Un total de 21 recomendaciones entregó la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Araucanía, que sesionó durante casi dos años para fijar una hoja de ruta que permita solucionar el conflicto mapuche e impulsar el desarrollo de la zona en forma mancomunada entre comunidades mapuches y no mapuches.
Reconocimiento Constitucional
Se propone un nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal. El total de tierras adquiridas entre 1993 y 2024 por el Estado de Chile por medio de la Ley Indígena suma 230.563 hectáreas.
La Comisión recomienda reformar la Constitución Política de la República de Chile para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos; señalando que son pueblos indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, y Selk’nam.
Algunas medidas requieren proyecto de ley y otras pasar por consulta indígena. Foto: Aton
Representación política
Retomar la tramitación y aprobar el proyecto de ley que crea el Consejo de Pueblos, que ya cuenta con un consenso político transversal. La ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias.
Fin de la Conadi
La Comisión recomienda crear un órgano de la más alta jerarquía política, que diseñe y coordine de manera efectiva la política desde el Gobierno hacia los pueblos indígenas. Este órgano deberá supervisar y realizar seguimiento a aquellos servicios e instituciones que ejecuten políticas vinculadas a los pueblos indígenas, e impulsar el diálogo político entre éstos y el Estado.
Ley de reparación a víctimas
La Comisión recomienda la dictación de una ley de reparación integral para todas las víctimas de este conflicto, tanto mapuche como no mapuche, reafirmando el deber del Estado en el mantenimiento de la seguridad de la población. El ámbito de aplicación territorial de esta ley serán las regiones de Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y temporalmente aplicará a partir del 1° de diciembre de 1997.
En materia de indemnizaciones, la ley deberá contemplar asignación en caso de fallecimiento, reparación en caso de daños o pérdida de viviendas propias o arrendadas, accesos preferentes a subsidios habitacionales, resarcimiento de daños en infraestructura económica, programas de crédito preferente, programas de fomento productivo, de empleabilidad, exenciones tributarias, entre otras alternativas de reparación.
Fotos: Julio Casto y Archivo
“Se abre un camino, pero voy a opinar del informe una vez que haya leído las recomendaciones”. “Esto es un paso adelante en busca de acuerdos que tienen una trayectoria larga, de por medio con consulta indígena y proyectos de ley. Vamos paso a paso”. Susana Jiménez, presidenta Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Acuerdo por tierras
Establecer un nuevo sistema de tierras que tenga por objeto armonizar la Ley Indígena con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ese contexto será necesario resolver el problema presupuestario con un plan integral que permita dar una respuesta más rápida y efectiva a las demandas de reparación.
Se recomienda que este nuevo sistema tenga la siguiente estructura: una Agencia de Reparación que será creada por ley, y su objetivo será la administración de un sistema de reparación, que contará con un mecanismo de adquisición de tierras que evite los conflictos y que se ajuste al derecho y no a vías de hecho.
Un sistema de financiamiento consistente en un fondo financiero para solventar el nuevo sistema de reparación, consistente en la suma de lo que gastaría el Estado de mantenerse el sistema actual de entrega de tierras.
“Hemos participado activamente en la comisión entregando información y dando opiniones sobre lo que conocemos de la actividad forestal”. “Este tema para nosotros es muy importante, así que esperamos el informe final para conocer las recomendaciones”. Charles Kimber, grte. corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco.
De acuerdo con el diagnóstico de tierras realizado, este fondo tendrá un valor en torno a los US$ 4.000 millones, creándose por ley. El fondo financiero pondrá los recursos pertinentes a disposición de la Agencia de Reparación para que esta pueda cumplir con los objetivos propios de su competencia. La ejecución de estos fondos estará bajo la supervigilancia de la Contraloría General de la República y se informará anualmente al Congreso Nacional.
Se creará un Tribunal Arbitral como un órgano autónomo, administrativo, de carácter mixto, que actuará como árbitro y tendrá competencia para resolver: solicitudes fundadas en demandas basadas en tierras sin titulación histórica y solicitudes de reparación de comunidades formadas después de la entrega de las recomendaciones, que invoquen títulos que nunca hayan sido invocados.
Modificaciones en materia de contratos en tierras indígenas
La Comisión recomienda que el Estado provea de una unidad especializada de acompañamiento jurídico, que será parte del órgano de alta jerarquía política que se propone crear, cuya función será prestar asesoría y representación jurídica gratuita a las comunidades y demás personas jurídicas o naturales mapuche en la celebración de los contratos autorizados por la ley. Se podrán celebrar contratos de usufructo, arrendamiento, mediería y otros contratos de mera tenencia, sobre tierras de comunidades y de personas individuales mapuche.
“Aquí empieza una etapa nueva para La Araucanía, analizaremos en su mérito cada propuesta”. “Lo central es ponernos de acuerdo y reconciliarnos (...), la idea es desarrollar la región y dar solución a temas que han esperado por décadas”. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
Tierras forestales
La comisión recomienda proponer un nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal. En una primera fase, bajo la actual normativa de la Ley Indígena vigente, la industria forestal manifestó su voluntad de otorgar una respuesta en plazo acotado a la demanda actual de tierras que existe ante Conadi asociada a predios de su propiedad. Para ello, la Comisión recomienda que se constituya una mesa de trabajo entre la industria forestal y el Ejecutivo.
En una segunda etapa, una vez que entre en vigencia el nuevo marco normativo de reparación, la industria forestal manifestó su disposición para ser parte de la solución que propone la Comisión. En concreto, señala su voluntad de otorgar una respuesta a las demandas que estén asociadas a predios de su propiedad.
Desarrollo territorial y económico
Considerando los altos índices de pobreza, desigualdad y brecha de desarrollo que reflejan las cuatro regiones involucradas en este plan y las brechas de desarrollo, producto de un conflicto que alcanza los 27 años de historia, se requiere políticas públicas orientadas a impulsar la inversión y el desarrollo de infraestructura.
Se proponen dos tipos de subsidios en favor de los habitantes de las cuatro regiones: subsidio para reconversión de suelos o fomento de otras actividades agrícolas y subsidio para plantaciones forestales.
Por otra parte, algunas organizaciones propusieron se estudie iniciativas como: creación de zona franca; exenciones tributarias temporales; y licencias de casino para comunidades indígenas. Al respecto, la Comisión señala que estas requieren un análisis y estudio acabado de viabilidad.
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