La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), liderada por José Miguel Ahumada, ha estado en el ojo del huracán. La postura de la autoridad frente a los Tratados de Libre Comercio -específicamente el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP-11), o su reunión con la agrupación Chile mejor sin TLC, partieron como cuestionamientos en redes sociales, pero este martes llegaron al Congreso.
Ahumada expuso en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde presentó un diagnóstico y los desafíos para la política comercial. “Este modelo exportador sobre el cual hoy día estamos parados ha generado un boom importante de crecimiento económico y de dinamismo, pero requiere nuevas políticas y más audacia, por así decirlo”, señaló la autoridad.
“Como funcionario público respondo al programa de gobierno”, afirmó en pasajes de su exposición el subsecretario Ahumada.
Luego, solicitó que para la exposición de la estrategia de negociaciones en curso -como con la Unión Europea- la instancia pasara a ser reservada. Pero las y los diputados estaban ansiosos por despejar inquietudes, y por unos 50 minutos más, Ahumada estuvo respondiendo preguntas.
Plazos y aportes del TPP-11
El TPP-11 se tomó gran parte de la sesión. El subsecretario fue enfático en que “como funcionario público respondo al programa de gobierno”, y reiteró que se esperará hasta después del plebiscito constitucional del 4 de septiembre para comenzar a discutir sobre el acuerdo.
Pero aclaró que “esto no es por un capricho”, y explicó que la propuesta de Constitución señala la importancia de tener mecanismos de resolución de controversias que sean permanentes, independientes e imparciales a la hora de negociar acuerdos internacionales de inversión, en el artículo 289, el inciso 12.
Ahumada precisó que el tratado en cuestión no tiene tribunales permanentes, por lo que indicó que un primer objetivo es “poder tener futuros acuerdos comerciales que tengan tribunales que idealmente, preferiblemente, sean permanentes”, para lo que es importante esperar el resultado del plebiscito.
En segundo punto, señaló que el acuerdo tiene “ciertos puntos de resolución de controversias” que los países con los cuales Chile se suele comparar, no tienen, aludiendo a la UE, al USMCA -entre EEUU, Canadá y México- y al RCEP, entre otros. Y, aclaró que como el TPP-11 está en el Senado, el rol de la Subrei será proveer información.
Consultado por los beneficios, aclaró que, en términos agregados, en 2019 las exportaciones chilenas al TPP-11 cayeron un 3,9%, pero que para Canadá la baja fue de 5,4% y para Nueva Zelanda de 7,7%. Al año siguiente, la merma para los envíos chilenos fue inferior que para el promedio de los países del bloque, y en 2021 las exportaciones nacionales al mismo subieron, lo que -relató- responde a shocks exógenos, en ese entonces la guerra comercial entre EEUU y China.
También detalló que, dado que Chile tiene acuerdos comerciales con cada uno de los países del tratado, el arancel efectivo de los productos nacionales al bloque es de 0,9%. “Si analizamos todas las líneas arancelarias que tendrían ventajas al momento de firmar el TPP -que serían alrededor de 2.930-, y eso lo traducimos a productos, nos encontraríamos con 1.028 productos que entrarían con mejores beneficios que los que ya tenemos con los acuerdos comerciales”, dijo, y detalló que en el 36% de estos productos Chile tiene un potencial exportador.
“Hay ganancias comerciales en esas 2.930 líneas arancelarias, pero que son marginales dado que ya tenemos acuerdos comerciales con cada uno de los países que son miembros del TPP”, afirmó.
Acuerdos como pilar
Otra pregunta que se repitió entre los diputados fue la postura del subsecretario ante los TLC. Nuevamente, señaló que “como funcionario de gobierno estoy representando a un programa de gobierno”, y recalcó que dicho documento “es bastante claro a la hora de señalar que el dinamismo exportador tiene como pilar estos acuerdos bilaterales comerciales y estos acuerdos bilaterales comerciales no van a ser puestos en duda”.
También insistió en que los mecanismos para actualizar los acuerdos serán los de los propios TLC -tal como se hace hoy-, y que los nuevos temas que se propongan se abordarán en procesos de revisión bilateral consensuada con la contraparte.
La autoridad resaltó los mecanismos de resolución de controversias como un tema de preocupación para el gobierno, pero destacó que “hoy día están en el centro de la discusión global”.
De hecho, afirmó que figuras como Elizabeth Warren, Hilary Clinton y Joe Biden han hecho estas mismas críticas que la actual administración.
Su reunión con la agrupación Chile mejor sin TLC también fue tema, y Ahumada fue claro: relató que la cita se pidió por ley de lobby, y que se juntó con ellos tal como con Asexma, la Sofofa, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago, Albemarle y Google. “Vamos a escuchar a todas las voces que tengan algo que decir respecto a la política comercial y respecto a sensibilidades que puedan tener”, dijo, y aclaró que “escuchar no es adscribir”.
El proceso de consulta ciudadana
La consulta ciudadana que durante el primer semestre anunció la Subrei también fue motivo de dudas, pero Ahumada precisó que el proceso “busca profundizar una línea que ya se ha venido siguiendo, de inclusión, de la participación y de escuchar las distintas opiniones de la ciudadanía respecto al tipo de política comercial que nosotros queremos sacar”. De hecho, recordó que ya existen los cuartos adjuntos y el consejo consultivo de la sociedad civil.
La autoridad recordó que el proceso tendrá dos pilares: una plataforma virtual para recoger opiniones y reuniones bilaterales con actores clave del comercio exterior. Y, anunció que la consulta será licitada a una empresa externa, que va a establecer la metodología y la estructura. Luego, un consejo asesor independiente tomará los datos y la información recabada, para sistematizarla en un documento no vinculante, que va a ser entregado a Presidencia y Cancillería. Si bien todavía se está elaborando el alcance de la consulta, el costo iría entre $ 15 millones y $ 25 millones, según la experiencia internacional y mecanismos de consultas anteriores.
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