El ingreso formal de Chile a la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) ratificado ayer tras la firma del
convenio entre la presidenta Michelle Bachelet y el secretario general
de la entidad, Miguel Ángel Gurría, sirvió de marco al empresariado
para poner en el debate la necesidad de avanzar en reformas al mercado
laboral.
Esto, recogiendo las recomendaciones realizadas por la
OCDE a nuestro país en 2008, documento en que se sugería a Chile
avanzar tanto en materia de flexibilidad laboral y el fin de la
indemnización por años de servicio -entre otras reformas- como en el
fortalecimiento de la negociación colectiva y la sindicalización.
En
ese sentido, el presidente de la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC) Rafael Guilisasti, señaló el gran desafío de 2010 “va a
ser generar empleos y ellos (OCDE) han analizado nuestra legislatura
laboral y ahí han señalado alguno puntos que tenemos que ver”.
En
todo caso, también enfatizó que no es la idea que la entidad “sustituya
lo que son nuestros procesos legislativos y de formulación de normas y
de leyes, pero en los temas laborales hay recomendaciones como
problemas de baja sindicalización hasta muchas dificultades de acceso
al trabajo de jóvenes y mujeres”, que sería necesario abordar, dijo.
En
la misma línea opinó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(CNC), Carlos Eugenio Jorquiera, quien junto con valorar el ingreso de
Chile a la OCDE, hecho que calificó como un “seguro que potencia la
representatividad de nuestro país en el mundo”, agregó que “hay que
reconocer que hay promesas incumplidas, como la flexibilidad laboral”.
Más
tajante fue el timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA),
Luis Mayol, quien puntualizó que “jugar en primera división nos obliga
a cumplir con los estándares internacionales en todas las materias”,
razón por la cual la reforma al mercado laboral “es una recomendación
Chile debiera cumplir ahora que ya está en este club (…) nuestra
legislación laboral es demasiado poco flexible y esa es una traba a la
producción”, subrayó.
Recomendaciones, no obligaciones
Bajo
esa lógica y de cara a eventuales ajustes que podría realizar Chile
para adecuarse a los estándares del grupo de países en esa materia, el
ministro de Hacienda, Andrés Velasco, recalcó que en lo que respecta a
ajustes legislativos “Chile avanzó lo que tenía que avanzar” con los
proyectos de responsabilidad penal de las empresas; intercambio de
información bancaria con fines tributarios; y los gobiernos societarios
de Codelco y privados.
Sin embargo, frente a otro tipo de
recomendaciones, como de reforma laboral, “existe un principio de
reserva en el que cada país decide soberanamente qué políticas adopta”,
rechazando que con el ingreso a la OCDE “se haya perdido nuestra
soberanía”, insistió.
“Cualquier cambio futuro se hará pensando
en el interés de Chile y siguiendo las buenas políticas por las que
Chile se ha distinguido”, recalcó en forma tajante.
En la
misma línea, el secretario general de la entidad, Ángel Gurría, señaló
que si bien las leyes que se aprueben “serán cuestión de los chilenos”,
claramente en 2010 el desempleo “será el gran desafío para todos los
gobiernos” sobre todo respecto de la cesantía en los jóvenes, ya que,
explicó, “esta crisis le ha pegado a los jóvenes más de lo que nunca en
la historia y estamos corriendo el riesgo de tener una generación de
jóvenes frustrados”, lo que finalmente es un “riesgo también político”,
puntualizó Gurría.
“La cara humana de la crisis son los 20
millones de seres en la OCDE que han perdido su empleo, sabemos que el
impacto existe. Al mismo tiempo que informan de cifras de crecimiento
positivo también señalan que el empleo sigue cayendo. Esta va a ser una
prueba política muy difícil”, advirtió el secretario general de la OCDE.
Tramitación legal
Respecto
de la ratificación por parte del Congreso chileno de la incorporación
de nuestro país a la OCDE firmado ayer, el jefe de las finanzas
públicas sostuvo que el interés es ingresar a trámite legislativo el
convenio lo antes posible.
“Somos realistas, entendemos que
queda una semana de parlamento después de las elecciones y dos semanas
en marzo. Los tiempos son ajustados pero estamos optimistas
precisamente porque hemos visto el apoyo a los parlamentarios a los
cuatro proyectos de ley que fueron necesarios para llegar donde estamos
hoy y también por la gran presencia de parlamentarios”, dijo Velasco.
Los compromisos pendientes con los “países ricos” hasta 2012
Si bien es cierto los ajustes legislativos que hubo de realizar
Chile para ingresar a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) son una materia ya cumplida para nuestro
país, quedan cuatro compromisos pendientes, cuyo calendario se extiende
hasta 2012.
El primero tiene que ver con la puesta en marcha de
la nueva institucionalidad medioambiental, con la creación del nuevo
Ministerio y la Superintendencia del área, que precisamente serán
promulgadas hoy en una ceremonia que será encabezada por la presidenta
Michelle Bachelet, en La Moneda, además de la nueva normativa asociadas
a la protección de la biodiversidad y las emisiones de contaminantes.
En
segundo lugar, está calendarizado hasta 2012 una normativa para la
protección de datos de los consumidores, que es parte del proyecto de
información bancaria “positiva”.
Dicha iniciativa que se
encuentra en trámite en el Congreso, pero sin ningún tipo de urgencia,
luego que el Ministerio de Hacienda anunciara que se dejará el debate
legislativo para la nueva administración y el nuevo Congreso, que
asumirán a partir de marzo.
El tercer punto tiene que ver con la
investigación y desarrollo vinculado a Conicyt, y que busca generar un
registro de resultados de las investigaciones que se lleven adelante en
ciencia y tecnología.
Asociado a lo anterior aparece la
institucionalidad para la innovación, que está plasmada en la creación
del Fondo de Innovación para la Competitividad, iniciativa que también
se encuentra en trámite legislativo.
Finalmente, está la consolidación de datos a los consumidores a través del Sernac.
Todas
estas iniciativas deberían están plenamente vigentes en 2012, de
acuerdo a los compromisos pactados por el gobierno con la OCDE durante
el proceso de incorporación.
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