Tal como lo revelaron las intervenciones, en el marco de la primera jornada de votación en particular de las enmiendas introducidas al texto aprobado en general por el Pleno de la Comisión Experta hace ya varias semanas, hubo un alto grado de acuerdo en torno al texto que será entregado para que el Consejo Constitucional tome la posta, particularmente en el Capítulo Primero de Fundamentos del Orden Constitucional, cuyos artículos fueron votados en la jornada de este martes tras un largo análisis.
De este modo, ratificando el acuerdo, la Comisión Experta aprobó por unanimidad que Chile será un Estado social y democrático de derecho.
La comisiomada Bettina Horst advirtió que “hay que ser honestos” con la ciudadanía, en cuanto a que un Estado social no significa que las carencias en este ámbito se resuelvan en cuanto comience a regir la nueva carta magna.
Si durante el análisis previo en las subcomisiones existió un fuerte debate en relación con una de las bases, como es el Estado social y democrático de derecho; consagrado en el anteproyecto este concepto obtuvo un amplio respaldo de parte de los comisionados. Si bien muchos de ellos, tanto del oficialismo como de la oposición, hicieron hincapié en sus intervenciones que la propuesta no dejó absolutamente conforme a ninguno, destacaron que ello da cuenta de que el texto aprobado representa a todos los sectores.
Incluso el comisionado Flavio Quezada (PS) fue categórico en que, desde su punto de vista, el concepto de responsabilidad fiscal que contiene el artículo no debería estar ubicado en él, sino en algún otro lugar del texto constitucional. Sin embargo, ello no fue causal para que el experto socialista no apoyara finalmente su redacción, en virtud a una enmienda de unidad de propósitos alcanzada en la subcomisión que se abocó al tema.
Subsidiaridad
Este artículo fue aprobado, por tanto, con la redacción propuesta por la tercera subcomisión: “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Los elementos que permitieron el consenso dicen relación con dos conceptos que, finalmente, facilitan que, junto con el Estado social y democrático de derecho, conviva el de subsidiaridad de manera implícita, tal como en el actual texto constitucional. Para que ello ocurra se aprobó, por un lado, un artículo que establece que “el Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.
Así, el citado artículo al que se suma otro que establece que “las agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento”, reemplazan, de alguna manera, a la de cuerpos intermedios a que hace referencia la actual carta fundamental, pero cumpliendo un similar objetivo.
“A la chilena”
De esta manera, la Comisión Experta sorteó uno de los temas que había generado más debate en el seno de sus integrantes y mantiene de manera implícita el concepto de subsidiaridad, tal como lo habían adelantado algunos de los comisionados.
Así, convivirán en el anteproyecto de nueva Constitución los conceptos de subsidiaridad y de Estado social y democrático de derecho. Sobre este último, la comisionada Bettina Horst hizo hincapié en que el Estado social y democrático de derecho que se aprobó es un concepto que se aplica “a la chilena”, ya que, si bien lo contemplan 42 países en el mundo, 18 de ellos son dictaduras, y no debe entenderse dijo –al igual que la mayoría de los representantes de su sector- como más Estado.
En esta línea, Horst advirtió, además, que hay que ser honestos con la ciudadanía, porque el hecho de que exista un Estado social “no significa que las carencias sociales se resolverán de inmediato”.
Al aprobar el Capítulo I de la propuesta constitucional se consagró también, entre otras cosas, que el Estado debe asegurar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos; que es deber del Estado resguardar la seguridad de la población; el cuidado del medio ambiente; y se reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país.
En sus intervenciones, todos los comisionados destacaron que si bien respaldarían los acuerdos alcanzados no están completamente conformes con el texto y que ello da cuenta de que fue necesario mucho diálogo y que todas las partes cedieran para lograr un consenso que, esperan, represente a todos los sectores en una constitución que sea realmente la “casa de todos”.
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