La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que analiza el reajuste del sector público vivió una sesión clave este lunes, al contar con las exposiciones de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides. Y aunque no se terminó de votar el proyecto completo, sí se aprobó el reajuste para los funcionarios públicos.
La aprobación del reajuste se produjo por 12 votos a favor y uno en contra, del diputado republicano Agustín Romero. No obstante, la derecha rechazó gran parte del articulado que los legisladores decidieron votar en esta jornada. El polémico artículo 114 que los opositores denominan “ley de amarre” se aprobó por siete votos a favor y cuatro en contra, con los votos del oficialismo y el texto original de dos años de plazo para reclamar el despido, ya que se rechazó la indicación del Ejecutivo, que aumentaba dicho plazo a cinco años. Ello debido a que, según los diputados oficialistas, no tenía sentido aprobar la indicación del Gobierno si la oposición la rechazaría de todos modos.
Para rechazar el artículo 114, desde las filas opositoras argumentaron que la exposición de la contralora Dorothy Pérez fue clarificadora para mantener su postura.
Además, se aprobó con los votos oficialistas el artículo 115, que establece la obligación de renunciar para los funcionarios de confianza. La comisión continuará votando este martes desde las 10:30 horas.
Alertas de la contralora
La contralora se inclinó por una mirada crítica al artículo relativo a la “confianza legítima” -bautizado por la oposición como “ley de amarre”- respecto del aumento de requisitos para la desvinculación de los funcionarios a contrata en la administración pública, pese a la indicación del Ejecutivo que aumentaba de dos a cinco años el requisito de servicios continuos en esta calidad en la respectiva institución empleadora para reclamar, en caso de que se hubieran cometido vicios de legalidad en la no renovación del contrato.
Las exposiciones contribuyeron a confirmar la postura de la oposición, en cuanto a que no existe el financiamiento adecuado para el reajuste fiscal. Ello, porque si bien la contralora admitió que existen tres posibles fuentes de financiamiento -Tesoro Público, reasignaciones de gasto corriente e incremento de gasto en personal; y, adicionalmente, la eventual disminución del gasto que implicaría la medida que apunta a reemplazar con solo una contratación por cada tres funcionarios que salgan del servicio-, también advirtió que “hay que tener muy presente que estas tres provisiones no existen sólo para financiar la ley de reajuste, tienen por objeto financiar una multiplicidad de otros gastos”.
El proyecto establece un reajuste de remuneraciones de los empleados fiscales de 3,4% en dos momentos. Su costo fiscal es superior a US$ 1.700 millones.
Y, directamente, respecto de la polémica sobre la “confianza legítima”, Pérez fue enfática en que el artículo en debate “incorporado de esta manera, lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario, pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema”, por lo que se cuestiona si “abrir estas compuertas es beneficioso”. A su juicio, no lo es, por los efectos que podría generar.
Escenario de estrés fiscal
En tanto, la presidenta del CFA, Paula Benavides, explicó que dado que el reajuste fiscal nominalmente es de 3,4%, implementado en dos etapas correspondientes a 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, el costo fiscal para el presente año es de US$ 1.668 millones; es decir, un 1,7% del gasto público aprobado, por lo que se requerirá un financiamiento adicional de US$ 822 millones para costear el proyecto.
En este sentido, hizo ver que el financiamiento para cubrir la brecha debería provenir de reasignaciones y un mayor uso de las provisiones; sin embargo, -advirtió- no se podrá echar mano a la asignación 275, pues esta debe cubrir los gastos aleatorios comprometidos para leyes permanentes como, por ejemplo, las cotizaciones previsionales de la reforma de pensiones, y que el remanente de la asignación 104 del presupuesto -US$ 345 millones- debe estar disponible para eventuales emergencias.
Al cierre de esta edición, Grau se aprestaba a responder las interrogantes levantadas por Contraloría y el Consejo Fiscal. Los diputados estaban convocados para sesionar hasta total despacho.
En este contexto, la presidenta del CFA señaló que el reajuste se realiza en un escenario de “estrés fiscal” -déficit estructural persistente, incumplimiento de la meta de balance estructural, nivel de deuda bruta cercana al prudente y bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social-, por lo que recomendó que “la Dipres explicite detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias como de un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público”.
Esto último abrió paso al reclamo de la oposición por la ausencia del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en la sesión.
Sendas presentaciones que, lejos de modificar la postura de la oposición, colaboraron a cimentar la ya expresada con anterioridad, en cuanto a mantener su disconformidad con el artículo que, según el Ejecutivo, busca la protección de la estabilidad laboral y que en las filas opositoras en considerada una “ley de amarre”. Pero también respecto a que el reajuste fiscal no estaría financiado.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) adelantó que su sector aprobará el reajuste fiscal, pero no hará lo propio en lo relativo a las normas misceláneas que irroguen gasto.
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