Lograr que un invento termine en una innovación no es automático ni obvio. Con ese planteamiento, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, sintetizó su diagnóstico sobre el desempeño de Chile en materia de innovación, durante su exposición este martes en el Congreso Futuro 2026.
Su mensaje apuntó a “una confusión persistente entre invención, desarrollo tecnológico e innovación efectiva”, una brecha -explicó- que sigue limitando la capacidad del país para transformar conocimiento en crecimiento económico y valor social.
Benavente estructuró su análisis a partir de la tradición de Joseph Schumpeter y del concepto de “destrucción creativa”, recientemente revalorizado por el Nobel de Economía otorgado a Philippe Aghion. Según esa mirada, el crecimiento de largo plazo depende de la incorporación sistemática de nuevo conocimiento en los procesos productivos. Para que ello ocurra, explicó, deben articularse tres etapas: invención, innovación y difusión. Y en las dos últimas Chile muestra sus mayores debilidades, dijo.
Si bien señaló que el país tiene una buena capacidad para generar invención, pero que eso no basta. “Investigación científica, experimentación, pruebas piloto, desarrollos técnicamente viables, productos mínimos viables o incluso patentes, no son innovación” -afirmó- “forman parte del camino, pero no garantizan impacto”.
La clave, explicó, está en la adopción. Una solución solo se convierte en innovación cuando existe un tercero -una empresa, una institución o la sociedad- dispuesto a usarla, valorarla o pagar por ella. “Quien define que algo es innovador no es quien lo desarrolla, sino quien lo usa” y agregó que más del 90% de las patentes registradas en el mundo no generan royalties ni valor económico.
Un problema que se acentúa en países con una estructura productiva intensiva en recursos naturales, como Chile. Benavente comentó que en la minería o la energía la innovación no ocurre en las grandes empresas productoras, sino en sus proveedores tecnológicos. A diferencia de economías como Australia o Canadá, que lograron desarrollar ecosistemas locales de proveedores intensivos en conocimiento, Chile sigue dependiendo mayoritariamente de soluciones importadas.
Para el vicepresidente de Corfo, esa brecha no es solo tecnológica, sino también institucional y de capital humano. El país tiene una capacidad limitada para estructurar problemas y desafíos complejos que puedan ser abordados mediante innovación.
“Esto se refleja, por ejemplo, en la escasa presencia de doctores en ministerios sectoriales o en industrias estratégicas, una diferencia que termina condicionando dónde y cómo ocurre el cambio tecnológico”, dijo.
En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar hacia esquemas de innovación abierta, donde el sector público y el privado formulen desafíos claros y permitan que terceros -universidades, startups y centros tecnológicos- desarrollen soluciones pertinentes.
Señaló que para ello se requieren espacios de articulación efectivos, como hubs tecnológicos, que conecten necesidades reales con capacidades disponibles.
La política pública, reconoció, ha avanzado en fortalecer la oferta de capacidades científicas y tecnológicas, mediante formación de capital humano avanzado y financiamiento a la I+D. Sin embargo, para él persiste una debilidad estructural en el lado de la demanda por innovación. En ese sentido, destacó el potencial del Estado como demandante de soluciones, especialmente tras la reciente reforma a la Ley de Compras Públicas, que permite licitar problemas y no solo soluciones predefinidas.
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