Hoy será un día clave en el llamado Caso Pollos. Agrosuper, Empresas Ariztía, Agrícola Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA) presentarán sus alegatos ante la Tercera Sala de la Corte Suprema.
En esta jornada las compañías y el ente gremial jugarán sus cartas defendiendo la ausencia de colusión que, según declaró el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, habrían perpetrado para fijar precios, proyectar la demanda futura y repartirse cuotas del mercado nacional de la carne de pollo por más de 15 años.
El TDLC en septiembre les acusó de colusión imponiéndoles una multa total de US$ 60 millones, la máxima establecida por ley y la más alta de la historia: US$ 25 millones para Ariztía y Agrosuper, respectivamente; y
US$ 10 millones para Don Pollo.
A ello se suma que el Tribunal ordenó la disolución de la APA, que habría actuado como coordinadora del cartel a través de Juan Miguel Ovalle, quien todavía preside el ente gremial.
Es más, la relevancia del caso quedó plasmada en el calificativo del fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal al tildarlo como "el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar".
La estrategia
Los alegatos se realizan justo dos días después que el ejecutivo presentara un proyecto de ley para reponer la pena de cárcel para delitos de colusión, además de proponer una serie de medidas para perfeccionar el ordenamiento de la libre competencia.
En este escenario se prestan a alegar los abogados de las compañías Luis Eduardo Toro por Agrosuper; Álvaro Ortúzar en representación de Ariztía; Andrés Rioseco, de Don Pollo; y Felipe Vial, de la APA.
Según han señalado los propios abogados y fuentes próximas al caso, la defensa mantendrá la misma estrategia argumentativa previa, aunque agregarán documentos de expertos económicos para defender que no existió colusión y que la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) carece de pruebas económicas y técnicas suficientes. Por ejemplo, Ariztía incorporará un nuevo estudio elaborado por el economista Daniel Rubinfeld en un alegato que se extenderá por 30 minutos.
El inicio del caso
De acuerdo a los antecedentes de la FNE, el denominado cartel comenzó a operar en 1994 después de que la Agrupación de Productores Avícolas, conformado por dichas empresas, empezaran a entregar información de su producción de kilos, nacimientos, ventas en unidades y valores, de manera periódica, compartiéndola con los asociados.
Las líneas de la fiscalía
Durante el caso que desembocó en el fallo del TDLC, la Fiscalía Nacional Económica presentó numerosos documentos probatorios para argumentar que el acuerdo entre los cuatro actores les confirió poder de mercado, afectando las condiciones de éste y generando alzas en los precios de la carne avícola. En total, el fiscal Irarrázabal estimó que el perjuicio para el mercado por sobreprecio provocado por la limitación de producción fue de US$ 1.500 millones. Esta será la línea que continuaría la Fiscalía, desde donde, además se solicitó anteriormente a la Suprema aplicar una multa máxima de 20 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a la APA -por considerar que el gremio fue clave por cuanto se posicionó como rol facilitador en la colusión- en un recurso en el que también demandó elevar la multa a Don Pollo hasta 30 mil UTA.
De todos los documentos aportados, uno de los más relevantes fue elaborado por Fernando Díaz, Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza en respuesta al informe de la APA y en el que se concluyó que el precio mayorista del pollo en Chile no pudo haber sido generado por empresas que compiten tomando decisiones independientes.
Ariztía: baja rentabilidad
El alegato de Ariztía, que estará a cargo del abogado Álvaro Ortúzar, se prolongará durante 30 minutos, considera una fórmula que estaría enfocada en varios documentos, entre ellos, un informe encargado al economista Daniel Rubinfeld, el cual tiene fecha de febrero recién pasado.
En éste, y siguiendo las líneas anteriores de la defensa, se argumenta que no existe evidencia económica de precios elevados, esperable en casos de carteles exitosos.
Rubinfeld sostiene que "el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia parece asignarle poco peso a la evidencia económica para sustentar sus conclusiones", que "Ariztía no fue más rentable durante el periodo en que habría existido el cartel", con rentabilidades del 1% entre 2000 a 2010, así como que "ni los márgenes ni los precios cayeron con posterioridad de la terminación del supuesto cartel, lo que sería esperable tras ello".
De igual modo, el profesional plantearía que la conclusión del TDLC sobre la colusión sería incierta tomando en cuenta la incertidumbre del ente sobre cómo este cartel habría afectado la producción nacional.
Agrosuper: alta rivalidad
Se esperaría que, al igual que el resto de actores, que mantendrán su eje argumental, Agrosuper base sus alegatos en puntos ya defendidos con anterioridad en detrimento de las tesis expuestas por la Fiscalía.
Esto es que, entre otras argumentaciones, Agrosuper aludiría a que el acuerdo por colusión no pudo existir ya que no se efectuó monitoreo de cuotas de producción y que en la relación de precios donde se mueven los precios colusivos competitivos o las elasticidades no varían significativamente como para validar los patrones de sustitución.
Asimismo, durante el proceso ante el TDLC, la firma sostuvo que la limitación de producción y distribución en cuotas entre las compañías "no era efectiva ni posible", porque todos los precios en Chile de los productos de los mercados de piezas y partes de carne de pollo están integrados al mercado externo.
A ello sumaron la existencia un alto nivel de rivalidad y competencia en este segmento de la industria y que la oferta en el mercado interno chileno es diversa, con alta diferenciación de productos y número de cada uno de ellos.
APA: "argumentos suficientemente fuertes"
"Hay que esperar a la audiencia, donde pondremos todos nuestros antecedentes. Normalmente no tomo causas si no estoy convencido de lo que estoy defendiendo y creemos que nuestros argumentos son lo suficientemente fuertes", dijo Felipe Vial, abogado de la APA sobre el ánimo con el que espera la sesión ante la Suprema.
Hasta el momento, en su defensa contra la acusación de la Fiscalía, que puso al gremio como factor clave en la coordinación de la colusión, la APA mantendrá ante el máximo tribunal que la sentencia del TDLC es gravísima e injusta.
Para defender esta afirmación, la entidad sostiene que el fallo no evalúa que el mercado chileno es uno de los más abiertos del mundo. Junto a ello, su defensa hace hincapié en que desde el año 2000 ha colaborado de forma reiterada no sólo en la negociación, sino también en la ejecución de los acuerdos de libre comercio que ha suscrito Chile, los cuales promueven la exportación y la importación de carne de pollo.
Por lo anterior, han enfatizado, creen "absurda e inverosímil" la teoría de que la APA haya colaborado en la coordinación de acuerdos colusivos entre actores de esta industria.
Don Pollo apelará a su menor tamaño
La firma avícola ligada a la familia Covarrubias, Don Pollo, centrará su argumentación en la Suprema indicando que con un 6% de participación de mercado, carecerían de poder de mercado, por lo que no tendría ninguna posibilidad de abusar ni afectar la estructura de la competencia.
Resorte de lo anterior, destacarán que las importaciones de pollo que hacen los supermercados más que duplican la producción de Don Pollo.
En el expediente de la causa, la firma de los Covarrubias argumentó que pueden ser fácilmente reemplazados tanto por proveedores nacionales como por importaciones.
Viabilidad de la firma
Con todo, desde Don Pollo reclamarán además que la multa que les impusieron es "excesiva y desproporcionada, y genera el absurdo de comprometer la viabilidad financiera y competitiva de la empresa más pequeña".
En la firma destacan que "la multa planteada resulta desigual en relación con Agrosuper y Ariztía, que reciben sanciones varias veces menores en proporción a sus ventas, que es el criterio seguido en la experiencia comparada más reciente".
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