recién pasado por el OS-7 de Carabineros, trámite que la defensa intentó que se declara ilegal, pero que no fue acogido por el tribunal.
En este contexto, la Fiscalía -representada por los fiscales defendió Carmen Gloria Wittwer y Marcos Muñoz- defendió en esta jornada la necesidad de que se decrete la cautelar de prisión preventiva en contra de Vivanco, lo que recién se conocería el viernes.
Ello, debido a que según el tribunal se habría producido un pacto ilícito entre la exministra, su marido Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, con el fin de favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA en un litigio contra Codelco; y que Vivanco habría favorecido con su voto resoluciones que habrían costado a la minera estatal unos $ 12.000 millones, proceso en que la exjueza habría recibido $ 90 millones.
De hecho, el lunes, al término de la audiencia, Wittwer aseveró que “es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso”.
Inesperado argumento de Codelco
Durante este martes la formalización también continuó con los alegatos de querellantes tales como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Codelco y la Organización de Trabajadores Judiciales.
En este sentido, por Codelco litigaron el abogado Julián López y su colega Carolina Sepúlveda. Esta última, en defensa de la cautelar de prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, aseveró que los antecedentes expuestos ante el tribunal “dan cuenta de que la libertad de la señora Vivanco constituye un peligro real y concreto para el éxito de esta investigación”.
Para evidenciar sus dichos, apeló a algo inesperado en esta fase del proceso y es que, desde el punto de vista de los abogados de Codelco, el pronóstico de penas en esta etapa del proceso “debe hacerse teniendo a la vista las reglas de la Ley de Delitos Económicos”, según las cuales “el cumplimiento efectivo de la pena es una posibilidad prácticamente cierta” para la imputada, descartando de plano que pudiera acceder a penas sustitutivas en libertad.
La profesional argumentó ampliamente su punto, explicando que la facturación tanto el estudio Lagos, Vargas & Silver Abogados y sus sociedades relacionadas como del Consorcio Belaz Movitec permiten deducir que no son pequeñas empresas, por lo que “tanto los delitos de cohecho cometidos por la exministra como los de soborno cometidos por los abogados y, por esa vía, el lavado de activos que se deriva de esos delitos, fueron perpetrados configurándose el factor de conexión con la empresa que la Ley de Delitos Económicos exige para considerar estos delitos como tales”.
Régimen "más estricto que el general"
Por lo que, enfatizó más adelante, “en esta causa se configuran todos los elementos que se requieren para que sea aplicable la ley de delitos económicos para todos los imputados y, específicamente, que es lo que nos interesa hoy, para la imputada Vivanco Martínez”.
Y acto seguido se explayó sobre las derivaciones de la implementación de esta normativa, precisando que la principal consecuencia de ello es la aplicación de un régimen “considerablemente más estricto que el general, tanto para la determinación de la pena como para la procedencia de penas sustitutivas”, enfatizó la abogada de Codelco.
Mientras que mañana miércoles se produciría la suspensión del proceso y el jueves se reanudarían las audiencias, con las réplicas de la defensa de Vivanco -representada por el abogado Jorge Valladares- a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía. A partir de este cronograma, se especula que recién el viernes de esta semana el juez Cristian Sánchez, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, emitiría la resolución.