Eran pasadas las 18:00 horas de ayer y directivos de
importantes empresas con operaciones en la Región del Bío Bío aún no conseguían
establecer comunicación con sus gerentes locales y tener, al menos, una primera
evaluación de los efectos del terremoto de 8,8 grados que remeció al país en la
madrugada del sábado.
Sin duda, una clara evidencia del grave problema de
logística que mantiene en condición crítica al sistema productivo, con cortes
en carreteras, suministro eléctrico restringido, desabastecimiento de
combustibles en algunas zonas, interrupciones en las telecomunicaciones y
déficit en los servicios de agua potable. Lo anterior, coronado por la angustia
de miles de trabajadores imposibilitados de recuperar hoy sus actividades
normales, lo que -sumado a los daños estructurales en algunas oficinas y
plantas- llevó a que gerencias de varias empresas de Santiago estuvieran hasta
ayer evaluando suspender sus operaciones.
También las organizaciones gremiales se encontraban ayer
recopilando antecedentes para cuantificar los daños en sus respectivas
industrias, destacando el caso de la actividad pesquera de Talcahuano y
alrededores, con daños estructurales a causa de las marejadas y barcos a la
gira sin plantas operativas donde descargar. La Confederación de la Producción
y del Comercio convocó a un comité ejecutivo de emergencia para mañana.
Aunque el impacto más evidente del terremoto se observa en
las regiones del Maule y Bío Bío, las complicaciones para el sector productivo
se expanden por todo el país. Por ejemplo, en materia de suministro eléctrico,
donde los problemas de transmisión tienen a Chilectra abasteciendo al 80% de
sus clientes en la Región Metropolitana y a Saesa, en la X Región, con
racionamientos. La falta de energía agrava la situación de las ya saturadas
redes de telecomunicaciones, debido a que comienzan a agotarse las baterías de
las antenas de celulares y a las compañías les ha resultado complejo
suministrar combustibles para los generadores. También las redes de fibra
óptica nacionales se vieron afectadas por los cortes de puentes. En algunas
ciudades, los problemas en materia de telecomunicaciones han generado
dificultades para el normal funcionamiento del sistema de pagos.
El presidente de Sofofa, Andrés Concha, asegura que “no
vemos que existan grandes problemas para que se normalicen las actividades en
las áreas dañadas producto del fuerte sismo, pero se requieren algunos días
para hacerlo y, para ello, es clave definir las prioridades de logística y
abastecimiento”. Muy relevante en este sentido es la crítica situación en
materia de infraestructura vial y portuaria. La Ruta 5 Sur se encontraba hasta
ayer habilitada para vehículos menores entre Santiago y Puerto Montt, con
cortes y desvíos que impedían el normal tránsito de camiones y buses
interprovinciales. Mientras en la Asociación de Concesionarios de
Infraestructura distinguen 3 puntos complejos, en el gremio camionero hablan de
“muchos cortes”, con 20.000 camiones afectados, de los cuales unos 8.000
estarían simplemente detenidos. La ruta Santiago-Concepción representa el 35%
de la carga nacional terrestre.
En cuanto a la situación portuaria, los mayores destrozos se
observaron en Talcahuano, San Vicente, Coronel y aledaños. Valparaíso y San
Antonio sólo mostraban daños menores.
Otro gremio que optó por constituir un consejo de emergencia
para seguir el transcurso de los hechos es la Cámara Nacional de Comercio
(CNC). Su presidente, Carlos Eugenio Jorquiera, dijo que “existe gran
preocupación” por los “robos y destrozos” que afectaron, principalmente, a
operadores del retail. Los máximos directivos de las cadenas Cencosud, D&S
y Unimarc sostuvieron ayer una reunión en La Moneda con el ministro de
Hacienda, con el objeto de asegurar el suministro de bienes para la población.
Pero todas las intenciones seguirán limitadas en la medida
en que no se cuente con la información suficiente para evaluar la magnitud de
los daños del terremoto ni estén en plenas condiciones de uso las redes viales,
como señala respecto a su sector el presidente de la Corporación Chilena de la
Madera (Corma), Javier Rafael Campino: “No tenemos todavía una evaluación
oficial porque no hemos podido comunicarnos con las plantas de Concepción y
Constitución. Nos afecta mayormente el corte de rutas y problemas de
transporte”.
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