El incidente ocurrió en la madrugada del 19 de diciembre durante tareas de mantenimiento de la red de ductos en la Planta Posesión, y derivó en una fuga de gas con inflamación. Un trabajador contratista resultó lesionado y debió ser trasladado a un centro asistencial, mientras la empresa, autoridades regionales y organismos sectoriales desplegaban medidas para evitar impactos mayores en el suministro domiciliario.
Las consecuencias fueron inmediatas: activación de los protocolos de emergencia, suspensión preventiva de clases en Punta Arenas y Puerto Natales, interrupción temporal del suministro a grandes consumidores industriales y una serie de llamados oficiales a la calma.
“Fue un accidente de alto potencial”, recuerda la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, Graciela Vásquez, describiendo un episodio capaz de “poner en tensión tanto la seguridad de los trabajadores como la continuidad del suministro de gas en la región”.
La dirigente reconoció que los protocolos se activaron oportunamente y que los equipos operativos y brigadistas respondieron de forma profesional, pero advirtió que las investigaciones deben abordar desde el diseño de la infraestructura y los procedimientos operativos hasta las decisiones de gestión que inciden directamente en la seguridad operacional. “Quienes autorizan, administran y planifican también deben responder con la misma severidad que los trabajadores”, sostuvo Vásquez. En esa línea, subrayó que la seguridad no puede descansar únicamente en la experiencia o el compromiso del personal en terreno. “Las y los trabajadores estuvieron a la altura de una situación compleja; ahora esperamos que la administración esté a la altura de las responsabilidades que implica gestionar una infraestructura crítica”.
Para Vásquez, el incidente trasciende la contingencia y pone en debate el enfoque con que la empresa toma decisiones estratégicas: si existe una planificación de largo plazo orientada a la prevención o si, por el contrario, la gestión se limita a responder de manera reactiva. “La prevención debe entenderse como una inversión y no como un gasto”, sostuvo, subrayando que episodios como este “debieran marcar un punto de inflexión” en planificación, inversión y estándares de seguridad.
Sindicato de Profesionales
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Profesionales Enap Magallanes tiene un enfoque más centrado en la gobernanza técnica del proceso. Su presidente, Guido Kusanovic, manifestó la preocupación del gremio por lo ocurrido y destacó el compromiso y la capacidad operativa bajo condiciones críticas demostrados por los trabajadores y la brigada de emergencia durante la contingencia. Sin embargo, remarcó que, una vez asegurada la instalación, el foco debe estar puesto ahora en completar el proceso de investigación.
“La prioridad actual es completar el proceso de investigación, en la cual estamos participando con uno de nuestros directores. Por respeto y consecuencia con ello, en estos momentos no podemos referirnos a posibles factores casuales y mucho menos adelantar conclusiones que no estén basadas en un análisis riguroso de los hechos e informes técnicos correspondientes", señaló Kusanovic.
La visión de la empresa
Desde la empresa, la alta dirección de Enap destacó que todos los protocolos de seguridad fueron activados de inmediato, junto con la brigada de respuesta ante emergencias, “lo que permitió un efectivo y rápido control de la situación”. Asimismo, indicaron que las acciones fueron coordinadas y comunicadas oportunamente a las autoridades locales, incluyendo a la Delegación Presidencial y a los organismos sectoriales, en particular la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La prioridad, sostuvo Enap, “estuvo en resguardar el consumo domiciliario de gas en la Región de Magallanes”.
En el plano institucional, el rol del regulador adquiere especial relevancia, puesto que el incidente coloca bajo examen la capacidad de la fiscalización para anticipar riesgos en sistemas complejos, especialmente en un contexto de infraestructura con cierta antigüedad y creciente externalización de servicios. El diseño de los ductos, condiciones de mantenimiento, protocolos de trabajo, supervisión de empresas contratistas y sistemas de control interno son elementos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles debe ahora examinar con detalle.
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