En 2016 el gobierno de Michelle Bachelet inauguró una nueva tradición: que cada proyecto de ley presentado por el Ejecutivo incluyera un denominado “informe de productividad”. Dicho documento daba cuenta del impacto de la iniciativa propuesta en la economía y en el sector sobre el que se aplicaba la legislación. Todo eso se acaba en los próximos días.
El 15 de abril, el presidente de la República, Sebastián Piñera, remitió a los 24 ministerios un instructivo que pone fin a dicho instrumento y lo reemplaza por una evaluación de impacto regulatorio, ampliando el abanico de materias que deberán ser analizadas al presentar un proyecto de ley.
Así, se establece que el nuevo reporte será “obligatorio” para los proyectos de ley que son iniciativa del Ejecutivo y los decretos que dicte el Presidente o un ministro por orden del jefe de Estado y que contengan normas de aplicación general y se publiquen en el Diario Oficial.
Quedan afuera de la obligatoriedad iniciativas como la Ley de Presupuestos, reajustes del salario mínimo y del sector público, y todos los proyectos que se refieran a una ley que deba ser actualizada o reajustada anualmente.
Tampoco se requerirá el informe para las leyes que se relacionen con casos de excepción o de emergencia para la salud o seguridad pública o las indicaciones a un proyecto de ley sobre las cuales haya un informe financiero elaborado.
Los nuevos requisitos
El instructivo presidencial amplía las materias que deberán ser cuantificadas y analizadas a la hora de presentar un proyecto de ley. Dado esto, se establecen cinco principios que deberán incorporar dichos reportes.
En primer lugar, una evaluación de focalización: “Definir claramente el problema, los objetivos y analizar imparcialmente las alternativas viables, basándose en la evidencia y eligiendo aquella alternativa -regulatoria o no regulatoria- que maximiza el bienestar social”, dice el reporte.
El segundo punto a definir será el “alcance”, que implica “valorar” las distintas soluciones, considerando el impacto en la competitividad del país y “posibles externalidades en la sociedad y el medioambiente”, además de cuantificar “distorsiones económicas y efectos de largo plazo”.
Consulta a ciudadanos
El tercer criterio en el instructivo se define como “transparencia”, siendo uno de los más llamativos ya que implica abrir espacio de participación para que los “afectados” puedan comprender “a cabalidad el problema y elegir la mejor opción, de manera objetiva e insesgada, asegurando la legitimidad del proceso regulatorio”.
El documento especifica que esto se traducirá en que la elaboración de los reglamentos de los proyectos de ley deberán contemplar un período de consulta pública por un plazo no menor a 10 días hábiles.
También se le requerirá a cada cartera y servicio que tenga disponible “de forma permanente” la regulación administrativa y legislativa vigente del respectivo sector e incluir un formulario de contacto para que la ciudadanía “pueda opinar sobre la existencia de regulación o legislación derogada tácitamente, obsoleta, inaplicable o prescindible”.
Los otros dos puntos del documento se refieren a “coherencia”, que se define como evaluar la nueva regulación según su interrelación con el marco normativo vigente en el país y estándares internacionales, “evitando duplicidades y contradicciones”; y “consistencia”, que hace referencia a “revisar” las regulaciones en el tiempo, identificando las que sean costosas y las obsoletas que puedan ser modificadas o eliminadas”.
En esta línea, el instructivo establece que los reglamentos de las leyes deberán ser revisados o evaluados una vez transcurridos cuatro años desde su entrada en vigencia.
Los ejes del instructivo presidencial
- Focalización
- Cuando elaboren una ley, ministerios deberán definir "claramente" el problema y los objetivos.
- Alcance
- Presidencia pide "valorar" las distintas soluciones considerando el "impacto" en la competividad del país y posibles "externalidades en la sociedad y el medioambiente".
- Transparencia
- El Ejecutivo requiere abrir un espacio de participación de los afectados por la propuesta para "comprender a cabalidad el problema y elegir la mejor opción, de manera objetiva e insesgada".
- Coherencia
- Se le pide a las carteras evaluar la nueva regulación según el marco normativo local y externo para evitar duplicidades y distorsiones.
- Consistencia
- Las regulaciones se deberán revisar en el tiempo para asegurar que sigan siendo las mejores opciones.
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