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REGÍSTRATE AQUÍFirmado está por parte de las autoridades el decreto promulgatorio de los cambios a la Ley de Protección del Empleo.
La norma, que fue despachada la primera semana de mayo del Congreso, establece una serie de modificaciones a la legislación matriz, entre ellas la polémica prohibición de realizar reparto de utilidades en aquellas firmas organizadas como sociedades anónimas o que sean parte de un grupo empresarial y que se hayan acogido a la misma.

Si bien en un momento trascendió que el Gobierno corregiría esta materia a través de un veto al proyecto, dicha opción ya estaría completamente descartada. ¿La razón? Ya se firmó el decreto promulgatorio, y la ley estaría lista para ser promulgada según confirmaron los titulares de Trabajo y Hacienda, María José Zaldívar e Ignacio Briones.
Ayer, en conversación con Cooperativa, Briones dijo que el proyecto “se va a promulgar en los días que siguen, eso es lo que le puedo decir por ahora”.
Consultada su par de Trabajo, confirmó que “el decreto promulgatorio ya se firmó”.
¿Y qué pasó con el veto? Cercanos al Gobierno explicaron que al interior de Trabajo y Hacienda perdió fuerza esta opción, ya que el artículo que prohíbe el reparto de dividendos, sería, en la práctica, una norma con una muy acotada posible aplicación.
Según explicaron fuentes, la norma no tiene efecto retroactivo, por lo cual no abarcaría a las firmas que ya hicieron el reparto. Caso contrario podría ocurrir en aquellas firmas que acordaron reparto de dividendos provisorios, sin embargo serían las menos, ya que el contexto económico tampoco permite estimar que se generen cuantiosas utilidades.
Por esta razón, el Ejecutivo habría optado por renunciar a la opción del veto. Además, al interior de La Moneda habría interés en no complicar más la relación con el Congreso, para no dificultar aún más la tramitación de algunas propuestas.
Una vez promulgada y publicada en el Diario Oficial la ley corta, la Dirección del Trabajo podría publicar el dictamen interpretativo de la norma, el cual está a la espera de que se oficialicen los cambios realizados por el Congreso.
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar.
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