La programación del cierre progresivo de la fundición Ventanas de Codelco ha estado encima de la mesa al menos en las tres últimas administraciones. Hubo un intento en la época de Óscar Landerretche como presidente del directorio de la cuprífera –cuyo fracaso narra bien en su libro “Hacia un nuevo pacto”– y luego, en el gobierno de Sebastián Piñera, fue donde se estuvo quizás mayormente cerca de una compleja decisión con grandes alcances políticos. El anuncio se realizaría en el marco de la COP que se celebraría en Chile y que, finalmente, no se efectuó en nuestro país a causa del estallido social de 2019.
Existía, por lo tanto, cierto consenso en el diagnóstico y la solución: un cierre progresivo, el reemplazo por fundiciones de última generación y un plan de reconversión para trabajadores, lo que fue en diversas oportunidades conversado con los sindicatos y hasta aceptado (a Codelco nunca le ha interesado la fundición que tuvo que comprar a la fuerza en el gobierno de Ricardo Lagos, que le genera no solo pérdidas económicas, sino un fuerte daño reputacional, por el daño ambiental en la zona de Quintero y Puchuncaví, aunque sus causantes son diversos). El cierre, de acuerdo a encuestas que ha tenido a la vista Codelco en diversas ocasiones, asoma como una causa altamente popular y apoyada por la ciudadanía.
El cierre, de acuerdo a encuestas que ha tenido a la vista Codelco en diversas ocasiones, asoma como una causa altamente popular y apoyada por la ciudadanía.
Pero la forma en que se encaró el asunto en los primeros días por parte de la administración de Máximo Pacheco y el gobierno de Boric –anunciada un viernes por la noche, sorprendiendo a los trabajadores, en una noticia drástica que dejaba poco espacio para una reevaluación o echar pie atrás– fue catalogada de apresurada por distintos sectores. Prisa, precipitación, falta de un plan para desarrollar la eliminación de la fundición, cifras discordantes entre Codelco y los mismos sindicatos… En definitiva, una nueva crisis para un gobierno que gestiona muchas crisis en paralelo. En esas primeras horas, pareció que ni Pacheco ni La Moneda le habían tomado el peso a la fuerza de los sindicatos de la estatal, probablemente los de mayor poder hoy en día en Chile. La concreción de la huelga de los trabajadores el miércoles fue un momento de inflexión: parecía que la crisis podía extenderse y no solo dañar la producción y las finanzas fiscales, sino generar un conflicto entre el gobierno y parte del mundo de los trabajadores que han sido base del apoyo a Boric y su proyecto.
En las últimas 24 horas, sin embargo, se vivió un violento cambio de escenario. Los trabajadores depusieron el paro nacional y acordaron ayer establecer una mesa de trabajo en la división Ventanas (que tiene 350 trabajadores de Codelco y 390 asociados a empresas contratistas). El ministro Giorgio Jackson aseguró a nombre del gobierno que el cierre sigue firme.
¿Qué se ofreció a cambio? Nada, aseguran desde la cuprífera, salvo las garantías de que el plan de reubicación, reconversión o egreso: la administración superior constituirá una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventanas para avanzar en la preparación y acuerdos del cese de la fundición. En esta instancia, asegura Codelco, se concordará un plan laboral para ofrecer una transición justa a los casi 350 trabajadores de la fundición. No ha habido dinero sobre la mesa, porque no se trata de una negociación colectiva. El miércoles, en la previa, los sindicatos no habrían tenido el respaldo pensado por parte de los trabajadores de Codelco, a diferencia de lo que se dijo públicamente –como es habitual–, lo que habría debilitado su posición negociadora. El camino, por lo tanto, se les fue estrechando.
La etapa que viene, sin embargo, no parece del todo despejada para La Moneda. De acuerdo a los planes de la administración de Codelco, la fundición seguiría funcionando al menos un año, mientras se tramita la ley necesaria en el Congreso para finiquitar su cierre. En este período, no se descartan nuevos roces con los sindicatos y trabajadores y, sobre todo, una acalorada discusión parlamentaria. El senador socialista Fidel Espinoza, por ejemplo, ha sido crítico en estos días a la decisión del gobierno que respalda su partido, sobre todo por el impacto en el empleo. Diversos parlamentarios de zonas mineras –bolsones de votos– podrían hacer difícil la tramitación legislativa. En un escenario donde se tramitarán reformas diversas –tributaria y de pensiones, por ejemplo–, la ley que busca catapultar el cierre de Ventanas tiene un destino incierto, sobre todo porque el gobierno no ha mostrado en sus primeros cien días poder ordenar a sus propias fuerzas políticas, con las que no tiene mayoría. Los planes indican que el proyecto de ley entrará al Congreso los primeros días de julio, es decir, en un período bastante breve.
El gobierno, sin embargo, tiene una carta bajo la manga que podría ayudarles a la negociación. Si no se aprueba la ley, se podría aumentar de 95% a 98% el porcentaje de captación de todas las fundiciones a través de un decreto del Ministerio de Medioambiente, en un plazo acelerado. Esto obligaría a multimillonarias inversiones lo que, en la practica, haría inviable la operación de las fundiciones en nuestro país.
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