La suerte de la reforma al Código de Aguas ya está echada en la Cámara de Diputados, cree el ex ministro y director de MAS Recursos Naturales, Luis Mayol, quien estima que el proyecto será pronto aprobado y pasará a ser analizado por el Senado, donde espera un debate menos “ideologizado”.
Mayol -quien fue parte del Seminario Hídrico 2016, donde se analizaron los efectos que traerá el cambio en la legislación- dice que esta ideología se ve en que varios de los puntos que establece la reforma ya están contemplados en la actual legislación.
Por ejemplo -dice- el que se busque declarar el agua como bien nacional de uso público ya está especificado en el Código Civil, o respecto de su prioridad para consumo humano, también existe un mecanismo -a través del propio Código de Agua-, y de hecho esta facultad se ha utilizado.
¿Cómo se ve la discusión en el Senado? “El Senado ha demostrado ser más profesional o consciente. No sé cómo se va a dar la discusión, pero esperamos que sea más profunda desde el punto de vista práctico, legal y constitucional”.
Respecto del gobierno, dice que ve poco espacio -en especial en un año electoral- para hacer ajustes a la normativa.
Más patentes
“A mi juicio, el proyecto tiene aspectos que presentan una inconstitucionalidad marcada, porque hay una expropiación encubierta”, dice.
El gobierno ha descartado esa posibilidad, pero Mayol estima que “está absolutamente equivocado, porque señalan que en los derechos que ya están inscritos no habría cambios, pero uno de los nuevos artículos establece que los derechos existentes se podrán usar según la ley, aludiendo a la nueva normativa, la que establece concesiones temporales y las limita en su ejercicio”, explica.
Además, dice que la reforma ha frenado inversiones. “Un proyecto a mediano plazo se hace con apoyo del sistema financiero, el cual se garantiza con los predios agrícolas en la medida que tengan derechos de agua. Todo eso está con un signo de interrogación”, dice.
Un aspecto sobre el cual se podrían construir acuerdos para evitar la especulación sobre los derechos, dice Mayol, es respecto de subir el pago por no uso y, eventualmente, introducir caducidad por no uso después de un plazo determinado, que podrían ser cinco o seis años.
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